El filósofo Karl Popper, en “La sociedad abierta y sus enemigos” (1945), argumenta que la transparencia y la crítica abierta son fundamentales para una sociedad democrática. La opacidad en la gestión pública y la falta de acceso a la información pueden llevar a la desconfianza y a la percepción de corrupción o arbitrariedad. La justicia ambiental se centra en la protección de los ecosistemas y la justicia distributiva en relación con los impactos ambientales. El filósofo ambiental Arne Naess, en su teoría del ecologismo profundo, argumenta que la naturaleza tiene un valor intrínseco y que las decisiones humanas deben respetar los límites ecológicos para garantizar la salud del planeta. Según Naess, las decisiones de desarrollo deben ser revisadas bajo el principio de que todas las formas de vida tienen un valor inherente que debe ser preservado. El filósofo y activista ambiental Aldo Leopold, en su A Sand County Almanac (1949), también enfatiza la importancia de una ética de la tierra, que promueve la conservación y el respeto por el medio ambiente como una responsabilidad moral. La posible construcción de la cárcel en un área protegida desafía estos principios, al poner en riesgo un ecosistema valioso en favor de objetivos de seguridad pública. El proyecto de construir una cárcel en Islas del Cisne plantea un complejo dilema ético y filosófico entre la seguridad pública y la preservación ambiental. La teoría utilitaria y el principio de responsabilidad de Hans Jonas sugieren que se debe equilibrar el bienestar presente con las consecuencias futuras. La justicia procedimental de Robert A. Dahl y la teoría crítica de Karl Popper destacan la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, la ética ambiental de Arne Naess y Aldo Leopold subraya la necesidad de proteger los ecosistemas y respetar los derechos ambientales. Un enfoque equilibrado que respete tanto los derechos humanos como la integridad ambiental es crucial para una toma de decisiones justa y sostenible.
