El allanamiento lo dirigió la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios e incluyó a Movistar, la compañía filial Tejisa, la firma de abogados Zurchher Odio & Raven y la empresa de asesoría fiscal KPMG, reveló el Ministerio Público (fiscalía) en un comunicado.
De acuerdo con la denuncia de la fiscalía, una maniobra entre las empresas investigadas habría propiciado un fraude tributario por 1.250 millones de colones en 2017, equivalente a 2,1 millones de dólares con el cambio actual.
'Según la denuncia, al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial (Tejisa) para que, posteriormente, Telefónica vendiera a ésta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal', reveló la fiscalía.
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Agregó que Telefónica y Tejisa firmaron en diciembre de 2017 un contrato de compraventa de activos en el cual el consorcio español otorgaba un préstamo a la subsidiaria, que carecía de capacidad para la compra de los activos.
En la misma fecha, las dos empresas habrían firmado otro contrato de arrendamiento, 'lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense por bienes que nunca dejaron de pertenecerle'.
La denuncia por el caso fue presentada el 14 de diciembre por el Ministerio de Hacienda.
Telefónica, en un breve comunicado, señaló que 'estamos colaborando con las respectivas autoridades en lo relativo al tema a fin de esclarecer dicha situación'.
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