La ausencia de un sistema político electoral consolidado hace que cualquier conflicto entre los diferentes actores de la política vernácula se intente resolver con reformas electorales.
En un interesante trabajo elaborado por el extinto catedrático universitario Ernesto Paz Aguilar elaborado en el 2006, cuyo título “La reforma política electoral en Honduras”, alude a las reformas llevadas a cabo en la administración Azcona del Hoyo (1986-1990).
La primera reforma, según Paz Aguilar, fue en 1986 y constituye, para aquel tiempo, una salida a las constantes crisis políticas en el país.
Las propias cúpulas de los partidos llegaron al convencimiento de que la democracia interna, expresada en el sistema de elecciones primarias para elegir a sus autoridades y a los candidatos de elección popular, era el mecanismo más apropiado para hacer posible la gobernabilidad en los partidos.
La crisis política que vivía el país, aquellas reformas se presentaban como la solución, sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la crisis partidaria tenía causas más profundas, era la crisis de un sistema político que históricamente había surgido sin una propuesta de nación.
La política, que pudo funcionar en sus inicios, toda vez que la sociedad iba desarrollándose en interés de grupos privilegiados, con el tiempo resultó incapaz de dar respuesta a las necesidades del país y de la misma democracia que no alcanzar los estándares del progreso que otras naciones de América Latina y el mundo lograron.
No es extraño que muchos de los políticos de viejo cuño se ufanen porque en el caso de Honduras, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la región, las organizaciones políticas de más larga data hayan desaparecido y en cambio, en el caso de nuestro país se mantengan.
Claro, se mantienen como herederos de una tradición conservadora y de algunos vicios como la corrupción y el liderazgo caudillesco. De lo dicho anteriormente, se deduce que las respuestas a las necesidades de cambios en la estructura partidaria no fueron dándose en consonancia con la dinámica del desarrollo e intereses de la población, fueron más bien la respuesta de las necesidades de grupos oligárquicos y ahora, después de muchos años, a intereses de un sistema en descomposición.
Después de casi cuatro décadas de haberse efectuado aquellas reformas, sin haber implementado otros cambios en los procesos electorales y políticos; como la reglamentación a la no reelección en la dirección de los partidos políticos, la no reelección en cargos electivos de carácter popular, la segunda vuelta y la ciudadanización de las mesas electorales; las elecciones internas han comenzado a revelar profundas debilidades, mostrando con esto que ninguna reforma tendrá efectos positivos en el fortalecimiento de la democrática con políticos sin convicciones ni vocación ciudadana.
Con lo ocurrido en las recientes elecciones internas el 9 de marzo, se le da un golpe casi de muerte a toda la democracia electoral y, lo más grave de esto, es que quienes le propician la paliza son los que, por ley, están encargados de protegerla.
