Cadena perpetua reciben todos los pandilleros en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión, sin contemplaciones o derechos humanos que los protejan. Acusados de provocar en El Salvador ríos de sangre durante décadas y sin la mínima esperanza de volver a tener libertad.

“Permanecen en cuclillas y los cabecillas en celdas oscuras parados de frente a un foco durante todo el día”, dijo entre murmullos un funcionario salvadoreño que no deseó que su nombre fuera publicado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

El diario vivir de un pandillero presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es un misterio que el gobierno de El Salvador no está dispuesto a revelar. “El tratamiento es con estándares mundiales, eso de permitir cámaras no, no”, señaló Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de esa nación.

Algo que sí está claro es que nunca van a ser incluidos en un proceso de rehabilitación o reinserción, pues el gobierno no los desea volver a ver jamás cerca de la población, es decir, no quiere verlos de nuevo en las calles y menos en las comunidades.

Además, deben trabajar por su comida en la cárcel, haciendo quién sabe qué, pues no hay registro alguno de sus actividades.

Lo que sí conoció este rotativo fueron las modificaciones al Código Penal que se realizaron para asegurar que un pandillero capturado durante el gobierno del presidente Nayib Buckele, no volverá a poner un pie en libertad.

Seis reformas a códigos y leyes relacionadas a la protección de la población son la base para asegurar que ningún pandillero de El Salvador volverá a tocar la calle.

La primera que se cocinó en el Congreso Nacional fue una incorporación al inciso final del artículo 162 del Código Penal -76 diputados votaron a favor- para aumentar el rango de penas específicamente contra los pandilleros.

“En los casos en que los delitos a que se refiere este artículo sean cometidos por miembros terroristas (pandilleros)... la pena a imponer será de 20 a 30 años”, dice la modificación.

La decisión es tan sencilla que el simple hecho de que se compruebe que es pandillero significa una condena para la persona de 20 a 30 años de cárcel, eso sin contar el delito por el que está siendo acusado.

Un ejemplo claro fue la condena de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-23) en diciembre de 2022. Fueron condenados a 235 y 269 años de prisión por el homicidio de siete personas, cuatro de ellas elementos de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República.

“Los terroristas deben asesinar para subir de rango...existe un grupo de más de 50 mil asesinos seriales”, justificó Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad sobre las medidas aplicadas por ese gobierno.

La modificación a la ley tiene un apartado especial para los cabecillas de las pandillas, a quienes se les garantiza una estadía en las cárceles por un periodo de 40 a 45 años.

En el caso de los mediadores (ayudan a los pandilleros en sus operaciones), la pena es de 20 a 30 años de prisión y se incluye a los funcionarios públicos con “una pena que se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo”.

“Pasaron 20 años matando salvadoreños”, acusó Villatoro ante las cámaras de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cuando se le consultó sobre el plan de seguridad.

Las modificaciones en contra de los delitos que cometen los pandilleros también tiene apartados que hablan sobre la distribución o producción de drogas -75 diputados votaron a favor- que resultaba muy común en El Salvador.

Actualmente, a parte de los 20 a 30 años que tiene garantizado un pandillero en la cárcel, le suman 20 a 30 más, si al momento de la captura tienen posesión, tenencia, cultivo, tráfico y promoción de drogas. Es decir, pueden ser entre 40 y 60 años de cárcel.

El estudio “Incautación de drogas El Salvador” realizado por el gobierno reveló que “solo en 2021 se incautaron 270 millones de dólares en drogas propiedad de pandilleros”.

A pesar de ser un tema que causó polémica, las autoridades de El Salvador juzgan a los menores de edad como adultos; las penas para ellos también fueron modificadas si se trata de adolescentes que forman parte de pandillas.

Para el caso, con 65 votos a favor, se aprobaron reformas a la Ley Penal Juvenil, agregando un quinto inciso al artículo 15 donde se detalla que los mayores de 16 años que pertenezcan a una pandilla y cometan un delito pagarán prisión con penas de hasta 20 años.

La medida se pone drástica aún para los pandilleros más pequeños pues a partir de los 12 años si deciden enrolarse en la estructura criminal les garantizan hasta 10 años privados de la libertad.

Los delitos estipulados en la ley son homicidio simple, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión, posposición y conspiración en el delito de extorsión, secuestro, posposición y conspiración para el delito de secuestro entre otros.

El paquete de reformas no paró ahí, el tema de la extorsión en El Salvador se maneja como el peor flagelo contra los emprendedores y ciudadanos de bien, por eso a los que cometan el delito les esperan de 15 a 20 años de cárcel (antes era de tres a cinco), sumatorio de los 20 a 30 que tenían solo por ser pandilleros.

“Los días que estén en la cárcel se espera que sean mucho, muchos, muchos”, mencionó Villatoro.

Otro aspecto que fortaleció al gobierno de Buckele fue la denuncia.

En El Salvador no es necesario que la persona acuda a brindar su declaración personalmente, pues sucedía que con su presencia en los tribunales su vida estaba en peligro.

Además, se hicieron modificaciones en los artículos ocho, 73, 88, 221 y 331 del Código Procesal Penal con la finalidad de proteger a los jueces y aplicadores de justicia.

De esta forma, el gobierno de El Salvador puso un límite contra las pandillas, mientras que los derechos dumanos de los integrantes de las estructuras criminales los tienen sin cuidado, pues consideran que están bien en la cárcel y así seguirán por el resto de sus vidas.