CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Un juez guatemalteco ordenó el lunes ligar a proceso -para que sean investigados- a tres exaltos mandos del ejército por delitos de genocidio, contra los deberes de humanidad y desaparición forzada que habrían sido cometidos contra
1,421 indígenas ixiles durante la guerra en el país centroamericano.
El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que Cesar Octavio Noguera Argueta, exjefe de operaciones de 77 años; Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia de 82 años, y Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de 87 años, sean investigados por el Ministerio Público por la acusación en su contra. Los delitos se habrían cometido cuando éstos ejercían altos mandos del ejército durante el gobierno del general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.
Según la acusación, los militares conocían las acciones que el ejército desempeñaba en la región ixil, integrada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, al norte de la capital guatemalteca. Las operaciones contrainsurgentes habrían incluido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de propiedad de comunitarios civiles.
Los tres militares han dicho ante juez que son inocentes de los cargos.
En su resolución el juez dijo que con los testimonios recolectados hasta ahora se puede determinar la comisión de delitos y que por ello se les liga al proceso, para que la fiscalía profundice y concluya su investigación.
“Se llega a establecer que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctrina militar que establecía que existía un enemigo interno constituido por integrantes del partido comunista, sus integrantes y sus simpatizantes.
“El ejército catalogó a los sacerdotes como comunistas”, agregó. De este modo, también se habría dado una persecución contra los católicos.
El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que Cesar Octavio Noguera Argueta, exjefe de operaciones de 77 años; Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia de 82 años, y Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de 87 años, sean investigados por el Ministerio Público por la acusación en su contra. Los delitos se habrían cometido cuando éstos ejercían altos mandos del ejército durante el gobierno del general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.
Según la acusación, los militares conocían las acciones que el ejército desempeñaba en la región ixil, integrada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, al norte de la capital guatemalteca. Las operaciones contrainsurgentes habrían incluido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de propiedad de comunitarios civiles.
Los tres militares han dicho ante juez que son inocentes de los cargos.
En su resolución el juez dijo que con los testimonios recolectados hasta ahora se puede determinar la comisión de delitos y que por ello se les liga al proceso, para que la fiscalía profundice y concluya su investigación.
“Se llega a establecer que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctrina militar que establecía que existía un enemigo interno constituido por integrantes del partido comunista, sus integrantes y sus simpatizantes.
“El ejército catalogó a los sacerdotes como comunistas”, agregó. De este modo, también se habría dado una persecución contra los católicos.
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El juez hizo resúmenes de varios testimonios presentados como anticipo de pruebas en los que destacó cómo el ejército bombardeaba comunidades acusadas de ser simpatizantes de la guerrilla y cómo destruía las cosechas con el fin de dejar sin comida a los habitantes que huían a la montaña para protegerse.
Guatemala vivió una guerra entre 1960 y 1996 que, según un informe sobre la verdad histórica elaborado por Naciones Unidas, dejó 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. El informe señala que ejército y paramilitares fueron responsables del 97% de los crímenes y la guerrilla del 3% restante.
