Reclusos se vuelven soldados del crimen al no haber segregación en las cárceles de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los reos que sí se quieren rehabilitar no pueden, ya que tienen que decidir si sobrevivir o morir, debido a la falta de segregación en las cárceles, es decir, los reos peligrosos y menos peligrosos comparte la misma celda.

La última de las tantas intervenciones del sistema penitenciario comenzó hace 12 días, ya que el lunes 24 de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM 16-2023 que pone al frente de este proceso a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.

Como un inicio a la intervención, Villanueva presentó el Plan de Intervención de Solución Contra el Crimen (SCC), basado en diez puntos, mismos que hasta la fecha no muestran avances como se esperaba, según varios sectores.

La comisionada que preside la intervención hasta el momento ha visitado solo dos recintos penitenciarios, pero de los otros 23 se ha enterado que la autoridad la imponen los privados de libertad.

Es así que el punto seis de este plan, establece que se hará una reclasificación de los privados de libertad para aislar a los que están vinculados a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.

La presidenta del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto, declaró a EL HERALDO Plus que uno de los problemas estructurales en el sistema penitenciario es la falta de segregación o separación de los privados de libertad.

Ahora mismo se puede asegurar que la única separación que existe es entre hombres y mujeres, no obstante, lo más correcto es que se haga una separación legal y por nivel de peligrosidad.

Lo primero que se debe de hacer es separar a los procesados de los sentenciados, porque en este momento las personas que tienen condenas altas con condenadas bajas y las que acaban de ser vinculados a un proceso penal, comparten los mismos espacios.

“Debe se haber esa separación por condición jurídica primero, y luego debe hacerse una clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad por alta peligrosidad y agresividad”, explicó Escoto.

La Ley del Sistema Penitenciario Nacional en su artículo 26 establece que los centros penitenciarios deben mantener separados a los menores de los adultos; así como a los enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los fármacodependientes y cualquier tipo de personas que sufra serias limitaciones físicas o mentales.

Asimismo, las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas pueden ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la dirección nacional, dice la normativa.

Mientras que el artículo 27 de la misma ley establece que una vez realizado el estudio técnico criminológico y la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, se les debe ubicar en los centros penitenciarios bajo los tres regímenes de seguridad: máxima o alta seguridad; media seguridad y mínima seguridad.

Para Escoto los regímenes no han funcionado, esto debido a que no existe una efectiva clasificación y ubicación, generando una “mixtura” entre personas que pertenecen a una estructura criminal y otras que no.

La única separación que hay en este momento es por estructura, por ejemplo, la estructura de la pandilla 18 se ubica en un pabellón y la Mara Salvatrucha (MS-13) en otro, pero no debe ser de esa forma.

Así funcionan los centros de máxima seguridad principalmente, que además sufren de hacinamiento, porque duplican la capacidad de la población albergada, según el informe a la Nación de Conaprev, publicado al cierre de 2022.

Por ejemplo, el Centro Penitenciario de Támara tiene capacidad para 2,500 reos y albergaba a 4,395, es decir, la sobrepoblaciónblación es de 1,895 personas.

La cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo I” tiene capacidad para 1,400 reclusos y al cierre del año pasado tenía 1,494; el Centro Penitenciario de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán, tiene una capacidad instalada de 2,000 reos y albergaba a 2,562.

Mientras que “El Pozo II”, es decir, La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, tiene capacidad para 1,336 personas y al cierre de 2022 llegó a 1,984, es decir, albergaba a 648 personas más.

La capacidad instalada del sistema penitenciario nacional es de 13,051 personas, pero el año anterior cerró con 19,464 reos, es decir, 6,413 más de lo que deberían albergar.

A esto se suma el desorden, sentenció Escoto, porque en algunos centros no se tienen ni identificados a todos los privados del libertad, por lo cual es importante tener un banco de información y de identificación para saber quiénes son.

Incluso, hay casos en que los internos no están ni inscritos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), a quienes se les llama apatria desde el punto de vista jurídico, y no se sabe de qué nacionalidad son y están cumpliendo una condena.

Todo lo anterior no es desconocido para la presidenta de la comisión interventora del sistema penitenciario, quien aseguró a EL HERALDO Plus que la segregación de los privados de libertad a nivel nacional no ha existido.

Julissa Villanueva dijo que todos los reos están mezclados y se puede ver la contaminación que hay, porque muchos que llegaron a causa de haber cometido delitos menores se contaminaron en el ambiente penitenciario.

Muchos cayeron bajo la influencia del crimen organizado convirtiéndose en expertos en delinquir y ahora son soldados del crimen organizado y no tienen otra opción, señaló.

El problema es que el mismo Estado incumple lo que dice la normativa y maneja de la misma forma a unos con otros. La solución es realizar un proceso de selección y traslado de privados de libertad conforme a las políticas nacionales que nunca se cumplieron, así como las internacionales.

La subsecretaria de Seguridad expresó que la selección de los privados de libertad en los distintos centros de detención se van ir haciendo en orden, de forma progresiva, en base a los diez puntos que se han planteado.

Eso permitiría poner un alto a la criminalidad organizada que se ha confluido con los corruptos, conviviendo a diario, permitiéndoles que tengan autogobernanza, es decir, que impongan sus leyes.

En los primeros días de intervención Villanueva aseguró que ha encontrado una serie de privilegios que son permitidos por las mismas autoridades penitenciarias, que van desde accesos a armas y comunicaciones.

También comen lo que quieren y hasta llegan a decidir la política de rehabilitación, determinando quién se rehabilita o no; se habla que manejan millones de lempiras debido a una serie de ilícitos, según conoció este rotativo.

El problema siempre ha sido la corrupción dentro de los centros penales, aseguró la funcionaria, ya que se han dado pagos de coimas a altos funcionarios y de bajo rango a cambio de favores para los privados de libertad, mismos que permiten el desorden, aseguró.

La funcionaria advirtió que “hay de aquél que dentro de los recintos penitenciarios permita la infiltración con el crimen y que esta cadena de no a la corrupción se rompa, va ser expuesto”.

El compromiso, prometió Villanueva, es dar resultados en los primeros dos meses de la intervención del sistema penitenciario, haciendo un trabajo integral desde adentro y fuera de las cárceles.

La segregación se debe hacer porque lo que existe en este momento es una contaminación cruzada y eso no permite que haya reinserción social, porque el que se arrepintió no puede tomar otro camino, porque ahí lo convierten en parte del ejército del crimen, expresó.

Pero antes de hacer la segregación se debe garantizar el desarme, los bloqueos de comunicación y la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario y “esto va porque va”, afirmó Villanueva.

La segregación es importante para lograr la inserción, pero se debe hacer de forma adecuada, porque no es solo separar a los grandes criminales de los más pequeños, por lo cual se requiere de apoyo de expertos apuntó.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, declaró que en los centros penales opera el crimen organizado, las maras y pandillas, así como los paisas, y no es fácil desarticularlos.

En declaraciones a EL HERALDO Plus, el excomisionado general de la Policía Nacional, afirmó que se espera que hayan resultados a mediano y largo plazo en el proceso de intervención de los centros penales.

Resaltó que no solo está en exigir más custodios, por ejemplo, ya que la formación de un agente penitenciario es un proceso de un año, pero sí se está en ese proceso, que se debe ir hilvanando en la política penitenciaria.

No obstante, apuntó que la casuística debe de irse atendiendo a corto plazo, es decir, los eventos violentos que se están registrando se deben resolver, previniéndolos mediante un plan minucioso y articulado.

Aseguró que la Policía Nacional le pasó a Villanueva y a su equipo de trabajo todo lo que estaban haciendo, quienes están realizando un trabajo fuerte, ya que estar bajo el filo del crimen organizado no es fácil.

El reto es grande, porque ahí funcionan tres grupos diferenciados que son: el crimen organizado, las maras y pandillas y los paisas, que no es fácil controlarlos y la interventora tiene ese gran reto, afirmó.