El funcionario edilicio es acusado por el delito de abuso de autoridad por la presunta compra irregular de un terreno.
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De acuerdo a la teoría del Ministerio Público, Solórzano compró el terreno a su propia esposa violentando la Ley de Municipalidades y los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción presentó diez medios de prueba documentales y periciales.
Uno de los principales elementos de pruebas en esta causa es un informe con indicios de responsabilidad penal realizado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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La auditoría concluyó que al evaluar el rubro de propiedad, planta y equipo, se constató que la municipalidad adquirió un terreno ubicado en el barrio Abajo, el cual tiene una extensión de 2,543.91 metros cuadrados, por la cantidad de L 500,000.00 a la señora Enilda Avilez Lara, esposa del alcalde municipal de Humuya, donde se construirá la posta de Policía.
Asimismo, indica que la municipalidad no solicitó a la Dirección General de Bienes Nacionales que nombrara una comisión evaluadora del terreno, tal como lo exige la ley.
El alcalde de Humuya se defiende en libertad de las acusaciones y el debate se extenderá hasta el 30 de junio, informó el Poder Judicial.
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