Gobierno pide al IAIP declarar en reserva metas y evaluación de los ministros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Dirección de Gestión de Resultados pretende que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) les apruebe en los próximos días una solicitud de reserva de información pública para ocultar ante los ojos de la ciudadanía los resultados de las metas y evaluaciones a los ministros.

El 10 de enero de 2023, esa dirección había facilitado a uno de los periodistas de EL HERALDO una versión pública del informe de los resultados divulgados por la Presidencia de la República, sin embargo solo era un resumen sin detalles.

Además, ante una nueva petición, el 2 de mayo reciente, respondió denegando la información bajo el argumento de una reserva que todavía no existe.

Igual respuesta se le dio a uno de los representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que solicitó a la Dirección de Gestión de Resultados las metas que la presidencia le ha puesto a cada institución, ministro u otro tipo de funcionario público.

De acuerdo con las averiguaciones de este medio, si bien la Dirección de Gestión de Resultados presentó una solicitud de reserva de información, esta todavía no ha sido aprobada mediante una resolución del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información pública.

La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, sostuvo que todas aquellas entidades obligadas que solicitan reserva tienen que probar que esa información va a producir un daño si se da a conocer, de lo contrario no puede declararse con lugar.

Entre tanto, el representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Hernández, lamentó la actuación del gobierno. “El pueblo necesita saber cuáles son las metas que la señora presidenta le ha impuesto a cada uno de sus ministros y así asegurarnos que están en consonancia con el plan de gobierno y el plan de país”, expresó.

Recordó que las metas y los resultados de las evaluaciones son información de carácter público y es un derecho de ciudadanos poder conocerla, “porque lo que la gente está diciendo y el sentir en cuentas privadas, incluso lo que uno oye, es de una inconformidad, y creo que es responsabilidad de todos los hondureños velar por que las metas sean efectivas”.

La transparencia no puede ser un discurso solamente. “Aquí ponderamos como muy positivo al inicio de este gobierno la eliminación de la ley de secreto que era un obstáculo que había; pero si ellos vienen ahora mediante otras prácticas a limitar esta información entonces nos están confirmando que al final desde la administración pública no les interesa la transparencia”, agregó Hernández.

El representante de TI en Honduras es del criterio que sin transparencia no hay desarrollo, por el contrario lo que provoca es corrupción. “Entonces, si están negando la información evidentemente ¿qué ocultan? Si están negando una información tan básica imagínese que no estará pasando con otro tipo de información”, cuestionó.

Para Hernández, el ocultar información pública no abona para que Honduras pueda mejorar en el índice de percepción de corrupción y para que supere los indicadores de transparencia encaminados a acceder a la Cuenta del Milenio.

Los indicadores en que el gobierno se aplaza es justamente en la transparencia y, dicho sea de paso, una de las funciones que tiene la Dirección de Gestion de Resultados “es asegurar que Honduras cumpla las condiciones para poder volver a accesar a los recursos de la Cuenta del Milenio”, explicó.

Al momento de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en 2006, los legisladores tenían muy claro que Honduras es un Estado de Derecho en donde los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y que tienen la obligación de cumplir sus funciones con eficiencia, ética y responsabilidad social.

La normativa se aprueba bajo la premisa de que “que la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general y, además, condiciones necesarias para una efectiva participación ciudadana en la construcción de una auténtica democracia”.

Además, que “el derecho de acceso a la información pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento, y, además, constituye un medio eficaz contra la corrupción”.

Se dejó muy claro que en cuanto mayor sea el conocimiento de los ciudadanos sobre la acción pública, mayor será su participación en la toma de decisiones y su confianza en la función gubernamental.

Asimismo, se estableció que los hondureños tienen el derecho de acceso a la información, así como a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y que, además, el Estado es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la que se reconocen expresamente estos derechos.

El artículo 17 de la LTAIP establece que la clasificación de la información como reservada procede cuando el daño que puede producirse es mayor que el interés público de conocer la misma. O cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado, la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona; la ayuda humanitaria; así como los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data.

De igual manera, cuando pongan en riesgo el desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación, o persecución de los delitos o de la impartición de justicia, dice la ley.

En una comparecencia televisiva, Marcio Sierra, titular de la Dirección Gestión por Resultados y también presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), expresó que el gobierno tendría una página en internet donde estarían expuestos públicamente las metas y las calificaciones de cada institución, pero ante la contradictoria denegación de esa información, EL HERALDO intentó conocer su versión, pero la respuesta fue que no se encontraba en el país.

A criterio de Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pedir que las evaluaciones de los funcionarios públicos sea información reservada es algo incorrecto pues como servidores públicos están sujetos a evaluaciones y conocimiento de su desempeño por parte de la sociedad que es la que les paga su salario. Si no se conoce las deficiencias administrativas de los ministros difícilmente va a haber una mejora continua en el gobierno, manifestó.

Además, continúo, la Ley de Transparencia es clara que solo en aquellos casos que tenga que ver con la seguridad nacional es que pueden ponerse en reserva, pero información de cómo está desempeñándose un funcionario no puede negarse y el IAIP no debe prestarse a ello.

Lo bueno sería que desde el mismo gobierno se dieran a conocer las calificaciones. Además, si lo vemos de una manera realista, se trata de mediciones que solamente vienen a confirmar lo que la gente ya tiene conocimiento, de que, a nivel de funcionarios, la gestión es muy débil, su productividad muy baja y que la agenda a que se han sometido muchos actuales ministros y funcionarios es al odio, al revanchismo y a la venganza, en vez de dedicarse a crear y producir, opinó.

Cuando un funcionario público busca ocultar lo público, solo retrata al Estado como una entidad que no rinde cuentas, que no promueve la transparencia. No se le hace bien a un gobierno cuando se busca ocultar, mediante una reserva de información, cuestiones que son de carácter público, señaló Reyes.

De igual manera, Carlos Ortíz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) calificó la mencionada solicitud de reserva de información como una actitud nefasta del gobierno, sobre todo cuando en el discurso se habla de transparencia gubernamental, pero desde el mismo Ejecutivo se busca ocultar la ineficiencia y la corrupción.

El pueblo hondureño que es el que mantiene la gran burocracia en la administración tiene el derecho a saber cuál es el accionar de los funcionarios públicos, independientemente de quienes sean, y resulta aberrante que se le quiera impedir a la ciudadanía su derecho a conocer la verdad.

Las acciones de los funcionarios de Xiomara Castro no son clandestinas, son de carácter público. “El IAIP está obligado a dejarle claro al Poder Ejecutivo que no se le van a aprobar estas peticiones”, exigió Ortíz.