El documento en el que se evalúa a todos los países detalló que las autoridades nacionales identificaron significativamente menos víctimas, procesaron menos casos, incluidos aquellos que involucran trabajo forzado, y no obtuvieron condenas de funcionarios cómplices o turistas sexuales con niños.
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En total se investigó 145 casos de presuntos traficantes, en comparación con 121 del informe anterior. Se criticó que las autoridades iniciaron el enjuiciamiento de apenas 35 sospechosos, en comparación con 84 sospechosos. Apenas se condenó a 16 traficantes.
Se informó además que el Gobierno pese a aumentar a 7.9 millones el presupuesto contra la eliminación de la trata no pudo usar todos los fondos pues lo tuvieron congelado cinco meses y recalcó que solo mantiene contratado a ocho fiscales en todo el país, limitando la efectividad.
“El gobierno proporcionó servicios a un número desproporcionadamente bajo de víctimas de tráfico laboral en comparación con la escala conocida del problema”.
En descargo a favor del Gobierno, el informe citó que “demostró esfuerzos crecientes en general al investigar y condenando a más traficantes de sexo; proporcionando más fondos para servicios para víctimas, aprobando un aumento del presupuesto para la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (CICESCT)”.
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