La separación de agentes y oficiales de la
institución no es suficiente para reducir los
índices
delictivos al interior de la
Policía Nacional de Honduras, manifestó
hoy
Julieta
Castellanos.
La rectora de la Universidad Nacional
Autónoma
de Honduras (UNAH), aseguró que los
policías
son
los únicos
que tienen la
potestad
de brindar seguridad a
la población; sin embargo, al estar vinculados con el
delito, tienen
el privilegio de utilizar elementos y su cargo para violar la ley.
A criterio de la
socióloga, todo criminal deben ser alejado de la
sociedad porque
así
lo
establecen
las normas y las leyes.
'Cuando
una persona asesina, cuando una persona roba, cuando una persona
vende
droga, es
una
persona que es una amenaza social y por lo tanto las leyes le dicen que esta persona esté aislada
de otra del cual puede provocar daño. Por lo tanto, hay que investigarla y hay que aislarla para que se rehabilite y vuelva a la sociedad. Eso no pasa con la
Policía', manifestó Castellanos a la radio local HRN.
Asimismo, señaló que uno de los privilegios que
tendrían
los
policías
vinculados a la
criminalidad
es que
en Honduras
la investigación criminal
no funciona “porque ellos
mismos
son los que
delinquen, los que cometen asesinatos. Entonces, no los investigan sino mas bien los protegen”.
'Por eso es que el
país
está cometido a una
vorágine
delictiva y criminal, porque los cuerpos de
policía
no solo no investigan sino que algunos de ellos mismos
están comprometidos con el delito', añadió.
Para evitar que esto
continué, la máxima autoridad de la UNAH propuso una reforma a la Ley
Orgánica
de la Policía
Nacional, ya que todo se resume en lineamientos administrativos y no penales y eso hace “inviable” que la
policía
pueda acusar de forma penal a uno de sus miembros.
Además, aseguró que
es necesario crear una unidad contra
inteligencia
que investigue a la Policía, para que identifique a los elementos que
están coludidos
con la delincuencia
común
y organizada.
Castellanos
enfatizó que es urgente la reforma a la ley de la
Policia, en vista de que esta misma
institución
hizo varias reformas a la regulación,
haciéndola
“una ley
garantista
hecha a su medida, donde
prácticamente
ellos se estaban
autoprotegiendo
y la
policía
no sería depurada por ella misma. Por eso es que nosotros estamos
pidiendo
una depuración que se haga, que se haga una
comisión
integrada por la sociedad y no con ellos
mismos, porque
la depuración
va a ser casi imposible'.
En
los últimos
seis meses, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional ha separado y cancelado los acuerdos de contratación a unos cien elementos.
No obstante, estos 'remezones' han sido criticados por diversos sectores de la sociedad, debido a que no se ha explicado por qué faltas
o delitos fueron separados los uniformados. En el último 'remezón' tampoco se dieron a conocer los nombres de los 52 oficiales y miembros de la escala
básica.
Por su parte, Julieta
Castellanos ha librado una lucha por la depuración policial,
tras descubrir que su hijo fue asesinado por agentes de la institución.
