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Además de los temas estrictamente fiscales, la actual administración está dejando comprometido al país con el FMI en aspectos cuasi fiscales o temas colaterales pero siempre cruciales como el sector energía, combate a la corrupción, cambio climático y otros.
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Por ejemplo, en lo energético, la meta de reducir las pérdidas técnicas en 15% y las no técnicas en 23%, ambas originadas en fallas en la transmisión, distribución, robo de energía en grandes y pequeños consumidores, deficiente facturación y, en general, débil gestión de la ENEE. El compromiso del actual gobierno es reducir las pérdidas totales (38%) a menos del 20%.
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Un compromiso puntual es reducir los atrasos en los pagos de la ENEE a los generadores privados sin importar las implicaciones de nuevos endeudamientos, especialmente mediante la emisión de bonos soberanos. Concluir las renegociaciones de contratos con los generadores privados que se retrasó en la ENEE y en el Congreso.
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Respecto al cambio climático, se requiere que el gobierno cumpla con las políticas y los planes vigentes como por ejemplo: el Plan de Nacional de Adaptación (NAP), vigente desde 2018; el plan de contribución determinada a nivel nacional (NDC) actualizado a 2021 y, sobre todo, cumplir con el plan de visión de país 2010-2038 vigente a partir de la propia constitución de la República. Un gobierno más sin planificación del desarrollo. En gobernanza y combate a la corrupción, se tiene compromisos más allá de lo que el propio gobierno ofreció con la instalación de la CICIH (que no ha sido instalada por incumplimientos gubernamentales, del Congreso y de una parte de la oposición política anteriormente gobernante).
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También está pendiente el compromiso de crear un registro de beneficiarios finales tributarios (meta que debió cumplirse desde diciembre de 2023). Además, se tuvo que haber cumplido a junio de 2024 con la aprobación de Ley para Simplificación Administrativa. En general, no debemos llamarnos al engaño. Los préstamos del FMI no son baratos ni menos “concesionarios” como han intentado presentarlos algunos de los actuales funcionarios gubernamentales. Nada que ver. Del total del financiamiento otorgado por el programa económico (DEG 624.5 millones, equivalentes inicialmente a US$830 millones) 2/3 están siendo otorgados por el EFF y el otro tercio, mediante el ECF.
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Son préstamos caros desde el punto de vista financiero y en cumplimiento de metas. Más deudas tramitándose. Habiendo pasado revista rápida a esos compromisos pendientes con el FMI, baste decir que, seguro no se cumplirán gran parte de ellos tomando en cuenta el comportamiento errático del actual gobierno. No se podrá alegar que el acuerdo económico estaba en letra pequeña, mucho menos que la narcodictadura impidió avanzar, tampoco se podrá alegar que no se cumplieron los compromisos porque se estaba “defendiendo la soberanía” habiendo escuchado tantas veces la gigantesca publicidad gubernamental plegada a las políticas del FMI reconociendo protocolariamente los “logros” .
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Lo más indicado en las relaciones de los gobiernos con los organismos financieros internacionales es lograr entendimiento, pero agendando con ellos objetivos, metas y proyectos productivos con base en un verdadero plan nacional de desarrollo (inexistente en la actualidad), para que se haga lo que los países realmente necesitan. Cuando un gobierno llega a negociar con el personal técnico del FMI obligado por las circunstancias y urgido de conseguir recursos prestados y aval crediticio, los países subdesarrollados se ven sometidos a cumplir sin importar las consecuencias contrayendo préstamos para salir parcialmente de apuros presupuestarios. Seguro, vendrán futuras deudas.
