Expertos temen más sangre: Las cuatro cárceles más grandes son una bomba de tiempo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Mientras el Estado no recupere el control de las cárceles, principalmente de aquellas más conflictivas, el riesgo de nuevas matanzas está latentes y pueden llegar en cualquier momento, advirtieron abogados y expertos en el tema de seguridad.

Y es que las estructuras criminales imponen su gobierno en la Penitenciaria Nacional de Támara y su módulo de seguridad; en la de El Porvenir en la comunidad de Siria, Francisco Morazán; en la cárcel denominada La Tolva, en Morocelí, El Paraíso; y en la de El Pozo en Ilama, Santa Barbara, todas ellas con un alto nivel de hacinamiento.

Por el momento la cárcel más expuesta es la Penitenciaria Nacional que posee una población de 4,163 reos, donde las acciones “refundacionales” de la Comisión Interventora, que hasta la noche del miércoles pasado dirigía Julissa Villanueva, no llegaron.

Para Melisa Escoto, titular del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes (Conaprev), las cárceles como la Tolva, la Penitenciaria Nacional y la de Ilama, donde están las dos estructuras criminales más grandes, son una bomba de tiempo y para evitar más tragedias se deben tomar estrictas medidas preventivas de seguridad.

Entre las acciones, Escoto recomendó fortalecer la seguridad al interior de los penales, realizar requisas, identificar la gente conflictiva para realizar traslados correspondientes y no olvidar el tema de la rehabilitación. El problema es que no se sabe el perfil del privado libertad y eso obstaculiza el tomar acciones, sostuvo Escoto.

Desde hace varios años, EL HERALDO ha venido denunciando que la Penitenciaría Nacional es una sodoma y gomorra, donde los pandilleros o mareros, y otros criminales, imponen un reinado a punta de corrupción, amenazas, tiroteos, relaciones maritales con las mujeres del área administrativa y confabulación de las autoridades penitenciarias.

Uno experto en criminalista, que por su labor en materia de seguridad para el Estado, pidió confidencialidad con su nombre, aseguró que es urgente que el Estado se imponga en las cárceles, pero para ello se necesita de voluntad política del Ejecutivo, la cual debe abarcar la investigación de la relación de las estructuras criminales con algunos personajes en el poder.

Para él, si el Estado no quiere más violencia en las cárceles, tiene que imponer el orden como sea, depurar el personal penitenciario, quitar todo tipo de privilegios y unir a las maras y pandillas para que aprendan a convivir como lo ha realizado El Salvador.

A los criminales en las cárceles se les han dado muchos privilegios y ellos han usado eso para hacerse del poder. “Ahora hay que buscar la manera de trate como reos que son, la autoridad como tal debe hacer valer su mando”.

Si a los criminales no se les pone en orden la situación carcelaria va a empeorar. Se debe adoptar una verdadera política criminal contra ellos “porque actualmente están a su libre albedrío, hacen y deshacen, ponen y quitan”, sostuvo el criminalista.

Él es del criterio que en este momento cualquier acto violento puede suceder en la Penitenciaria Nacional, que posee la mayor cantidad de presos del país. “Estamos expuestos a que eso suceda porque ni la Policía, ni el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tienen el control de los centros penales conflictivos”.

Fuentes especialistas en la materia advirtieron que las autoridades deben reforzar medidas de seguridad en Támara principalmente, puesto que los reos de la Mara Salvatrucha pueden preparar un hecho criminal contra la pandilla rival en represalia con lo sucedido en PNFAS, pues que muchas de las víctimas eran de la MS-13.

Los antecedentes sobre estos actos violentos en las cárceles muestran que los hechos se repiten continuamente sin que las autoridades estatales y penitenciarias adopten acciones rígidas para imponer la gobernabilidad en los penales.

Lo sucedido en el martes pasado en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 reclusas- según nuevo recuento-, no es nada nuevo, son hechos que se vienen registrando desde hace dos décadas.

Según las estadísticas, en abril de 2003, un total e 69 reos perecieron en un amotinamiento en la cárcel de El Porvenir, Atlántida.

Asimismo, en mayo de 2004 otros 107 reos perecieron en un incendio que tuvo lugar en el centro penal de San Pedro Sula.

Igualmente, en enero del 2006, en la Penitenciaria Nacional, 13 privados de libertad murieron producto de un tiroteo.

En febrero de 2012, un incendio en la Granja Penal de Comayagua dejó como saldo 360 reos muertos y la penúltima tragedia de gran magnitud tuvo lugar en diciembre de 2019, cuando 18 reos fueron masacrados en la penitenciaria de El Porvenir, Francisco Morazán. En ese mismo una matanza en el centro penal de Tela cobró la vida de 18 internos.

Para el abogado Lester Ramírez, también es urgente que el Estado recupere la gobernabilidad de las prisiones, incluso él plantó que para apoyar este trabajo se busque apoyo internacional que permita elaborar una estrategia para desbaratar las estructuras criminales que se han apoderado del control de las cárceles.

Las acciones para desarticular las estructuras criminales que se han apoderado de los presidios deben ir acompañadas de una estrategia para actuar rápidamente ante la posible reacción violenta de los pandilleros y mareros, tanto a lo interno como en lo externo de los penales, porque sin duda ellos van a querer sembrar temor en la población, advirtió Ramírez.