Honduras

Rotundo rechazo por beneficios que darían al proyecto Puente Alto Energy

Se aprobaron varios contratos para la ENP y uno para la compra de un millón de libretas para pasaportes
20.01.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un rotundo rechazo generó entre diversos sectores un decreto en la agenda legislativa con el que buscan autorizar al proyecto de generación de energía por carbón Puente Alto Energy, parte del Grupo Emco, para que opere sin requerimiento de permisos.

“El proyecto que pretende aprobar el Congreso Nacional no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial”, manifestó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) mediante un comunicado.

El sector privado afirmó que “este proyecto violenta lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, lo cual significa un daño a la seguridad jurídica y constituye un irrespeto a la institucionalidad de la CREE y de la Secretaría de Energía”.

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El Cohep explicó que el proyecto es catalogado de interés nacional, por lo que no es vía decreto legislativo que esto se concede o se autoriza sino en Consejo de Ministros y además que cualquier inversión debe de ser dentro del marco de la legalidad, seguridad jurídica y en cumplimiento con los principios de competencia leal y no ser lesiva a la moral.

Las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CREE) denunciaron que la autorización de este proyecto por 654,416,853 millones de dólares trae consecuencias graves para el ambiente y para la salud humana, ya que permitiría el uso de combustibles dañinos que contaminan.

El proyecto cuya discusión fue suspendida anoche tampoco cuenta con licencias ambientales y además constituye una competencia desleal al otorgársele beneficios particulares.

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La Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) también exigió se haga respetar la Ley General de la Industria Eléctrica e instó al Congreso Nacional a desistir de brindar beneficios particulares en el sector eléctrico porque uno de los principales cambios que ha introducido la ley es la competencia.

Esto es calificado por expertos como una abusiva concentración de poder económico que el Congreso Nacional y el gobierno actual le han concedido al Grupo Emco del empresario Lenir Pérez, al que hace 10 días se le otorgó, sin licitación pública, el contrato de servicios de rayos X de Puerto Cortés por 25.7 millones de dólares por 13 años. Así como se le concedió un contrato en la terminal de carga del Aeropuerto Ramón Villeda Morales y la concesión y administración del aeropuerto Toncontín, al igual que de un inmueble en el Puerto San Lorenzo.

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La Empresa Puente Alto Energy informó mediante un comunicado, que “es falso que a este proyecto se le haya aprobado o se le vaya a aprobar un contrato de generación de energía con el Estado. Como se indicó, este proyecto se realiza para generar energía para el sector privado”.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia, dijo a EL HERALDO que el proyecto “fue presentado a CNI para consideración. Se encuentra en análisis y no ha sido recomendado por CNI”.

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Decretos aprobados

En la penúltima sesión del Congreso Nacional se autorizó aprobar contrato de suministro de un millón de libretas para pasaportes electrónicos con la sociedad Representaciones e Importaciones de Honduras S. A. ( Reprimhsa). El decreto también incluye dos contratos de suministro de hardware, software e insumos para la implementación del Sistema Integral Migratorio ( SIM).

Asimismo se aprobaron cuatro contratos para la Empresa Nacional Portuaria para suministro de seguros para proteger al personal y los activos, la contratación de la firma Deloitte & Touche, R. L. de C. V. para la implementación de normas internacionales de información financiera, el servicio de remolcaje para la realización de maniobras de atraque y desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa y una donación de 2.8 millones de lempiras para nivelación de terreno en la entidad.

Además, el Congreso ratificó el PCM 111-2021 que contiene las fronteras insulares, marítimas y terrestres entre Honduras y El Salvador y un decreto que nombra como diputados vitalicios a los congresistas José Oswaldo Ramos Soto, Carlos Alfredo Lara Watson y Óscar Najera, ad honorem.

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