Nueve reyertas y cientos de muertes: recuento de la fallida intervención penitenciaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La tragedia ocurrida este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) muestra la degradación en que ha caído el sistema penitenciario y la incapacidad de la Policía Preventiva y de la Comisión Interventora para hacerse del control de los penales, actualmente en poder de grupos del crimen organizado.

Por más condenas internacionales que ha sufrido el Estado, por más tragedias en los presidios ocurridas en el pasado y por más recomendaciones de los extranjeros de que las cárceles deben estar en manos de expertos y no de militares y policías, los gobiernos, incluido el actual, prefirieron poner a sus partidarios, gente inexperta, a buscarle solución a una crisis penitenciaria, criticaron expertos.

El 10 de abril, la presidenta Xiomara Castro nombró a la viceministra de seguridad Julissa Villanueva para que presidiera la Comisión Interventora que tiene como responsabilidad recuperar la gobernabilidad en los centros penales.

70 días después de su nombramiento, las acciones “refundacionales” implementadas por Villanueva han resultado fallidas.

Más bien, la conflictividad que antes era propia de los presidios más grandes, ubicados en Támara y el Porvenir, Francisco Morazán, así como en Morocelí, El Paraíso, y en Ilama, Santa Bárbara, ahora se extendió a otras cárceles con menores cantidades de presos.

Con el motín que este martes ocurrió en la PNFAS que dejó como saldo al menos 41 víctimas mortales, se contabilizan 9 acciones violentas que han sucedido en tres presidios en lo que va de los 70 días de operatividad la Comisión Interventora.

Si se suman dos víctimas más que han caído en las refriegas de los antisociales, la cifra de muertos sube a 43 preliminarmente, aparte de los más de 50 heridos.

De acuerdo con defensores de derechos humanos, si la crisis ya abarcó el centro de internamiento de mujeres que tradicionalmente había permanecido tranquila, es posible que la anarquía también alcance los centros de menores infractores.

Los establecimientos están bajo la dirección del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), donde la interventora innecesariamente creó un ambiente hostil entre los empleados.

Asimismo, abogados y criminólogos ya habían advertido del fracaso de la Comisión Interventora con las medidas “refundacionales” implementadas para rescatar el control de los centros penales que actualmente continúan en manos del crimen organizado, maras y pandillas.

Recientemente, el abogado Oliver Erazo le manifestó a EL HERALDO que la intervención era un total “fiasco” y recomendó al Poder Ejecutivo tomar decisiones realmente serias.

Hay que apostar por medidas extremadamente duras para el sistema penitenciario y los privados de libertad, sobre todo para aquellos que son parte del crimen organizado, de las maras y pandilla. “Hablo de dureza, real, material y efectiva”, precisó.

Erazo recomendó al gobierno que como mínimo copien, “aunque sea mal copiadas”, las diferentes facetas de seguridad que está aplicando El Salvador para lograr el punto de paz y tranquilidad en la ciudadanía y en las cárceles.

“Que no les de pena copiarlo, porque lo que están haciendo aquí es un fiasco rotundo”. Lo que está produciendo es miedo en la población y sobre todo creando una percepción sumamente dañina de que el crimen organizado tiene más fuerza, más logística y más poder que el Estado mismo, reflexionó.

Los criminales presos le han perdido todo tipo de respeto a las autoridades penitenciarias.

Las intervenciones con militares y policías que se han venido implementando en las dos últimas décadas muestran que los gobiernos, incluido el presente, nunca tuvieron una política para atender las continuas crisis en los penales.

En el 2014 se creó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) donde lo primero que hicieron fue colocar a políticos inexpertos que terminaron coludiéndose con el crimen.

Luego recurrieron a los militares que rápidamente tentados por el dinero fácil se colocaron del lado del hampa y por último se lo entregaron a una Policía Preventiva que carece de estrategias, metodologías y técnicas para atender a un tipo de población incorregible.

Para no manchar su carrera, muchos oficiales prefieren obviar los problemas, huir de ellos o mirar hacia otro lado, relató un agente penitenciario.

Ante la improvisación estatal y la corrupción de quienes son nombrados para dirigir las cárceles, los criminales han tomado el control de los reclusorios y gobiernan a sus anchas, envalentonados gracias a que cuentan con todo tipo de armas que los mismos agentes que los cuidan les han proveído.

Como no hay mano dura contra ellos, los hampones a lo interno de las prisiones ya no tiene miedo ni respeto por nadie.

Es tal que a doce horas de que Villanueva anunciara un decálogo de medidas para recuperar la gobernabilidad de las prisiones los reos de la cárcel de Ilama le mostraron que no le temían y el 19 de abril le respondieron con una balacera que dejó a siete internos heridos.

Para mostrar su poder de fuego, el 21 de abril realizaron otro tiroteo y lanzaron cuatro granadas de fragmentación dentro de la misma prisión, la cual se dice es de máxima seguridad, pero que no lo refleja. Esta vez diez privados de libertad resultaron con heridas.

Alentados por la falta de represalias y de acciones para conminarlos al orden, los mismos criminales, el 25 de abril nuevamente, por término de cinco minutos, descargaron ráfagas de armas automáticas. El cruce de balas con grupos rivales dejó dos heridos.

El 3 de mayo otro hecho armado se registró en la cárcel de La Tolva, cuando la banda de los 18 y MS se cruzaron disparos.

Luego una quinta reyerta a balazos tuvo lugar el 18 de mayo, otra vez en la cárcel de Ilama. Este hecho dejó tres heridos y un muerto.

Como reacción, el 23 de mayo la Inventora lanzó en la cárcel de Ilama, la “operación refundación penitenciaria”, que consistió en la realización de requisas en busca de armas. Aunado a ello, la desconexión de aparatos que tenían los presos para acceder a llamadas por telefónica móvil e internet.

Como el desarme resultó infructuoso, el 12 de junio, un sexto tiroteo tuvo lugar nuevamente en esa misma prisión, esta vez Villanueva dijo que no había personas heridas.

El séptimo tiroteo con reyerta en lo que va de la administración de la Comisión Interventora sucedió el 18 de junio reciente, nuevamente en la misma cárcel de El Pozo.

Para rematar, el sábado reciente, el reo Enrique Aníbal Hernández Núñez fue ultimado en la cárcel de La Tolva.

Según el INP, el fallecido estaba preso por haber cometido los delitos de feminicidio, asesinato y tentativa de asesinato. A esto sigue la tragedia en PNFAS donde 41 reclusas (cifra preliminar) perecieron unas calcinadas, a machetazos y otras a balazos.

Para Carlos Del Cid, defensor de derechos humanos, mientras no se desmonten las estructuras que se han organizado también a lo interno de las cárceles difícilmente el gobierno podrá lograr hacerse del control de las prisiones.

Si los centros penales siguen en manos de civiles, militares y policías inexpertos seguirán siendo una bomba de tiempo. “Es que los criminales en las cárceles imponen su autogobierno y no quieren que les pongan autoridad alguna y más si operan coludidos con algunas autoridades”.

Mientras no se tome una medida de poner realmente orden la situación conflictiva va a continuar.

“El problema es que para ello se tiene que tomar una decisión delicadísima que podría tocar intereses de cierta gente que está coludido con los presos, me refiero a militares y policías de alto rango”, puntualizó Del Cid.

De acuerdo con su criterio, aunque se enojen ciertas personas particulares y de derechos humanos, se deben montar operativos a lo interno de cada penal, desarmar y aislar a los cabecillas, de lo contrario ellos van a seguir armando reyertas y balaceras, poniendo en riesgo a la población interna.

Para Saúl Bueso Mazariegos, mayor retirado y exasesor policial, el orden en las cárceles es un tema que se debe tratar muy profesionalmente con especialistas, porque no solo se trata de almacenar personas en un edificio.

Sin embargo, lastimosamente aquí se ha tenido esa concepción errónea de que se trata nada más de un castigo. Esto ha hecho colapsar un viejo sistema inquisidor.

La situación se ha vuelto más crítica porque los penales se volvieron territorios que los criminales ahora buscan controlar. Es lógico que donde hay muchos cabecillas del crimen le disputen el control a la autoridad legalmente constituida.

“Le puedo decir casi con certeza que en los últimos años los controles en las cárceles no han sido de los entes estatales, ha sido más de los propios internos que son los que imponen algún grado de condiciones y eso ha hecho que estas disputas en algún momento tengan el matiz de violencia que se está viendo últimamente”, expuso el mayor retirado.

Bueso plantea una reingeniería del sistema, donde primero se debe pensar lo que se debe hacer y no nombrar personas sin experiencia porque eso sería “taparle el ojo al macho”.

No se trata de nombramientos. Hay que hacer un diseño de un sistema penitenciario acorde a nuestras capacidades y realidades y ponerlo en marcha lo más pronto posible.

La implementación del modelo Bukele, que piden sectores de la sociedad hondureña, son medidas muy populares porque se puede atacar esta gente y tenerla confinada por un buen tiempo, pero habría que ver si esta solución es sostenible con los años, que es lo que más cuesta, añadió.

En cuanto a las medidas para desarmar a crimen organizado, Bueso es del criterio que “eso es la parte más fácil, el problema es que la corrupción viene de los que cuidan. Los que cuidan no están cuidando, ahí sencillamente están dejando entrar armas, celulares, todo tipo de cosas.

“Lo que hay que hacer es automatizar esas cárceles de manera que no sean las personas que tengan que ver con el ingreso de cosas, sino que sea un sistema altamente automatizado”, sugirió.