Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela marcaron serios cuestionamientos sobre su legitimidad, en una tendencia dictatorial que amenaza a Centroamérica.
Pese a los resultados preliminares que indicaban una victoria de Edmundo González, quien obtuvo una ventaja de más de 30 puntos porcentuales en cada acta, la Comisión Nacional Electoral anunció oficialmente la reelección de Nicolás Maduro.
En verdad, el fraude se gestó desde antes de los comicios, cuando el agrio régimen chavista manipuló todas las instituciones electorales y políticas para mantener fuera de la contienda a María Corina Machado, una de las principales opositoras de Maduro. La exclusión de la lideresa opositora evidenció con alevosía y ventaja una manipulación sistemática del proceso electoral.
Honduras acaba de salir de una dictadura que corrompió todas las estructuras del Estado y asumió otra: licuada en tres familias que amenazan las elecciones con la fórmula venezolana, bajo el fantasma del fraude.
Ya se perciben diversas formas, desde la manipulación de votos y la compra de sufragios hasta la intimidación de votantes y la desinformación masiva, prácticas socialistas que representan un desafío para el sistema electoral y -nuevamente- una inestabilidad política y social en nuestro país.
El uso y abuso de recursos públicos, como fondos de infraestructura, para beneficiar a un candidato y partido político en particular, constituye ya un fraude en las urnas. Por ello se ha colocado cada pieza con exactitud en el engranaje de la corrupción política para mantenerse en el poder. Así es como han debilitado el tribunal electoral: falta de auditorías independientes y controles inadecuados para crear oportunidades que habiliten la estafa al pueblo.
Desde ya se están creando entornos altamente polarizados, donde los partidos políticos están profundamente divididos, allanando el camino con esas tácticas desleales para ganar una ventaja electoral.
Al atentar contra la rendición de cuentas, con la ausencia de mecanismos sólidos que permitan transparentar los procesos y ante la incapacidad de establecer sanciones efectivas para los infractores, se perpetúa el ciclo de fraude electoral.
Este cataclismo político que se nos viene requiere un enfoque interdisciplinario que involucre a múltiples actores, desde la empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos mismos.
La oposición en el Congreso debe dejar de lado las banderas de mendicidad de votos y martirio político y exigir reformas electorales para fortalecer los procesos, mejorar la transparencia y establecer controles más estrictos. Demandar auditorías imparciales y exhaustivas por parte de observadores nacionales e internacionales para detectar y disuadir el fraude. Promover programas de educación cívica para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de elecciones soberanas y justas, y capacitarlos para identificar y denunciar prácticas fraudulentas.
Se debe involucrar a organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y observadores independientes en el monitoreo y la supervisión de los procesos electorales; establecer sanciones legales severas y mecanismos de aplicación sólidos para disuadir y castigar el fraude electoral.
Los diputados que levantan la mano para pedir bonos, deben exigir más métodos para explorar e implementar tecnologías de votación seguras y verificables, como el voto electrónico, para reducir el riesgo de manipulación.
La lucha contra el fraude es fundamental para preservar la voluntad del pueblo y que este se refleje fielmente en los resultados de los comicios, pero se requiere de un compromiso firme para construir sistemas electorales transparentes, justos y confiables.
Actuemos pronto, o veremos arder este país en los infiernos del poder absoluto, con políticos como Maduro, que amenazaba con un baño de sangre, o seguiremos padeciendo ante estos que han empezado con un baño de corrupción.
