A Honduras, le tocaba su tercera evaluación en la sesión de mayo de 2020, no obstante, por razones de la pandemia el examen se pospuso para este cinco de noviembre y se ejecutó de manera virtual.
En la evaluación del ocho de mayo del 2015, la delegación hondureña que viajo a Ginebra, Suiza a defender al Estado, se comprometió a cumplir y aplicar las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que tienen una participación muy activa- en calidad de actor e interlocutor- en esta tercera evaluación, dieron al país una calificación de “aplazado” debido a que- según ellas- se ha mostrado muy poca voluntad para cumplir con los compromisos y en vez de avanzar, Honduras más bien experimenta un retroceso en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Los registros muestran que en los último cinco años, el gobierno no ha podido frenar la espiral de asesinatos y persecución de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, periodistas, comunicadores sociales, abogados, miembros de la comunidad LGTB, líderes indígenas y privados de libertad.
El último ambientalista en ser asesinado el 27 de septiembre de este año, en Patuca, Olancho fue Antonio Teruel, ese mismo día fue abatido el periodista Luis Almendarez cuando realizaba un video en la comunidad de la Libertad, Comayagua.
El 18 de julio de este año, cuatro líderes de la comunidad garífuna, que luchaban en la defensa de su tierra ancestral, fueron secuestrados y desaparecidos por hombres vestidos de policías, y a la fecha las autoridades encargadas de investigar el caso no dan ninguna respuesta.
El 26 de octubre de 2019, dentro de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara- con la aparente complicidad militar y de las autoridades del penal- fue acribillado el privado de libertad Nery Orlando López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza, pieza clave para que las autoridades estadounidenses pudieran llevar ante su justicia a gente del gobierno hondureño vinculada al narcotráfico.
La militarización de las cárceles es otro asunto que el Estado tuvo que justificar, ya que en el área penitenciaria Honduras también ha retrocedido; si bien creo el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no escogió las personas idóneas y éticas para dirigirlo, al final terminó colocando a militares de alto rango al frente de esta entidad y al frente de los presidios, donde los oficiales han terminado corrompiéndose y vinculándose al crimen.
¿Cree qué Honduras ha cumplido con las recomendaciones que se le plantearon en el EPU del 2015? se le consultó vía telefónica a Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), una carcajada se escuchó al otro lado de la línea. Los hechos que suceden frecuentemente pueden dar una idea del cumplimiento, sostuvo el defensor.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) publicado el 2019 establece que entre el 2014 y 2017 “un total de 141 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, contándose además 13 tentativas de asesinatos en el mismo periodo. Diez de los defensores y las defensoras asesinadas contaban con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Igualmente plantea que en Honduras “las cifras de impunidad son sumamente altas. Se estima que entre el 95 y 98% de los crímenes contra personas defensoras permanecen en la impunidad”.
A pesar, que constantemente, este país resulta muy mal evaluado en materia de protección de derechos humanos, este año el gobierno, ignorando la voz de la ciudadanía, puso en vigencia un nuevo Código Penal que no solo vino a incrementar las amenazas contra la libertad de expresión al criminalizar las manifestaciones, sino que además expuso claramente que el fin de esa legislación es proteger a los gobernantes corruptos, fomentando así la impunidad.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones que se le hizo a Honduras en el EPU del 2015 estaba la ratificación de una serie de tratados y protocolos internacionales para proteger a la mujer y a los niños, así como la asignación de mayores presupuestos a las entidades estatales que velan por la defensa de los derechos humano y la revisión e implementación de legislaciones para proteger a los grupos vulnerables y para evitar la discriminación.Lea además: ¿Por qué debemos defender a los defensores?
También se le pidió desarrollar un Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, capacitar en esta área a operadores de justicia, policías, jueces y fiscales, extender una invitación específica para el Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, agregar a la invitación el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos particularmente respecto al derecho a la vida, incrementando esfuerzos para asegurar la seguridad alimentaria y mejorar la seguridad en general de las personas.
Adoptar medidas con carácter de urgencia para poner fin a las detenciones arbitrarias, tortura, centros ilegales de detención, asegurar la debida supervisión de las detenciones legales y asegurar la efectividad de remedios judiciales contra tales prácticas.
Implementar políticas públicas sostenibles para prevenir la tortura, enjuiciar y castigar a los perpetradores; capacitar y sensibilizar las fuerzas del orden y la policía, tipificar el delito de tortura en la legislación interna.
Implementar acciones encaminadas a mejorar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos para protegerlos de ataques violentos y llevar a cabo investigaciones independientes, transparentes, creíbles y enjuiciar a los responsables de estos actos violentos y crímenes.
Acelerar los esfuerzos para erradicar el abuso infantil y violencia doméstica a través de la implementación efectiva de estrategias nacionales. Establecer medidas de protección para prevenir, combatir y castigar a los perpetradores de violencia contra mujeres y niños y llevar a cabo campañas de concientización para incrementar la consciencia de la violencia contra la mujer.
Impulsar medidas efectivas para mejorar las condiciones de detención, en particular para reducir el hacinamiento y delitos violentos en las prisiones, así como mejorar el acceso de los privados de libertad a los servicios de educación y salud.
Emprender todas las medidas necesarias para asegurar la independencia judicial, incluyendo el poner fin a cualquier intimidación o procedimientos disciplinarios infundados contra los jueces se consideran críticos. Fortalecer la administración de justiciade acuerdo a los estándares internacionales que puedan contribuir a reducir el aumento de casos de impunidad.
Empoderar la Oficina del Fiscal General con su propia capacidad de investigación que haga posible la realización de investigaciones independientes. Fortalecer la Oficina de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y asegurar que la Fiscal Especial reciba protección adecuada contra la violencia y las amenazas.
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Tomar acciones concretas para consolidar la democracia, continuar sus reformas institucionales y constitucionales para realzar la administración de justicia y el estado de derecho.
Cumplimiento
“La agenda de derechos humanos es amplia, hay temas estructurales que impactan. Falta mucho por hacer, hay que reconocerlo, seguimos teniendo problemas”, pero el “89 por ciento” de las 152 recomendaciones recibidas en el EPU del 2015 “tienen alguna acción de cumplimiento”, explico Karla Cueva, titular de la Secretaría de Derechos Humanos.Para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, la Secretaria de Derechos Humanos creo el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH), “que nos ha permitido conocer que se ha avanzado en un 89 por ciento de las 152 recomendaciones, no están todas cumplidas, pero hemos impulsado acciones para cumplirlas”.
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Honduras tomó muy en serio las recomendaciones que se nos hicieron en el 2015 y hemos creado los mecanismos para poder cumplir, creo que llegaremos a mostrar avances concretos, vamos a mostrar resultados, creo que esta fue una de las características del tercer EPU, sostuvo la ministra.
Detalló, que en cumplimiento de las sugerencias, en el 2015 se creó el mecanismo para la p rotección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia mediante el cual se ha podido salvar a la fecha unas mil vidas y actualmente se tienen 197 medidas activas, financiadas con recursos del país.
Además, se instaló la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2018 se creó la Secretaria de Derechos humanos y la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y operadores de justicia.
Sobre la investigación de los asesinatos de defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y comunicadores sociales, Cueva manifestó que se han creado áreas especiales de investigación con equipos integrados por diferentes fiscalías e investigadores y en estos casos es el Ministerio Público quien debe dar respuesta para evitar que estos casos continúen en la impunidad.
Sobre por qué no hay resultados sobre la investigación del desaparecimiento de los cuatro líderes garífunas, la ministra afirmó que la Secretaria de Derechos Humanos no tiene el mandato de investigar violaciones a derechos humanos eso le corresponde al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Ministerio Público, pero lo que le puedo decir es que “la investigación está muy avanzada”.
En cuanto a los asesinatos selectivos en las cárceles, actualmente en manos de los militares, preciso que en este aspecto Honduras el año pasado suscribió un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para avanzar en la profesionalización del sistema penitenciario, impulsando la rehabilitación y la reinserción social.
En los últimos años se hizo todo un proceso, se creó la Academia Penitenciaria, se especializaron agentes penitenciarios, pero tuvo que hacerse un alto en el camino para poder determinar la idoneidad de quienes hacen esa labor. La militarización es una situación temporal, no puede ser permanente.
Otra de las recomendaciones sobre las cuales hay acción es en la ratificación de todos los tratados en materia de derechos humanos, lo que ha permitido en los últimos años es la creación de una institucionalidad que nace del cumplimiento de las convenciones para proteger a la mujer, a los niños y a los grupos vulnerables.
“Para nosotros el EPU no es un examen, no es una evaluación, es una oportunidad para vernos como estamos, vernos desde la mira externa, hacer autocrítica donde no hemos podido avanzar, por qué no hemos podido avanzar, y tener que priorizar donde todavía hay brechas”.
Esta vez el Estado se preparó porque “creemos que en cinco años hemos trabajado herramientas nacionales para poder medir el cumplimiento de las 152 recomendaciones y las que quedaron rezagadas del primero”, afirmó la ministra de Derechos Humanos.
Luego de su exposición en el tercer EPU, la delegación hondureña recibió varias recomendaciones de otros países, que insistieron en la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, igualmente sobre la obligación que tiene el Estado hondureño de encontrar a los responsables de los asesinatos de estas personas.
El próximo lunes la delegación nuevamente tendrá una nueva reunión con los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde se conocerán las nuevas recomendaciones que le harán al Estado hondureño.
