LA HABANA, CUBA.- Un fiscal pidió sentencias de hasta 30 años para tres personas en Cuba por presuntamente lanzar cócteles molotov y difundir “propaganda enemiga”, delitos calificados como “acciones terroristas”, informaron el lunes medios estatales, en medio de denuncias sobre operativos represivos contra activistas y periodistas independientes.
De acuerdo con el noticiero estatal, dos mujeres y un hombre están acusados de lanzar el año pasado dos bombas caseras contra el archivo del tribunal municipal de Centro Habana y contra un local de un Comité de Defensa de la Revolución (cubana), donde una persona resultó lesionada.
Estos tres acusados habrían sido pagados con “recargas” telefónicas por personas radicadas en Estados Unidos e incluidas en una lista publicada el jueves en Cuba de individuos bajo investigación penal en la isla comunista. Las autoridades cubanas las relacionan con acciones “terroristas”, añadió el reporte.
Según la información estatal, los acusados en el proceso, dado a conocer la noche del domingo, cometieron delitos “con artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos”, además de difundir lo que se consideró “propaganda enemiga” del régimen comunista cubano.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Cuba fue más directo en su cuenta de la red X: “Un hombre y dos mujeres involucrados en acciones terroristas pagadas por mercenarios en EEUU cumplirán sanciones de 20 a 30 años de privación de libertad”, señaló la cartera sobre este proceso celebrado recientemente.
“Bajo vigilancia”
Por su parte Cubalex, una ONG de derechos humanos con sede en la ciudad estadounidense de Miami (Florida), señaló el domingo por la noche en su cuenta de X que unas 40 personas fueron objeto de “represión, amenazas, detenciones” y “vigilancia” en el Día Internacional de los derechos humanos.
La ONG precisó que, entre ellos, está Wilber Aguilar, padre de un preso por las manifestaciones históricas del 11 de julio de 2021 y “detenido al intentar salir de su vivienda” en un populoso municipio de La Habana. Cientos de cubanos participantes de esas protestas desatadas al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre” fueron condenados con penas de hasta 25 años por su participación.
Según Cubalex, igual suerte corrieron al menos siete integrantes del grupo opositor Damas de Blanco, que fueron también arrestadas cuando salían de sus hogares en la capital y en la aledaña provincia de Matanzas.
Informó además que la Seguridad del Estado citó a algunos activistas en estaciones policiales “para amenazarlos e impedirles salir a la calle” y que otros son vigilados en provincias como Pinar del Río (oeste) y Camagüey (centro-este).
Yoani Sánchez, periodista independiente y fundadora del sitio de noticias 14ymedio, escribió en la red X: “Día de los Derechos Humanos y amanecimos con la conexión a internet cortada y nuestra casa bajo vigilancia”. Lo mismo le sucedió a Camila Acosta, otra periodista independiente que también denunció esa situación desde el sábado.
Otros periodistas independientes también aseguraron que fueron privados de acceso a internet. En Cuba solo los medios estatales son considerados legales.
Estas acciones policiales, que suelen durar algunas horas, ocurren regularmente en anticipación a jornadas que pueden generar algún tipo de tensión social.
El sábado la televisión estatal también dio a conocer de la detención de un cubano radicado en Estados Unidos que desembarcó en una moto acuática en las costas de Matanzas, provincia aledaña a La Habana.
Este hombre, cuya identidad no fue revelada, está bajo proceso judicial, reportó la televisión local. “Venía pertrechado, entre otras cosas, con pistolas, cargadores y municiones”, y según el noticiero estatal, se dirigió después a Cienfuegos, provincia ubicada en la costa sur de la isla, para contactar a “varias personas, con el fin de reclutarlas” con fines desestabilizadores, agregó.
Los medios públicos han denunciado un supuesto plan orquestado desde Estados Unidos para generar inestabilidad en Cuba durante las fiestas de fin de año.
