Fue el pasado 11 de marzo cuando se confirmó que el virus había llegado a suelo hondureño. La noticia produjo preocupación y provocó que las autoridades aceleraran la aprobación de millones de lempiras que servirían para afrontar la catástrofe que se avecinaba. Era una realidad visible, ya que se tenía el ejemplo del desbordamiento sanitario en otros países a los que la pandemia visitó primero.
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De esa forma, 643 millones de lempiras fueron aprobados por el Congreso Nacional el mismo 11 de marzo, en el marco de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus.
Dichos fondos servirían para la compra de insumos médicos y la adquisición de siete hospitales móviles para atender a los pacientes infectados y que formarían parte de la red hospitalaria de 95 centros médicos prometidos por el presidente Juan Orlando Hernández.
En aquel momento se conoció que los hospitales móviles estarían en el país a inicios de junio, las clínicas deberían estar listas en un lapso de tiempo de seis meses y los 11 hospitales deberían mostrar un avance de un 60% de su construcción en un periodo de 12 meses.
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Por otra parte, figura la llegada de 78 contenedores el pasado 10 de julio, con los dos primeros hospitales móviles, los cuales aún permanecen en Puerto Cortés y no han sido instalados por una serie de inconsistencias y sobrevaloraciones halladas en las órdenes de compra, las cuales según conoció la Unidad de Datos de EL HERALDO ascienden a 10,6 millones de dólares.
Tras las denuncias y los hallazgos, el Ministerio Público (MP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) desarrollan una investigación sobre Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) -la compañía a cargo de las compras- y sobre otras instituciones y funcionarios del Estado.
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Funcionarios interrogados e intervenciones en busca de documentos
La toma de declaraciones para intentar desenredar el polémico caso comenzó el pasado 7 de julio, -tres días antes de la llegada de los contenedores al país- cuando el exdirector de Invest-H, Marco Bográn se presentó ante las autoridades de la Atic, donde tras cinco horas de interrogatorio, se limitó a decir frente a los medios de comunicación 'Soy inocente'.Bográn es investigado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, sin embargo, las autoridades a cargo de las pesquisas no han dado detalles de los avances en el proceso que se sigue en su contra.
El siguiente día, otros dos funcionarios de esa institución se presentaron a declarar, se trató de Alex Alberto Morales y Carlos Enrique Vallejo Mejía, administrador e ingeniero en sistemas, respectivamente.
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La mañana del domingo 12 de julio, la madre de Marco Bográn fue sorprendida cuando miembros de la Atic y del MP visitaron su propiedad y sustrajeron cajas con presunta documentación relevante en su interior.
El martes 14 de julio, las autoridades se presentaron a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) en busca de documentación útil en el proceso de investigación en la compra de los hospitales.
El pasado jueves 16 de julio, fue el turno de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien recibió a los agentes en su oficina de la Secretaría, donde la interrogaron para conocer su participación en la adquisición.
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Este mismo día, el mandatario Juan Orlando Hernández solicitaba a través de su cuenta de Twitter que los hospitales móviles que se encuentran en poder de la Administración Aduanera de Honduras sean puestos en funcionamiento lo antes posible, sin embargo, se ha dicho que mientras existan más dudas que respuestas en torno a la transparencia en las compras,esa no es una posibilidad.
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De esa forma, Honduras parece alejarse cada vez de las promesas recibidas a inicios del año, cuando el 16 de marzo de 2020, el mandatario hondureño prometía que 'tras esta crisis vamos a salir con un sistema de salud universal. Va a ser un antes y un después el sistema de salud del país'.
Sin embargo, a la fecha, el país ya ha gastado alrededor de 4,589 millones de lempiras para contrarrestar la enfermedad, según el informe de la Secretaría de Finanzas hasta el 29 de junio, mientras que, 835 hondureños han muerto por al enfermedad, 30, 867 han sido contagiados y 1,344 se encuentran luchando por su vida en los colapsados hospitales del país, donde cada día es crítico para afrontar la pandemia.
