La eficacia del programa Barrios más Seguros de la Alcaldía mide a diario su fuerza con la inconformidad, el conflicto y gasto de tiempo y combustible que genera a miles de capitalinos.
La buena medida municipal se ha desnaturalizado, pues en los últimos dos meses se registra un descontrol que ya dejó la pérdida de una vida humana, tiroteos a las casetas de vigilancia y decenas de denuncias en el Juzgado de Policía.
Y es que la instalación de una enorme reja cerca de la residencia de Jorge Sierra ocasionó el cierre de su negocio y su oposición al programa le genera problemas para poder accesar a su vivienda.
“Esto no es solución para frenar la inseguridad, apenas paso unas horas a mi hogar y ahora me encuentro con guardias de seguridad armados y molestos porque uno no está de acuerdo con el programa”, denunció molesto.
Cabe señalar que las restricciones para ingresar a los complejos habitacionales, en su mayoría de clase media, han desembocado en severos conflictos entre vecinos.
El Juzgado de Policía Municipal registra un alarmante aumento de abusos de este tipo, al grado que en dos meses registra 80 denuncias.
Asimismo, la negativa de aprobación de muchas solicitudes de Barrios más Seguros por no cumplir con la normativa del programa ha desencadenado un efecto dominó de colocar portones en 16 vías de acceso de forma irregular.
Medidas arbitrarias
Ante las múltiples quejas del programa, los coordinadores de Barrios más Seguros dicen que los afectados pueden buscar amparo en la Ley de Convivencia Ciudadana.
El gerente de movilidad urbana de la Alcaldía, Aníbal Erlher, reconoció que hay decenas de conflictos internos.
“Hemos escuchado que hay bastantes quejas de que los vigilantes no abren los portones a los vecinos que no pagan vigilancia, porque no están de acuerdo con el programa”, indicó.
El funcionario recordó a los beneficiados del programa que los permisos aprobados están sujetos a revisión cada seis meses y en caso de haber conflicto, puede ser suspendido y retirado los portones.
“En el último párrafo del reglamento general ordena que se realice un reglamento interno y que está sujeto a revisión y en caso de violaciones o conflictos se puede proceder a retirar el permiso”, dijo.
Por su parte, Manuel Vega, coordinador del programa de seguridad en la residencial Tres Caminos, dijo que debe haber diferencias entre los vecinos que pagan la vigilancia y los que no lo hacen.
“A ningún vecino se le niega el acceso porque no paga. La diferencia es que los guardias no tienen ninguna responsabilidad con ellos. Alguna diferencia tiene que haber entre los vecinos que pagan y los que no pagan”, señaló.
Empero, la hostilidad con la que los centinelas reciben a estos ciudadanos hace pensar a los afectados que el programa se trata de un negocio que deja buenas utilidades.
A la fecha se han instalado en Tegucigalpa 465 portones, que dejan un pago mensual de 6.6 millones de lempiras a los agentes de seguridad.
El juez de Policía, Fredy Casasola, dijo que el hecho que los agentes de las empresas de seguridad no presten el servicio al 100 por ciento de los pobladores, es una medida arbitraria.
“El acuerdo municipal es claro. Todos los vecinos de un vecindario tienen los mismos derechos. No abrir una puerta en horas de la noche significa violentar el derecho de llegar seguro a su vivienda a un ciudadano”, declaró.
Añadió que las empresas de seguridad tienen la obligación de prestar el beneficio a todos los residentes en el perímetro amparado en Barrios más Seguros, porque así dice la ley.
Empresas fantasmas
Para algunos sectores el maltrato y las arbitrariedades que practican los agentes de seguridad rondan con la ilegalidad en que operan las compañías contratadas.
Camilo Salomón Sevilla, presidente de Asociación de Empresas de Seguridad e Investigación Privada de Honduras (Asemsiph), develó que esta organización apenas cuenta con 45 agremiados a nivel nacional.
Sin embargo, la comuna capitalina ha extendido a la fecha 255 permisos de Barrios más Seguros, lo que indica que hay un auge de nuevas empresas de seguridad.
A su juicio, esta es la causa por la que los agentes de seguridad “acatan las medidas absurdas”, de impedir la circulación de los vecinos que no están suscritos a la normativa de seguridad municipal.
“Hay muchos guardias en estos barrios que no pertenecen a ninguna empresa de seguridad. Estas son personas que los patronatos contratan y les compran un uniforme que dice guardia de seguridad, sin serlo”, manifestó.
“Puede haber una que otra compañía de las nuestras operando porque el mercado es abierto, lo lamentable es que los patronatos no definen estándares de protección, sino que lo que definen es el costo más bajo”, afirmó.
Muchas de las “agencias” no se encuentran en las categorías de asociadas y no asociadas, sino que caen en simples microempresas porque reportan menos de diez agentes.
Esta irregularidad devela que una gran parte de las empresas de seguridad contratadas en el programa no cumplen requisitos de ley.
