TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Medicina Forense confirmó este miércoles que recibieron 46 cadáveres de las víctimas de la matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Es decir que se sumaron cinco mujeres más a la lista fatal.
“46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense”, dijo el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó además que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todas las víctimas son presas.
La portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado, señaló por su parte que “hay 23 cuerpos identificados con nombre y apellidos y han sido entregados a los familiares”.
Hasta ahora el trabajo de identificación más complejo ha sido con las víctimas que murieron carbonizadas.
Hasta el momento se puede confirmar que todas han sido mujeres y todas mayores de edad.
Lista de víctimas identificadas por Medicina Forense
Jessica Ávila (Cuerpo entregado)
Lourdes Osorto (Cuerpo entregado)
Ana Aguirre (Cuerpo entregado)
Johanna Midence (Cuerpo entregado)
Irma Vásquez (Cuerpo entregado)
Vivian Juárez (Cuerpo entregado)
Xenia Ocampo (Cuerpo entregado)
Diagra Andrade (Cuerpo entregado)
Natalia Romero (Cuerpo entregado)
Rosa Nohemí Padilla (No ha sido reclamada)
Josselin Espinal (No ha sido reclamada)
María Josefa Rodríguez (Cuerpo entregado)
Nancy Saraí Flores (Cuerpo entregado)
Estefany Elizabeth Flores (No ha sido reclamada)
Estela Barahona (Cuerpo entregado)
Ilse Zambrano (Cuerpo entregado)
Nora Elizabeth Lazo (Cuerpo entregado)
Martha Marisela Contreras (No ha sido reclamada)
Xoami Marisela Rodríguez (No ha sido reclamada)
Reina Karina Flores (No ha sido reclamada)
Norma Estela Mejía (No ha sido reclamada)
Paola Yamileth Hernández (No ha sido reclamada)
Claudia Patricia Baquedano (No ha sido reclamada)
¿Cómo se perpetró la matanza en PNFAS?
La matanza habría iniciado, presuntamente, cuando las reclusas encerraron a varias mujeres rivales y prendieron fuego a los módulos donde estas se encontraban.
Desde alrededor de las 8:40 a.m. del pasado martes, habitantes de Támara habían reportado que escucharon gritos de desesperación y disparos en el recinto carcelario.
Incluso, vecinos del sector compartieron en redes sociales videos de las columnas de humo que salían del centro penal.
Otras de las versiones señalan que podría deberse a una reacción en contra de las medidas de intervención realizadas desde la Secretaría de Seguridad a los centros penales en relación Plan de Intervención de los Centros Penales.
Adentro de los módulos el escenario era dantesco y afuera era desgarrador, pues decenas de familiares comenzaron a llegar a inmediaciones del centro penal, de los hospitales y de la morgue, donde esperaban obtener información de sus seres queridos.
Madres, hermanas, hijas, lloraban descontroladas ante la incertidumbre, pues los nombres que comenzaban a trascender sobre las privadas heridas eran escasos y no se les permitía el ingreso a ninguno de estos centros.
Para horas de la mañana de este miércoles, los parientes se encuentran afuera de Medicina Forense esperando reclamar los cadáveres de las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los avances en las investigaciones en torno a la mortal reyerta que ya dejó -hasta el momento- 46 reclusas muertas.
Emergencia
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en Twitter que está “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres (...) planificado por maras a vista y paciencia de las autoridades de Seguridad”.
La mandataria anunció “medidas drásticas” tras el incidente y en horas de la noche destituyó al ministro de Seguridad.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, declaró una “emergencia” en la prisión y autorizó “la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares”, escribió en Twitter.
Villanueva fue nombrada en su puesto después de que varios enfrentamientos en cuatro cárceles registrados en abril dejaran un muerto y siete heridos.
La viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20,000 internos, que incluye un “desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes” y “el bloqueo total de la señal telefónica” para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.
