TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de policías de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) llegó al sector de Lomas del Diamante, al sur de la capital, quitó los rótulos de propiedad privada y se instalaron.
Después de pleitos entre invasores y supuestos dueños, una maquinaria pesada empezó a realizar accesos, con órdenes desde la Secretaría de la Presidencia.
De la noche a la mañana llegó un cargamento de contenedores con el fin de hacer soluciones habitacionales de emergencia para los afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota.
Este proyecto —hecho bajo los argumentos de emergencia y liderado por el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz— debió estar listo desde febrero pasado, pero aún sigue en construcción.
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La Unidad Investigativa de EL HERALDO, después de un extenso proceso de indagaciones, ha puesto en evidencia la falta de transparencia, la negligencia de las autoridades y el mal proceso de construcción.
Además de esto se han generado trágicos enfrentamientos porque todavía no está bien definido quiénes son los dueños legítimos de los predios y desde el mismo Estado avanzan con la obra sin aclarar las demandas de ciudadanos que sostienen que por años han tenido posesión de esa tierra.
En los portales de transparencia de la Secretaría de la Presidencia no se encuentra información sobre la inversión que se ha hecho en la zona.
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Irrespeto
Tal y como lo evidenció EL HERALDO, no hay información de este proyecto en los portales, manifestó Julio Vladimir Mendoza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Explicó que al ver la publicación de EL HERALDO, mediante la Gerencia de Verificación del IAIP comenzaron a investigar el caso y encontraron que la Secretaría de Finanzas (Sefin) transfirió alrededor de 1,200 millones de lempiras a la Secretaría de la Presidencia.
El problema es que no hay información al respecto, solo que el dinero es para la atención de la emergencia por Eta y Iota y para un programa de vivienda.
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Supuestamente de esa partida se ha sacado la plata para ejecutar ese tipo de proyectos, dijo Mendoza.
Sentenció que “como lo hemos dicho mil veces, la Secretaría de la Presidencia no cumple con la Ley de Transparencia, ya los hemos mandado a llamar a audiencias de descargo, se les ha impuesto multas y ellos prefieren pagar las multas en vez de publicar la información”.
El funcionario consideró que al no haber nada de información de estos proyectos, ellos enviarán el informe al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que indaguen cómo se han manejado estos recursos.
Mendoza insistió en que las instituciones están obligadas a publicar esta información, porque son recursos públicos y la ciudadanía necesita saber en qué se están utilizando.
Expuso que solo hay que pensar en qué fue lo que pasó con los hospitales móviles y ahora con estos contenedores sucede lo mismo.
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EL HERALDO evidenció que la empresa que está ejecutando este proyecto es Ecomac S.A de C.V. a un precio inicial de 16.3 millones de lempiras, pero debido a los atrasos y las modificaciones se ha incrementado el monto.
Esta misma empresa es la encargada de la instalación de los hospitales móviles, los que hasta la fecha no están funcionando en su totalidad.
Aparte de esto, se han debido realizar contrataciones adicionales porque no acataron desde un principio las recomendaciones de cimentación que soportaran el peso de las soluciones habitaciones ejecutadas.
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Conflicto por tierras
Para desarrollar este y otros proyectos la Secretaría de la Presidencia creó la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que maneja bajo las sombras todos los recursos asignados.
A esto se suma un grave conflicto de tierras en el que están involucrados unos supuestos dueños de la zona, un grupo de personas invasoras que han formado su propio patronato y el gobierno.
El señor René Alberto Flores llegó a EL HERALDO con documentos que lo acreditan como dueño de más de 115 manzanas de tierra ubicadas donde se ejecuta supuestamente este proyecto.
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En estos mismos predios también se quiere construir el proyecto habitacional más complejo y grande, llamado residencial Morazán. A pesar de que el presidente, Juan Orlando Hernández ya puso la primera piedra, este no avanza por las demandas que hay contra el Estado por apropiarse del terreno, sin respetar el derecho ancestral ya legalizado.
Flores mostró que tiene dos registros de propiedad, uno con el número 67 tomo 5511 avalado por el Instituto de la Propiedad (IP) y la segunda con número 68 tomo 5513.
El supuesto propietario informó que él le compró a Ángel Josué Godoy, quien heredó esos terrenos de sus padres, y cuando los fue a reclamar casi lo matan los invasores.
Cuando todo inició, el mismo IP con el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi) les iba a hacer la ubicación de los predios que a ellos como propietarios les pertenecen. Sin embargo, según denunció Flores, en la zona no los dejaron pasar mediante acciones de intimidación.
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En el sector hay cuatro escrituras, pero en una mal intencionada acción del IP y Fosovi juntaron las escrituras en una misma área de terreno que es la parte plana, donde están interesados en construir la residencial Morazán, denunció Flores.
Indicó que los lotes del Estado están en un sector denominado Monte León, pero están en un cerro, que no lo quieren aceptar por las condiciones geográficas.
En un inicio el gobierno, por medio de las autoridades de la UCP, iba a revisar todos estos antecedentes y confirmar de quién es la tierra, pero de la noche a la mañana decidieron hacer todo de forma arbitraria, por lo cual han sido denunciados.
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