TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque los homicidios han bajado en más de 46.5 puntos en los últimos siete años, todavía hace falta mucho por hacer. Sobre todo atraer inversión para la creación y mantenimiento de los empleos.
Así lo manifestó el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy. Aquí sus declaraciones.
¿Cómo valora el sector empresarial la baja en la tasa de homicidios a 40 por cada cien mil habitantes?
Toda iniciativa que esté destinada a reducir la violencia e incrementar los niveles de seguridad es sumamente importante, sobre todo para fomentar la inversión nacional y extranjera, pero se debe continuar con los esfuerzos para combatir extorsiones, robos y asaltos, con miras a mejorar siempre los índices de seguridad.
Con los alcances de 2018 se retrocede a la tasa que dejó Ricardo Maduro. ¿Es un buen avance?
El lograr reducir los homicidios y otros actos de violencia es siempre positivo y debe continuarse. Consideramos que para lograr reducir la extraordinaria inversión en seguridad que actualmente hacen las empresas se requiere más trabajo, ya que el monto entre seguridad y extorsiones asciende a más o menos 7,500 millones de lempiras al año.
¿Sienten que ha valido la pena la inversión en la Tasa de Seguridad?
Consideramos que los recursos de la Tasa de Seguridad han tenido inversiones positivas que apoyan la lucha contra la violencia e inseguridad, pero debe fortalecerse la inversión en temas de prevención, educación y salud.
¿Qué le permite la baja de violencia al país?
El invertir en seguridad, prevención, salud y educación permite que las condiciones del país mejoren para todos; para los ciudadanos, para los empresarios, para los operadores de justicia, es decir, para la sociedad en su conjunto.
¿Qué hace falta para tener más tranquilidad?
La población hondureña requiere estabilidad, empleo digno, seguridad y desarrollo socioeconómico para tener paz social.
¿Qué recomiendan los empresarios para seguir bajando la tendencia?
Se debe seguir invirtiendo en la prevención, la educación, la salud, la seguridad jurídica, la generación y mantenimiento de empleos, eficientar la inversión pública, la institucionalidad y el trabajo conjunto y eficiente de los operadores de justicia y de seguridad.
