LIMA, PERÚ.- El Congreso de Perú, declarado como derecha, anunció el miércoles que en dos semanas decidirán si abre un antejuicio al presidente Pedro Castillo, de izquierda, después que la fiscalía lo acusara por el supuesto delito de formar parte de una organización criminal.
“Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no”, dijo a la prensa Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión.
Esta subcomisión es la primera valla que debe superar en el Congreso la denuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo, una situación sin precedentes en Perú.
Tras avanzar en varias instancias, el proceso puede desembocar en su separación del cargo.
Camones anunció que el viernes empezarán a evaluar el pedido. Si es declarado procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses antes de que llegue al pleno del Congreso.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte de Castillo, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
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¿Denuncia improcedente?
El jefe de gabinete, Aníbal Torres, dijo que la denuncia que tramita el Congreso es “totalmente improcedente” porque no se ajusta a los términos del artículo 117 de la Constitución, que precisa los delitos por los cuales se puede acusar judicial y políticamente a un presidente en funciones.
“Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país, es contraria a la Constitución”, declaró Torres a la prensa luego de una reunión del Consejo de Ministros.
El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola declaró al diario La República que la denuncia “tiene elementos para que el Congreso califique la conducta del presidente como permanente incapacidad moral, que lo inhabilita para seguir en el cargo”.
La Fiscal de la Nación presentó el martes una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal, en un documento entregado al Congreso.
“Es un hecho histórico que pone en riesgo la democracia y la estabilidad política de nuestro país”, dijo Camones sobre la situación actual.
La denuncia fiscal incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto por supuestamente integrar dicha red.
La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país por tres años.
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e intentó ya en dos ocasiones destituirlo.
El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
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