Villanueva sale de la interventora con apenas 2 de 10 medidas cumplidas
Durante el tiempo que la viceministra de seguridad estuvo como interventora penitenciaria en las cárceles se produjeron al menos nueve reyertas, con un saldo de 48 víctimas mortales
Después de 70 días de haber sido nombrada como interventora, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, fue removida de su cargo.
Por:
04:31 min. de lectura
TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las expectativas de que el Estado de Honduras recobrara la gobernabilidad de las prisiones en manos de Julissa Villanueva como interventora no se cumplieron. Apenas estuvo 72 días en el cargo (fue separada el pasado 21 de junio) tras la matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El 10 de abril, la presidenta Xiomara Castro nombró a Villanueva, viceministra de seguridad, como interventora de los centros penitenciarios con el fin de imponer el orden que se ha perdido en las prisiones, no obstante, de las diez medidas que ella anunció para recuperar el control de los penales, varias no se ejecutaron y otras resultaron fallidas.
Debido al motín que ocurrió este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, donde perecieron 46 internas, la presidenta destituyó al ministro de seguridad Ramón Sabillón, pero extrañamente no se tocó al director policial Gustavo Sánchez.
Parecía extraño para los diversos sectores de la sociedad que se mantuvo a Villanueva, pues tenía la responsabilidad del orden en las cárceles, igual no se molestó a ninguna autoridad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ni a nadie de la cárcel de mujeres. No obstante, fue removida de esa función la noche del pasado miércoles y probablemente tengan el mismo destino los directores de penales.
Más bien a Sánchez, un oficial que en la Policía se le considera como muy fiel a Libre, se le colocó como nuevo secretario de seguridad en sustitución de Sabillón.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, el nuevo ministro “siempre ha sido un hombre de escritorio y todo mundo lo sabe, luego la otra señora, a esa señora le encanta hacer show es mediática”.
“Ella trabajaba en la morgue, ¿qué va a saber de seguridad? ¿Por qué la ponen? Porque este gobierno acostumbra a poner a la gente por compadrazgo político. Se tiene que poner a gente que le entienda a ese asunto de seguridad y en Honduras lo hay, pero vienen y ponen a una doctora que trabaja en la morgue”.
Barrientos lamentó que el decálogo de medidas que anunció Villanueva el pasado 18 de abril, días después de asumir el cargo hasta el momento no tengan ningún efecto en la búsqueda de la gobernanza de los centros penales, los cuales si no se controlan rápidamente irán de explosión en explosión.
Nada más que un decálogo
Para que el Estado vuelva a controlar las cárceles, Villanueva prometió desarticular las estructuras del crimen, comenzando con un desarme real usando como herramientas los registros manuales, la tecnología y la inteligencia penitenciaria; asimismo anunció un bloqueo total de la señal telefónica y del wifi
De igual manera, dijo que ejecutaría una auditoría, así como pruebas de confianza, remoción y una depuración del personal penitenciario, comenzando por los directores de los recintos de Támara, La Tolva, “El Pozo” y El Porvenir.
También habló de una instalación de emergencia y desarrollo de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con un control central.
De la misma manera, agregó que habría traslado y reubicación de los presidiarios de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes que hayan cometido y para eso dijo que ya estaba en marcha un proceso de clasificación de los privados de libertad con equipos nacionales e internacionales.
“Se van a reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, a las maras, las pandillas, al tráfico de drogas. Hay que separarlos e incomunicarlos”, dijo.
Por otro lado, añadió, se van a revisar los expedientes administrativos de los presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación y otras condiciones jurídicas para el otorgamiento de indultos, tanto para el caso de menores como de mayores.
También dijo que se evaluarán y practicarán pruebas de confianza al recurso humano policial y civil de los centros penales y se aumentará el número de agentes penitenciarios, a quienes además de revisarles el salario se les dotará de equipo de comunicación, tecnología, uniformes y capacitación.
Cuando ya se haya reubicado, clasificado y puesto disciplina entre los presos, se va a generar un banco de datos con base en aportes de las ciencias: registro dactilares, odontológicos y genéticos, expuso Villanueva.
Según ella, la reinserción llegará después porque “no se puede rehabilitar y reinsertar si los que nos han manejado las cárceles son el crimen organizado y los corruptos. Vamos a trabajar directo y fuerte, esa es la mano dura a la que se refiere la presidenta Xiomara Castro”, agregó
De todo lo anunciado por la viceministra de seguridad y entonces interventora, únicamente se conoce dos acciones ejecutadas a medias: las requisa que, mediante la Operación Refundacional Penitenciaria, la Policía realizó en la cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y otra en la cárcel de El Progreso, Yoro, y el bloqueo de telefonía móvil y de internet.
No obstante, mientras Villanueva fungió como interventora se suscitaron nueve reyertas en los penales de El Pozo, La Tolva y PNFAS, que ya dejan como saldo 48 víctimas mortales.
Barrientos considera que el caos en las cárceles es por factores como el hacinamiento, mafias que controlan los centros, la proliferación de armas, drogas y negocios.
“Ahí los reos andan como Pedro por su casa, hay billares, negocios, cantinas, pulperías esto y lo otro. Aparte están los reos privilegiados que tienen televisores, refrigeradoras, aires acondicionados, equipos de sonido y esto gracias a que hay una convivencia entre los directores de los presidios, los custodios y los delincuentes presos”.
Por eso, cada vez que se revisan sacan armas, alcohol, puñales y machetes. ¿Cómo es posible que los reos anden con unos fusiles AR-15 adentro de las cárceles? ¿Dónde están los custodios? ¿Cómo permitieron el ingreso de esas armas? ¿Por qué permiten las tirazones y no intervienen?, criticó.
Estas cosas lógicamente se van a resolver cuando aquí se haga lo que “se está haciendo en El Salvador, donde a los reos les quitaron los privilegios, los juntaron y prohibieron las visitas.
“No permiten negocios, los reos andan en calzoncillos, descalzos los tienen encerrados, los sacar a orearse un rato, mientras que aquí los chinean. Mientras no se tomen medidas heroicas, medidas efectivas el problema va a seguir”, sostuvo el profesional del derecho.
Por otro lado, ya nadie habla de la salida de Gabriela Castellanos por las amenazas a su integridad, menos de los apagones, “eso es sospechoso”. Ahora toda la atención está concentrada en las muertes en el centro de mujeres, reflexionó Barrientos.