La Sala II del Tribunal de Sentencia declaró culpables a tres hondureños por el delito de secuestro en perjuicio de una joven y había dejado libres a otras siete personas de la cuales cuatro murieron en una masacre en Siguatepeque .
Los condenados responden a los nombres de Oscar Rodilito Gómez Flores, Gustavo Alfredo Gómez Flores y Danilo Enrique Meléndez Cribas.
Según el expediente, los ahora sentenciados interceptaron el vehículo en que se conducía la joven a quien bajo amenazas fue llevada hasta el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.
El hecho delictivo se registró en el año 2014, cuando la mujer permaneció secuestrada hasta que su familia pagó un rescate de 72 mil lempiras por su liberación.
Los tres encausados habían sido acusados por el Ministerio Público también por el delito de asociación ilícita, pero no se encontró pruebas que acreditaran este otro ilícito.
Víctimas de masacre eximidos del caso
Por el mismo caso fueron encausados -por secuestro y asociación ilícita- otras siete personas que en las últimas horas fueron absueltas por falta de pruebas.
Entre ellas: José Fernando Madrid Zelaya, Alberto Bernardino García Hernández, Brayan Eduardo Velásquez Zelaya.
Además Wilmer Antonio Garay Bautista, Francisco Edgardo Mejía García, Carlos Eduardo Rodríguez Cárcamo y Marco Antonio Mendoza Portillo.
Estos últimos cuatro hondureños -liberados tras ser eximidos del caso- son parte de las víctimas que murieron en la masacre ocurrida en la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque.
Los cuatro hombres se conducían en un vehículo junto a los padres de Rodríguez Cárcamo y la madre de Mejía García, cuando fueron acribillados mientras hacían el alto en un semáforo.
Junto a ellos viajaba Garay Bautista a quien presuntamente le habían dado un aventón a San Pedro Sula.
Las víctimas de la masacre había sido liberadas la tarde del sábado y pocas horas después fueron asesinadas cuando se trasladaban hacia el norte del país.
La publicación de su liberación tras no probárseles culpabilidad alguna fue realizada por el Poder Judicial dos días después de sus muertes.
En cuanto a los imputados, que si resultaron culpables, podrían enfrentar una pena de 20 años de cárcel o cadena perpetua según el artículo 192.
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