TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Condenadas a perder una fuente de ingresos están 2,000 familias de siete comunidades en Tocoa, Colón.
La empresa minera Inversiones Pinares comenzó diligencias para irse de Honduras este próximo viernes debido a presiones de grupos que se oponen a su funcionamiento.
Con la salida, el país pierde una inversión directa de 300 millones de dólares (7,200 millones de lempiras) y el Estado podría ser demandado.
Ya son 42 días de tomas por parte de grupos encapuchados que se oponen al desarrollo y la autoridad no ha podido tomar el control.
Desesperados
Atrapados por encapuchados están los pobladores de las comunidades de Ceibita, La Laguna, La Coroza, Santa Rosita, San José de García, Rosales de Piedra y Brisas del Portal.
Un grupo de hombres se ubicó en la única entrada a la zona con la excusa de que no va permitir que la empresa minera Los Pinares continúe trabajando.
En la zona ya se reportaron saqueos, carros quemados, personas lesionadas y ante la hostilidad la empresa decidió despedir a 400 empleados que habían sido contratados para la construcción de una carretera como primera parte del proyecto.
“Es lamentable porque la gente de mi comunidad estaba laborando ahí, no sé qué rumbo va a tomar”, explicó Julio César Hernández, presidente de la Federación de Patronatos. Aseguró que están en una situación en la que no les permiten ni el paso de comida para sus casas, como medida de presión para que no apoyen a la empresa.
Gerson Leiva, presidente del Comité de Defensa de las Comunidades, también alzó la voz ante estas injusticias.
“Ya nos dijeron que todo el personal va ser despedido, son 400 empleos, la empresa es de capital mixto, hay dinero de hondureños ahí y nosotros pedimos al Ministerio Público que emita la orden de desalojo, porque necesitamos el desarrollo”, señaló.
Aseguró que los que se oponen al proyecto minero no son de la zona y “traen gente de otros lados a que amenacen y realicen vandalismo”.
Empresa certificada
Erika Molina, directora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), comentó que el objetivo de la empresa minera es instalar una fundidora de acero.
Reconoció que la minera cuenta con todos los permisos “correspondientes a la Ley de Minería y es una concesión minera desde el 2014 y cuenta con licencia ambiental”. Argumentó que en realidad las actividades mineras aún no han comenzado, pues es necesaria la ampliación de una carretera, que es donde había sido contratado el personal que ya fue despedido esta semana.
“Hay un grupo de personas que han estado en una franca oposición a la construcción del proyecto, incluso este grupo invadió una propiedad privada y procedió a destruir un vehículo de la empresa”, comentó Molina. En el afán de retomar el orden indicó que Inhgeomin y MiAmbiente “hemos integrado una mesa de diálogo, a fin de propiciar puntos de encuentro entre los que se oponen a la obra y los que apoyan”.
Reiteró que se encuentra en peligro 300 millones de dólares (7,200 millones de lempiras), y unos “2,000 empleos estarían a punto de perderse”. Identificó, además, que en el occidente del país se han presentado problemas similares en la comunidad de La Unión, Copán. Mientra esto pasa en Tocoa ya comenzaron a entregar los sobres blancos a los aldeanos.
