Pese a construcción del Centro Cívico, Estado sigue pagando millones de lempiras por alquiler

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Centro Cívico Gubernamental (CCG) se anunció como un proyecto que aliviaría los gastos por alquiler de locales y edificios de diversas instituciones públicas.

Esta construcción de más de 200 metros cuadrados comenzó a alojar de manera progresiva a distintas instituciones estatales en febrero de 2020. Empezó con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), siguió con el Instituto Nacional de Migración (INM), hasta albergar en la actualidad a más de 30 entidades.

Pese a que la operación representó una reducción de gasto para el Estado por alquiler de edificios, locales y viviendas en 2022 -cuando ya estaban establecidas gran parte de las oficinas gubernamentales-, la partida todavía representa millones para las arcas públicas.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó cuánto ha gastado el Estado por el pago de alquileres en los últimos diez años, reflejando que desde el año 2020 se pagan más de 350 millones de lempiras anualmente.

EL HERALDO Plus analizó los montos anuales por institución a través de los informes de ejecución presupuestaria de la secretaría de Finanzas (Sefin). Desde 2013 hasta julio de 2023, el Estado ha pagado más de 3,374 millones de lempiras,

Paradójicamente, 2021, cuando se completó el traslado al Centro Cívico de las oficinas públicas, fue el año con mayor gasto, con 433 millones de lempiras. No obstante, la cifra puede estar impactada por el gasto en alquiler del Registro Nacional de las Personas (RNP) para las elecciones generales.

Después de ese año, la cifra bajó en 52 millones, pues se pagaron 381 millones de lempiras por renta de inmuebles. Este año, con los registros hasta julio, se muestra una tendencia similar, pues el gasto ya alcanza los 248 millones de lempiras.

Por otra parte, el 69% de los gastos en alquiler en los años de análisis corresponden a instituciones de la administración centralizada, mientras que el 31% restante corrieron por parte de las las instituciones descentralizadas.

El CCG es un proyecto de infraestructura urbana desarrollado con el propósito de reducir los gastos por alquiler de locales y edificios para que las instituciones estatales puedan operar. Inicialmente, el monto estimado de inversión era de 176.1 millones de dólares (más de 4,000 millones de lempiras).

Para llevar a cabo su construcción, mantenimiento y operación, se estableció un modelo de alianza entre el sector público y el sector privado: la compañía desarrolladora levantó el complejo gubernamental con préstamos y, tras finalizar la obra, queda a cargo del proyecto y recibiendo durante 27 años (hasta 2044) un pago por concepto de alquiler de las entidades instaladas. Después, el edificio se entrega al Estado.

En 2016, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se adjudicó el proyecto a la compañía Desarrolladora y Operadora de Infraestructura (DOIH) como concesionaria, es decir, la encargada de invertir en la construcción, mantenimiento y operación del proyecto.

En 2018 empezó la construcción. Para este año, la obra ya está casi finalizada, con un 99.23% completada, y con una inversión de 176 millones de dólares hasta 2022.

La secretaría de Finanzas a través de un fideicomiso le paga a la concesionaria. El titular de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), César Cáceres, explicó que del presupuesto de cada institución que ahora se encuentra en el CCG se fijó un valor para pagar los gastos de alquiler y operatividad. “Del presupuesto de cada institución se deduce el valor”.

“Finanzas lo transfiere directamente al fideicomiso y este a su vez hace el pago en cascada de todo lo correspondiente, incluyendo el pago de lo que le corresponde a todas las instituciones”, detalló Cáceres a EL HERALDO Plus.

Esta operación seguirá hasta el 15 abril de 2044, fecha cuando termina la concesión y a partir de cuando el CCG pertenecerá completamente al Estado de Honduras.

En el informe técnico de junio elaborado por la SAPP, informó que se han pagado 11 millones de dólares (270 millones de lempiras) en lo que ha transcurrido de este año, de acuerdo a los pagos mensuales netos contractuales, según reportó el Supervisor de Operaciones Grupo promotor Aries.

En promedio, quiere decir que son 1.8 millones de dólares mensuales, lo cual en lempiras representa cerca de 45 millones de lempiras al mes.

En los últimos diez años, las instituciones que más pagaron por renta de edificios y locales han sido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).

La ENEE ha gastado 352.8 millones lempiras (de enero de 2013 a julio de 2023), mientras que el RNP 330.2 millones de lempiras.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -antiguamente Tribunal Supremo Electoral- es la tercera institución que más ha gastado en alquileres, pues su erogación aumenta en los años electorales, tal como en 2013 y 2021. El ente electoral ha gastado L 168.5 millones.

En términos promedio, la ENEE tiene el mayor desembolso anual por alquiler. Al año, paga 32 millones de lempiras, el RNP 30 millones y el CNE 15 millones.

Otras instituciones con alto gasto por renta figuran la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la sSecretaría de Finanzas, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Hondureño de Turismo.

A criterio del economista Alejandro Aronne, el CCG por el momento está cumpliendo su objetivo, pero por el modelo económico que impulsa el actual gobierno los gastos en alquileres aumentarán.

“Este modelo promueve la participación del Estado en la economía. Entonces se puede prever que el gasto en alquileres por la mayor presencia del Estado a nivel nacional, va a ejercer una presión mayor y el efecto financiero del CCG no se verá”.

Sumado al crecimiento de la burocracia, el economista apunta que por variables macroeconómicas, el aumento de los costos y precios de insumos, el proyecto irá perdiendo rentabilidad a mediano plazo.

“Los costos, la inflación y crecimiento del gobierno harán que en un par de años, sino es que ahorita, ya no sea rentable la operación (...)el retorno real no será tan alto como se esperaría”, indicó.

Pese al riesgo de perder la rentabilidad, reconoció que el proyecto ha traído beneficios como la simplificación de trámites burocráticos, así como una mejora en la atención a los ciudadanos.

Aronne manifestó que el gobierno debería apostarle a la digitalización y automatización de trámites burocráticos para poder ahorrar gastos. “Con un gobierno electrónico usted disminuye el número de contrataciones y la necesidad de locales para poder atender al ciudadano”, comentó.

Asimismo, consideró que debería elaborarse un decreto ejecutivo en Consejo de Ministros (conocido como decretos PCM) que racionalice el gasto público y que inste a buscar a las instituciones buscar espacios con precios más cómodos.