El hallazgo de los cadáveres de dos jóvenes universitarios hace un año en el sector de Los Hornos, en el kilómetro 8 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur de Honduras desencadenó una serie de hechos que revelaron la podredumbre al interior de la Policía Nacional.
Desde entonces, las madres de los muchachos asesinados emprendieron una lucha para dar con el paradero de los responsables de los crímenes, de los cuales seis guardan prisión y otros dos se encuentran prófugos de la justicia.
A continuación, un recuento de los hechos más relevantes sobre el asesinato de Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, crimen que destapó la corrupción dentro de la Policía de Honduras:
22 de octubre de 2011. Se reporta el hallazgo de dos cadáveres en el sector de Los Hornos,
al sur de Tegucigalpa. Policía confirma que los acribillados son el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Rafael Vargas y su amigo Carlos Pineda, ambos estudiantes universitarios.
26 de octubre de 2011.
Investigación apunta a policías como presuntos autores materiales
del hecho criminal. Inician diligencias en el Distrito Policial del barrio La Granja. Ocho patrullas fueron decomisadas
para la investigación.
27 de octubre de 2011.
Se revela existencia de un video tomado por cámaras ubicadas en la zona sur de la ciudad que muestra a una patrulla policial siguiendo al vehículo
en el que se conducían los universitarios.
27 de octubre de 2011.
Ponen en evidencia red criminal integrada por policías
que habrían cometido innumerables delitos en el sector sur de la capital de Honduras. Cárteles de La Granja y Belén vinculados con robo de vehículos, cobro de impuesto de guerra y otros ilícitos.
30 de octubre de 2011.
Jefes policiales reconocen que cuatro de los policías vinculados en el crimen desaparecieron
al aprovechar que la Jefatura Metropolitana, donde estaban bajo custodia, les permitió salir francos (día libre).
Ese mismo día, el gobierno de Honduras anuncia un primer remezón en la Secretaría de Seguridad
tras el escándalo suscitado por la liberación de los cuatro agentes sospechosos del crimen de los universitarios.
31 de octubre de 2011.
El Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra ocho policías
implicados en la muerte de Vargas y Pineda. Juzgado emite orden de captura en su contra y alerta migratoria en el caso de los prófugos.
2 de noviembre de 2011.
Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) toma el control del Distrito Policial 1-6 del barrio La Granja.
4 de noviembre de 2011.
Dictan auto de prisión contra los policías
de escala básica: Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández y Wilson Roberto Córdova, del distrito 1-6 del barrio La Granja, por el asesinato y abuso de autoridad en perjuicio de los universitarios.
7 de noviembre de 2011.
Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, afirma que cárteles de La Granja y Belén fueron desarticulados.
1 de diciembre de 2011. Gobierno designa a titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), órgano encargado de la depuración policial.
7 de diciembre de 2011. Se entrega voluntariamente José Ruben Pozo, uno de los policías prófugos.
Juzgado dicta detención en su contra y es remitido a la Fuerza Aérea de Honduras, donde guarda prisión desde entonces. Pozo relata ante juez y fiscales cómo se produjo el asesinato de los jóvenes.
+ Escalofriante relato del asesinato de universitarios y corrupción policial
20 de abril de 2012.
Fiscalía especial de Derechos Humanos amplió la acusación del caso en contra del extitular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), comisionado de Policía Marco Tulio Palma Rivera; y del exjefe de la Metropolitana I, subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández.
21 de mayo de 2012.
El presidente Porfirio Lobo Sosa destituye al entonces director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez, y en su lugar nombra al general Juan Carlos Bonilla.
22 de mayo de 2012. Gobierno de Honduras crea la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado brindará un informe periódico al Consejo de Defensa y Seguridad. Anuncian evaluaciones selectivas en la Policía y DNIC
24 de mayo de 2012. El Congreso Nacional declara estado de emergencia en el sistema de seguridad
por un período de 180 días para impulsar acciones concretas encaminadas a depurar a la Policía Nacional.
26 de octubre de 2012.
Con intermediación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), se entrega a las autoridades Santos Arnulfo Padilla Rodríguez,
supuesto asesino del hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
1 de noviembre de 2012.
Juez con jurisdicción nacional dicta auto de prisión con prisión preventiva contra Santos Padilla, quien guarda prisión en la FAH.
