MANAGUA, NICARAGUA.-Los católicos de Nicaragua celebraron el viernes el Vía Crucis restringido a los alrededores de las iglesias, ante la prohibición gubernamental que rige desde hace dos años para las tradicionales procesiones en las calles.
Las celebraciones de Semana Santa se realizaron en medio de tensiones entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega, tras la detención de unos 20 clérigos en las festividades de Navidad y Año Nuevo, excarcelados el 14 de enero y enviados a Roma, tras un acuerdo con el Vaticano.
Las relaciones entre el gobierno y Iglesia se deterioraron en las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El presidente las consideró un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y apoyado por un sector del clero.
La policía debe autorizar toda actividad pública, incluidas las religiosas.
“Yo creo que lo importante no es tanto lo lejos que podamos caminar, sino cómo caminamos (...) Las cosas grandes a veces vienen en vasos pequeños”, afirmó a la AFP el cardenal Leopoldo Brenes, quien encabezó el Vía Crucis en la catedral de Managua.
Julián Pérez, un dentista de 65 años que durante la celebración ayuda a cargar la imagen de Jesús crucificado, dijo a la AFP que participa de esa forma en agradecimiento por milagros: “Estuve con el covid, estuve preso (por un accidente), estuve enfermo de gravedad”.
Pérez cuenta que hasta hace dos años la procesión se iniciaba cerca de un colegio católico y recorría varias calles de Managua. “Ahora todo es aquí adentro de la catedral”, señaló.
Fátima Leytón, una comerciante de 29 años, recorre de rodillas las 14 estaciones del Vía Crucis en pago a favores recibidos y para pedir por la mejoría de su esposo, que está “batallando con el cáncer”.
Entre los sacerdotes que el gobierno excarceló figuran dos obispos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez -fuerte crítico de Ortega que estaba detenido desde agosto de 2022-. En octubre pasado, otros 12 clérigos detenidos ya habían sido liberados y enviados también a Roma.
El 29 de febrero, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU dijo en Ginebra que la represión a toda oposición real o imaginaria en Nicaragua “se ha vuelto más sutil” y apunta “a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
Al rechazar el informe, el gobierno de Ortega afirmó que carece de credibilidad.
