TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una comparecencia pública, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, afirmó que a su llegada en 2016 identificaron la existencia de unos 185 mil expedientes en mora judicial, pero que esa cantidad ha disminuido a 38,920 expedientes.
De acuerdo con Argueta desde que llegaron a la Corte Suprema de Justicia en 2016 los magistrados han dictado 68,371 resoluciones.
Un total de 6,176 resoluciones condenatorias fueron por narcotráfico, 106 por lavado de activos; 2,945 por delitos contra la vida y 336 condenatorias por corrupción.
No obstante, registros del Poder Judicial revelan que solo las salas de lo Constitucional, Penal, Civil y Laboral Contencioso Administrativo recibieron entre 2016 y 2021 un total de 20,033 ingresos de expedientes y emitieron 19,983 resoluciones.
La Sala de lo Constitucional es la que más ingresos recibió con un total de 8,683, asimismo emitió 8,697 resoluciones.
La Sala Penal fue la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que más expedientes nuevos recibió con un total de 4,983; mientras que la sala de lo Laboral recibió 4,204 ingresos.
Con 2,163 ingresos, la sala de lo Civil fue la que menos carga judicial recibió en los últimos seis años, pero en ese mismo período emitió 2,128 resoluciones judiciales.
Con un total de 6,809 ingresos, el 2016 fue el año que más expedientes recibieron estas cuatro salas, mientras que el 2020 fue el que menos casos recibieron con un total de 2,136 ingresos.
Para el abogado Oliver Erazo, la actual Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho muchas cosas positivas, pero su labor se verá empañada por “dos puntos fundamentales.
“Uno el tema de declarar constitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) y lo otro es la sentencia donde se permitió la reelección presidencial a Juan Orlando Hernández. Ahí hay dos violaciones a la Constitución de la República, directas y de frente, que el pueblo hondureño no se las perdona, ni lo hará la historia tampoco”, detalló.
Eso empaña cualquier esfuerzo de sana administración que pudo haber generado el pleno actual de la Corte Suprema de Justicia.
“Eso dejó el sabor de que era un poder sometido al Poder Ejecutivo, y dos, que únicamente representaba los intereses de la clase política del gobierno y no de las grandes mayorías, del interés general de la sociedad”, expuso Erazo.
A criterio del experto, por la ratificación de las Zede y de la reelección (quien dio luz verde fue la pasada CSJ, en el 2015, mientras que la actual ratificó el fallo), al dejar sus cargos los actuales magistrados podrían ser perseguidos por la justicia por el delito de traición a la patria.
Al hacer un análisis de la labor del actual poder judicial hay que valorar tres temas: corrupción, derechos humanos y constitución económica.
En cuanto a corrupción deja absolutamente un vacío, una deuda social en la lucha contra la impunidad.Sobre derechos humanos, los organismos internacionales en esta materia le han llamado la atención, muchas veces, al Estado hondureño.
Aquí entra lo de la mora judicial, ya que el ciudadano tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y aquí hay juicios que duran una eternidad.
El otro tema es la constitución económica, donde se contemplan las normas que rigen la libertad de empresa y los principios donde se sustenta la economía de la nación que se ve severamente afectada cuando se cambian las reglas del juego, agregó Erazo.
Cortes de Apelaciones
El HERALDO también cuantificó la labor de las cortes de apelaciones de lo Penal, Civil, Laboral y Contencioso Administrativo.
Entre el 2016 y 2021, recibieron un total de 34,334 ingresos y emitieron 32,017 resoluciones.Con 17,726 ingresos, la Corte de Apelaciones de lo Penal fue la que más casos recibió en los últimos seis años.
Le siguió la Corte de Apelaciones de lo Laboral con 9,194, luego aparece la Corte de Apelaciones de lo Civil con 5,971 ingresos y por último está la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con 1,443 ingresos.
En cuanto a la producción de resoluciones, la Corte de Apelaciones de lo Penal emitió 16,337; la Corte de Apelaciones de lo Laboral 8,483; la Corte de Apelaciones de lo Civil 6,007 y la Corte de lo Contencioso Administrativo 1,190.
Los datos muestran que a lo largo de los seis años la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fue la que menos trabajo tuvo tanto con los ingresos como con el número de casos resueltos.
