La decisión del gobierno hondureño de construir una cárcel en Islas del Cisne, a pesar de la oposición y las dudas sobre costos y viabilidad, plantea cuestiones éticas significativas. Este proyecto desafía el equilibrio entre la seguridad pública y la preservación del medio ambiente, así como la necesidad de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. El dilema entre seguridad y medio ambiente se puede analizar a través de varias teorías filosóficas. En la ética utilitaria, defendida por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, las decisiones deben maximizar el bienestar general. En este caso, la construcción de la cárcel podría considerarse una medida para mejorar la seguridad pública, beneficiando a una gran parte de la población. Sin embargo, el utilitarismo también debe considerar el daño potencial al medio ambiente y las comunidades locales. Una perspectiva alternativa es la ética de la responsabilidad de Hans Jonas, quien en “El principio de responsabilidad” (1979) argumenta que la acción humana debe tener en cuenta no solo el bienestar presente sino también las consecuencias futuras y el impacto en el entorno. Desde esta óptica, la construcción de la cárcel en un área ecológicamente sensible podría ser problemática si sus consecuencias negativas para el medio ambiente y las generaciones futuras no se han considerado adecuadamente. La transparencia en la toma de decisiones gubernamentales es crucial para mantener la confianza pública y garantizar que todas las partes interesadas estén debidamente informadas. La teoría de la justicia procedimental, defendida por el filósofo Robert A. Dahl, sostiene que la justicia en la toma de decisiones no solo depende de los resultados, sino también del proceso por el cual se llegan a las decisiones. La falta de información clara sobre costos, financiación y viabilidad del proyecto afecta la capacidad de los ciudadanos para participar informadamente y para cuestionar la legitimidad de las decisiones gubernamentales, (continuará).
