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Nicaragüenses acatan parcialmente paro convocado por la oposición

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condicionó la reanudación de las negociaciones con el gobierno a la liberación de todos los detenidos, a los que llama 'presos políticos'

23.05.2019

MANAGUA, NICARAGUA.- Un paro nacional de labores convocado por la oposición para presionar al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los detenidos en protestas antigubernamentales transcurría este jueves con adhesión parcial en la capital y otras ciudades de Nicaragua.

La medida de fuerza de 24 horas persigue la liberación de centenares de personas detenidas por participar en protestas contra Ortega durante el último año, en un momento particularmente tenso tras la muerte del opositor Eddy Montes en prisión la semana pasada.

En las principales calles de Managua y otras ciudades como León (oeste) había escaso movimiento de personas y de vehículos, en medio de patrullajes policiales.

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Algunos comercios y la mayoría de los supermercados, salvo las grandes cadenas, estaban cerrados en apoyo al paro, como también colegios y universidades privadas.

Otros, como los bancos, optaron por abrir, ante advertencias de sanciones por parte del gobierno.

Además, el Ministerio del Trabajo indicó que si una empresa decidía paralizar su actividad, debía mantener los derechos salariales y otros beneficios de los trabajadores.

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Sin éxito, el gobierno había tratado de frenar el paro el miércoles, al proponer un plan que prevé la liberación de todos los detenidos antes del 19 de junio, y la eliminación de sus procesos judiciales, incluyendo a los que están fuera del país y que tienen procesos judiciales pendientes.

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Pero, incrédulos, los opositores se mantuvieron firmes para llevar adelante el cuarto paro nacional de actividades en el país sumido en una crisis política.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condicionó la reanudación de las negociaciones con el gobierno a la liberación de todos los detenidos, a los que llama 'presos políticos'.

La crisis ha dejado 325 muertos, unos 800 detenidos y 62,000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

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