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Alzamientos indígenas en la Honduras del siglo XIX

Con la independencia se suprimió legalmente el sistema de castas, empero, subsistió la diferenciación basada en el acceso al poder y la riqueza

09.08.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los alzamientos indígenas no cesaron con el fin del siglo XIX. La segunda década del XX presenció la última masiva protesta armada aborigen, cuando otorgaron su apoyo activo al ladino Gregorio Ferrera en las guerras civiles de 1919 a 1931.

La política republicana indigenista ha oscilado entre el paternalismo y la represión con resultados mixtos.

Con la independencia se suprimió legalmente el sistema de castas, basado en aspectos raciales, dando paso a la igualdad ante la ley.

Empero, subsistió la diferenciación basada en el acceso al poder y la riqueza, a nivel nacional y local.

Los indígenas continuaron ubicados en posición subordinada y marginal, acumulando agravios que en ocasiones condujeron a enfrentamientos armados con las autoridades.

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En 1844 el conservador Francisco Ferrera y su lugarteniente José Santos Guardiola combatieron a los pobladores de Texíguat, bastión morazanista que apoyó el intento del exjefe de Estado, Joaquín Rivera, por restablecer el régimen liberal. Al ser capturado, fue fusilado en 1845.

“Texíguat dio pruebas muchas veces de no querer someterse al Gobierno Central y se negaba especialmente a pagar las contribuciones que se decretaban por la Asamblea Ordinaria para el sostenimiento de las rentas del Estado” (1. Guardiola Cubas, Esteban. Vida y hechos del General Santos Guardiola. Tegucigalpa, 1932, p. 32). La Municipalidad de Texíguat desconoció la administración de Ferrera “como violenta, tiránica, traidora e infractora de la Constitución y depresiva a los derechos de los hondureños y esencialmente a la prosperidad del Estado” (2. Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales, tomo XXV, nos. V-VI, noviembre-diciembre 1946, p. 211).

En próximo artículo detallaremos el prolongado conflicto entre varios pueblos del entonces departamento de Tegucigalpa: Curarén, Sabanagrande, y del de Choluteca, con implicaciones internacionales con el gobierno de José María Medina a lo largo de 1871.

El régimen de Marco Aurelio Soto enfrentó la rebelión encabezada por Calixto Vásquez en 1879. La versión oficial así lo calificaba: “forajido indígena (a) corta-cabezas, intentó con una cuadrilla de criminales sorprender la guarnición de la plaza, después de haber consumado algunos robos y asesinatos en varios caseríos indefensos. De un solo golpe la guarnición de La Paz hizo pedazos la cuadrilla de malhechores” (3. Gaceta de Honduras, Abril 22, 1879, p. 1.).

Se emitió acuerdo donando en propiedad al pueblo de Opatoro el terreno de Dolores, en recompensa por haber prestado en 1878, “importantes servicios... persiguiendo al rebelde indígena Calixto Vásquez y su cuadrilla de malhechores”; igualmente los pueblos de Santa María, Guajiquiro, Marcala y Chinacla ayudaron al Gobierno, no así Similaton, en donde “sus vecinos acompañaron al indígena Vásquez en la comisión de sus crímenes auxiliados por algunos vecinos del caserío de Santa Ana”.

En represalia, Similaton fue disuelto, “trasladando sus vecinos a otros puntos de la República y sus ejidos se vendieron en subasta pública”, en tanto Santa Ana se anexó a Opatoro “como pueblo auxiliar” (4. Gaceta de Honduras, Mayo 9, 1879, p. 3).

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Para José María Tojeira, “en las acciones de Vásquez se mezclaban desde razones de supervivencia y simple robo hasta aspectos de reivindicación indígena, clan familiar y probablemente cierto mesianismo como lo indica la costumbre de rezar de entrar en cualquier batalla” (5. Citado en Argueta, Mario R. Diccionario histórico-biográfico hondureño. 2a. ed. Tegucigalpa, 2.006, p. 208).

Los alzamientos indígenas no cesaron con el fin del siglo XIX. La segunda década del XX presenció la última masiva protesta armada aborigen, cuando otorgaron su apoyo activo al ladino Gregorio Ferrera en las guerras civiles de 1919 a 1931.

En represalia, el gobierno de Paz Barahona envió al general Vicente Tosta a “pacificar” los pueblos indígenas de Intibucá y La Paz, además de decretar un impuesto especial en los distritos ferreristas. Las tropas gubernamentales quemaron poblados y casas indígenas “y por eso los indios ahora luchaban con más determinación... los indios no luchaban por el dinero que se les paga; tienen varias causas por qué combatir. Primero haber incendiado sus casas, y el expulsarlos para las montañas como perros” (citado por Darío Euraque, ¿Fue el general Gregorio Ferrera un caudillo indígena?, en Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras: ensayos. Tegucigalpa, Subirana,
1996, p. 87).

Al general español Aultran, de alta en el ejército oficial, se le ordenó colaborar en neutralizar el respaldo aborigen a Ferrera, provocando una matanza de indígenas intibucanos. (Mario R. Argueta. Tres caudillos, tres destinos. 2a. ed. Tegucigalpa, Subirana, 2.012, p. 144, nota 151).

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