TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el Congreso Nacional suspendió el debate de una polémica reforma, sectores sociales cuestionaron ayer la pretensión de limitar las competencias y facultades del Ministerio Público (MP).
La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) emitió un pronunciamiento en el que instaron a los diputados a no legislar en contra de los intereses de la sociedad, subrayando que esta enmienda al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública “podría constituirse en una maniobra para garantizar la impunidad de quienes han cometido delitos en el país”.
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Reforma
“Este intento de reforma implicaría que todos los servidores públicos, empresarios, obreros entre otros que tienen procesos penales abiertos producto de las decisiones que adoptaron como miembros de un órgano colegiado podrían ser suspendidas, en virtud de la retroactividad de la ley en materia penal”, plantea.
La organización de la sociedad civil argumenta que esta situación facilitaría la impunidad en la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos y privados responsables de la comisión de delitos, obstaculizando la labor del MP.
Antes de finalizar la sesión legislativa del martes anterior, pasó en primer debate un proyecto de decreto contentivo de una reforma por adición a esta disposición al instrumento jurídico vigente hace 33 años.
La enmienda le confiere al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la potestad de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa por las acciones y omisiones cometidas por miembros de los órganos colegiados (incluyendo juntas directivas, comisiones, directorios, tribunales administrativos).
Ante el revuelo que provocó esta propuesta, el legislador proyectista, Marcos Paz, pidió el miércoles al pleno de diputados dejar en suspenso su iniciativa y que la comisión especial de dictamen que fue nombrada inicie un proceso de consultas con distintos sectores sociales antes de continuar con su discusión en la Cámara Legislativa.
Pacto
Entretanto, los congresistas de las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) al igual que del Partido Innovación y Unidad (Pinu) catalogaron este intento impulsado por el Partido Nacional como un nuevo pacto de impunidad que no están dispuestos a respaldar. Si bien la bancada del Partido Liberal aún no ha definido una postura, lo más probable es que tampoco acompañen esta controversial reforma en el CN. En caso de que se vuelva a retomar el debate de esta iniciativa, únicamente requiere de 65 votos favorables para que sea admitida al tratarse de un cambio a una ley secundaria.
