Las alarmas saltaron tras conocerse las disposiciones que en relación a la libertad de expresión y prensa están contenidas en el nuevo Código Penal, publicado el martes anterior en el diario oficial La Gaceta, y que entrará en vigor el 10 de noviembre de este mismo año.
El Código penaliza con cárcel los delitos contra el honor de injuria y calumnia a las personas e incluso si estas recayeran contra una institución sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o sus funcionarios...
A estas penas se someterán, dice la nueva ley, quien publica, reproduce, repite injuria o calumnia imputada por otro, quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante.
La ley manda que las penas se incrementen cuando los delitos se cometieren utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales a través de internet.
Otra de las “novedades” de la ley está contenido en el artículo 233 que establece que es responsable civil de manera subsidiaria la persona natural o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la injuria o calumnia.
Todas son disposiciones atentatorias contra la libertad de expresión y de prensa, que limitarán el libre ejercicio del periodismo, principalmente del investigativo en una sociedad marcada por altos índices de corrupción e impunidad. Este “es un zarpazo grave al periodismo de investigación y de denuncia al criminalizar la fuente anónima y reservada, que es una garantía de protección a los informantes de los medios”, señaló el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez.
Es un mal mensaje de la clase política y del poder que, en un buen número, se enfrentan actualmente a graves cuestionamientos por el mal ejercicio en el manejo de fondos públicos. Un mensaje que debilita la débil y cuestionada democracia.
