Tegucigalpa, Honduras
Como parte de las investigación que se le siguen a políticos mencionados en las cortes de Estados Unidos de estar vinculados al narcotráfico, un equipo de fiscales ya se reunió con autoridades del Departamento de Justicia, reveló Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
En una entrevista concedida a EL HERALDO, el 18 de enero reciente, Jiménez se refirió a los logros de la Misión, a los obstáculos encontrados, a las huellas dejadas por los corruptos, a la importancia de tener un Ministerio Público fuerte e independiente, a la indiferencia del Legislativo para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz y derogar la ley de secretos, así como a la reducción de penas a los delitos de corrupción.
Igualmente habló de las interpretaciones erróneas del Código Penal. Sobre la tasa de seguridad planteó que los fideicomisos en general no tienen supervisión ni transparencia, también aseguró que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es como una aduana que impide impulsar los casos de enriquecimiento ilícito.
¿Qué impresión tiene de las estructuras de corrupción existentes en este país?
Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. El fenómeno que hemos encontrado es de alta impunidad, de falta de respuesta del sistema de justicia a la comisión de delitos. Falta de independencia judicial. Hay una serie de elementos que forman parte de este problema de impunidad. Tipos penales no precisos, leyes que no se aplican de manera adecuada.
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¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el delito de asociación ilícita para delinquir en el Código Penal tiene una altísima pena, pero no se aplica por desconocimiento de los operadores; nosotros estamos preocupados para que estos nuevos tipos penales se apliquen en su extensión. Es súper importante el delito de asociación ilícita; para un tema de red de corrupción es tremendo. Las estructuras criminales en materia de corrupción están vivas en la medida que no habido una respuesta del sistema de justicia para procesarlas y sancionarlas.
¿Y qué tan fuertes son esas estructuras?
Cuando no las ha tocado un sistema, cuando están operando, probable sean muy fuertes; más si existen vínculos entre políticos y estructuras criminales comunes como las maras y el narcotráfico, o por ejemplo policías involucrados en actividades con grupos criminales. La idea es que el Estado actúe como un sistema que busca dar paz para que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos. Cuando no se puede responder a esa necesidad, entonces hay un grave problema.
¿Qué se debe hacer?
Lo que pasa en el caso del Seguro es que nadie quiere hablar |
Creemos que se están dando pasos importantes. La forma de combatir el delito es con ciencias forenses, con investigación, atacando esas estructuras con inteligencia, no atraparlas para después soltarlas, lo que se llama la puerta giratoria que ocurre en muchos países; y de esto la importancia de tener un Ministerio Público fuerte e independiente, enfocado en perseguir el delito.
Es importante que tanto a nivel de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción y de otros delitos lesivos a la sociedad se tenga una respuesta efectiva del Estado. La corrupción en ninguna sociedad es tolerable y en Honduras tampoco y ojalá que los políticos entiendan eso. En la medida que la gente no la tolere y si los políticos siguen en lo mismo, habrá un enorme divorcio entre Estado y sociedad para poder tener una gobernabilidad más o menos madura.
¿La Maccih ya tiene una estrategia contra la corrupción o qué falta hacer?
Lo primero era crear un sistema anticorrupción que Honduras no tenía. Su sistema judicial como en otros países tiene muchas deficiencias y requiere de una gran reforma de su justicia, pero esta va a tomar tiempo, necesitar recursos y seguramente muchos años. Como Misión necesitamos de un camino más corto para poder hacer que esa reforma esté alineada en la lucha contra la corrupción.
La idea inicial fue crear un sistema anticorrupción, una unidad de fiscales especiales, la Ufecic, una jurisdicción anticorrupción que son estos jueces y tribunales nacionales en materia de corrupción. Este sistema consideramos va a dar una respuesta distinta de cómo se ha venido manejando el tema de corrupción.
Con esta modalidad de equipos integrados ya presentamos el caso de la red de diputados y vienen muchos más. También necesitamos leyes con las cuales podamos enfrentar el problema y ahí tenemos todavía una agenda pendiente.
La Ley de Colaboración Eficaz ya cumplió un año desde que fue entrega por la Maccih al gobierno y todavía no hay una respuesta del Congreso Nacional. Igual la ley de secretos, que ya tiene algunos meses de haberse presentado la iniciativa nuestra para derogarla y crear un nuevo esquema para la clasificación de documentos públicos y de acceso a la información y, por supuesto, penetrar a las organizaciones criminales que están operando en el país.
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¿Qué obstáculos ha tenido la Maccih en Honduras?
Algunos elementos han sido positivos en la apertura para la creación del sistema, creemos que las circunstancias que nos generan puntos en contra están vinculados a la falta de respuesta del Congreso Nacional a la iniciativa referente al tema del Código Penal que ha sido aprobado desafortunadamente con disminución de penas en cuanto a delitos de corrupción, motivo por el cual varias veces hemos alertado sobre la importancia de darle contenido a una política anticorrupción en el país; sin embargo, se aprobó el Código, aún quedan algunos artículos pendientes.
Le hemos planteado al Congreso que reconsidere lo del capítulo de delitos de corrupción. Ellos tienen la posibilidad de reconsiderar. ¿Cuál es el apuro para cambiar un código con las connotaciones y la gravedad que esto significaría para Honduras.
¿Las acciones de la Maccih son independientes, sin lugar a llamadas de algún funcionario del gobierno?
La prueba más importante de independencia de la Misión se ha dado en una serie de eventos que hemos tenido, cuando se planteó el desacuerdo con la elección de los magistrados del TSC, inclusive ahora mismo con la presentación del caso de la red de diputados en medio de una coyuntura difícil en el país con el tema electoral. Hemos considerado que los temas políticos tienen que transitar por su línea política y los de justicia y de combate a la corrupción por el conducto judicial.
¿Tuvo presiones para no presentar esos cargos?
Ustedes entenderán que siempre hay presiones, somos una Misión que de manera permanente está tratando de hacer su trabajo y hay gente que no le gusta lo que hacemos y seguramente siempre se pueden dar este tipo de actos a nivel explícito o implícito, lo que sí le puedo asegurar es que estamos haciendo un trabajo técnico que no ve colores políticos, buscamos darle una velocidad distinta a un modelo de combate a la corrupción.
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¿Qué tanto es el trabajo conjunto con el CNA?
Estamos trabajando con ellos, creo que podemos trabajar mejor, es un elemento que vamos a ir perfilando más en función de que tengamos más personal. Hay dos proyectos importantes que vienen, este año vamos a duplicar nuestra fuerza de tarea en materia de investigación, de hecho ya se publicó la convocatoria para dos fiscales internacionales más.
Todo esto va a servir para que podamos trabajar no solo con el CNA sino también con otras instancias del sistema de justicia que nos permitan tener mejores resultados. Otra noticia importante es que ya vamos a abrir una oficina en San Pedro Sula en el segundo semestre del año.
La investigación del caso del expresidente Porfirio Lobo y sus presuntos vínculos con Los Cachiros, ¿qué tanto ha avanzado?
Desafortunadamente son casos complejos, pero tenemos una planificación que vamos siguiendo. Nosotros no dejamos esto al libre albedrío, sino con los colegas del Ministerio Público trabajamos y seguimos una planificación y eso es importante, porque para los próximos seis meses la Misión ya tiene claro qué es lo que va hacer y cuándo van a salir los casos.
¿La Ufecic envió fiscales a Estados Unidos para conocer la versión del señor Leonel Rivera Maradiaga?
El año pasado fue una misión de la Fiscalía al Departamento de Justicia y a partir de eso se inició un proceso de cooperación judicial internacional, más que eso no puedo adelantar, pero sí estamos trabajando muy fuerte en ello.
¿Y los otros casos cómo avanzan?
| Perfil de Juan Jiménez Mayor
En su país desempeñó cargos como ministro de Justicia y Derechos Humanos, también fue presidente del Consejo de Ministros. Antes de venir a Honduras fue embajador de Perú ante la OEA. Su trayectoria como abogado y notario es impresionante.
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Cada caso tiene su particularidad, lo primer que se hace es instalar un equipo integrado de fiscales, investigadores, analistas financieros de la Fiscalía, un fiscal internacional de la Misión y analistas, investigadores y analistas financieros nuestros.
Actualmente, tenemos nueve equipos integrados trabajando. No olvide que los delitos de corrupción se hacen en escenarios cerrados, es decir no sabemos cómo se pagó el soborno, salvo que tengamos un rastro financiero.
Desafortunadamente, los corruptos en Honduras han dejado muchos rastros, por ejemplo, la red de diputados estos señores ni siquiera tuvieron el cuidado de la trazabilidad del dinero, recibieron cheques y los cobraron y luego se compraron zapatos, o pagaron sus cuentas, o pagaron tarjetas de Internet.
Es tanta la impunidad que los corruptos no han tenido el cuidado ni la inteligencia de hacer las cosas, como las hicieron otros corruptos en otros países. Los corruptos de acá han recibido sobornos con cheques, un fenómeno criminal especial en Honduras.
En el caso del Seguro Social, ¿en algún momento se alcanzará a los diputados que aprobaron los lesivos contratos?
Lo que pasa en el caso del Seguro es que nadie quiere hablar, y esta es la primera vez que lo voy a decir. Las herramientas que nosotros necesitamos para poder incriminar a otras personas están vinculadas a la posibilidad de que la gente hable y aporte pruebas. Que haya otras personas más allá de Mario Zelaya, más arriba del Consejo Directivo seguramente... los ministros Montes y Pastor ya han sido condenados, recibieron sobornos para poder pagar acreedores del Seguro; pero la estructura criminal seguramente llega a otros ámbitos, necesitamos prueba de eso porque en materia de corrupción desafortunadamente en Honduras el estándar probatorio que exige la judicatura es bastante alto y además hay ciertos niveles de interpretación del Código Penal que desde nuestro punto de vista son absolutamente erróneos.
¿O sea que luchar contra el enriquecimiento ilícito es complicado?
Mire, en muchos casos podríamos emplazar a funcionarios públicos para que acrediten de dónde han sacado su dinero, pero desafortunadamente mientras tengamos la aduana del Tribunal Superior de Cuentas, que impide que el Ministerio Público pueda procesar un caso de enriquecimiento ilícito, hasta que ellos den el dictamen administrativo correspondiente, estamos atados de manos.
Hace falta un debate para impulsar una gran reforma. En este momento es complicado y regresamos a su primera pregunta: un modelo de impunidad que impide llevar casos al Poder Judicial, que impide que se puedan investigar, que impide acceder a información, que se rebajan penas, este escenario se requiere cambiar.
¿En algún momento la Maccih podría investigar el manejo de los recursos de la tasa de seguridad?
El problema que tenemos con los fideicomisos en general es que estamos hablando de fondos públicos que no tienen supervisión o que no tienen transparencia en como se utilizan. Tiene que haber un mecanismo de control, sea del Tribunal de Cuentas o del Congreso, pero este es un tema de diseño legislativo y sí estamos preocupados porque los fideicomisos al usar fondos públicos tienen que ser más transparentes, tienen que rendir cuentas.
Si nosotros tuviéramos información, cosa que no ha ocurrido, de un mal uso de la tasa de seguridad, tenemos todo el mandato para poder establecer las investigaciones y llevar a los tribunales de justicia a las personas que estén involucradas.
¿La ley de secretos qué tanto obstaculiza el trabajo de la Maccih?
Afecta en general a todos, a la prensa, a la sociedad civil, afecta a la Misión porque no tenemos posibilidades de acceder a cierta información, es un elemento muy negativo. Espero que en estos diálogos que se están planteando vayan estos temas, reformas que el país necesita para ubicarse en el estándar internacional, tanto democrático como de acceso a la información pública.
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