Entre una nómina de candidatos sorpresa, a los diputados les cuesta escoger fiscal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La primera votación para elegir al fiscal general y adjunto estuvo marcada de desacuerdos, por eso ninguna moción presentada por los partidos logró la mayoría calificada.

Son cuatro nombres de los cinco que envió la Junta Proponente los que se llevaron a votación, aunque las bancadas, tanto del oficialismo como de oposición, solo coinciden en uno: Marcio Cabañas.

Los diputados siguen en negociaciones para alcanzar los 86 votos requeridos, pero hay quienes dicen que todavía no llegan a un punto de consenso y que en la sesión convocada para este jueves tampoco se elegirán a las autoridades del Ministerio Público.

Cuando la Junta Proponente envió al Congreso el listado de los cinco aspirantes que pasaron los filtros de selección, hubo fuerzas políticas que propusieron que el fiscal no saliera de la lista, haciendo alusión a que no se respetara el proceso.

El diputado nacionalista Jorge Zelaya comentó que los comentarios venían de Libre y del Partido Nacional porque no les parecía la nómina enviada al Legislativo.

La inconformidad vino luego de que cuatro aspirantes -según los partidos políticos, dos de ellos se perfilaban como las nuevas autoridades del Ministerio Público- quedaron fuera del proceso. Hablamos de Mario Urquía y Luis Santos, ambos afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Esto le dio un giro a la elección del fiscal general y adjunto, pues históricamente los primeros nombres que se sondeaban en la palestra pública eran los elegidos en el Legislativo, no obstante, el listado enviado por la Junta Proponente mostraba a personas prácticamente desconocidas (todos fueron autopostulantes), aunque siempre relacionadas con una u otra de las fuerzas políticas.

Para el caso, Marcio Cabañas, el único que coincide en las propuestas a fiscal general del Partido Nacional, Liberal, Salvador de Honduras y Libre, es del Partido Liberal.

El martes en el Congreso Nacional la mayor parte de las fuerzas políticas propuso a Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como fiscal adjunto, mientras que Libre sugirió a los abogados Johel Zelaya (fiscal general) y Marcio Cabañas (fiscal adjunto).

El quinto candidato que no fue presentado en ninguna nómina es Pablo Theodore, a quien se le relaciona con el Partido Nacional.

Cabañas es el único que pertenece al Partido Libre, mientras que Johel Zelaya es del Partido Liberal. Almendares, por su parte, todavía no se le vincula con ninguna fuerza política, aunque afirman que también es simpatizante de Libre, pese a que este no la incluyó en su nómina.

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), afirmó que el que tengan relación o vínculos con estos partidos no significa que sean militantes, activistas o que hayan estado dentro de las juntas directivas o líderes políticos.

“A pesar de tener nexos o inclinaciones con algunos colores, a los mismos partidos les está costando votar por ellos”, explicó el experto.

Ramírez afirmó que la gran mayoría de los hondureños históricamente han tenido una inclinación partidaria que viene desde la herencia de los padres y abuelos, pero que eso se está diluyendo.

“No solamente lo vimos con el voto independiente de las últimas elecciones, sino que lo estamos viendo con los candidatos que llegan a estos procesos, por eso es que les está costando en este momento”, recalcó.

Esto significa que estos candidatos y candidatas “no les dan la confianza de que los van a poder controlar”, dijo, señalando que para controlarlos les tendrían que deber favores políticos, secretos guardados y vínculos más cercanos (ser activistas) del partido.

“Estos candidatos no tienen ese nivel de dependencia política a los dueños de los partidos y eso les genera grave situaciones de incertidumbre porque a la larga no saben si les puede dar vuelta”, expuso, ejemplificando con el caso del actual fiscal, Óscar Chinchilla, quien “se le dio vuelta a algunos sectores del Partido Nacional”.

La nómina de los cinco candidatos presentada por la Junta Proponente evidencia que la elección ha sido más independiente, aunque todavía necesita pasar por otros filtros, especialmente porque algunos aspirantes siguen siendo señalados por vínculos en actos de corrupción.

El diputado Jari Dixon, del Partido Libre, tachó de inadmisible la inclusión de Marcio Cabañas, el abogado que su misma institución promueve para fiscal adjunto, por estar involucrado en la impunidad de un caso que era investigado hace algunos años.

El parlamentario cuestionó que él (Marcio Cabañas) “cerró el caso de Pronto y está esperando ser apoyado para la fiscalía general”.

Dixon se refirió al caso entre Hondutel y Pronto, en el que la estatal decomisó equipo de telefonía a la empresa, acusándola de piratear llamadas telefónicas y generar pérdidas por 11.2 millones de lempiras.

El caso fue llamado “tráfico gris”, porque hacía alusión al contrabando en las comunicaciones telefónicas internacionales hacia Honduras para reducir los costos de terminación. En ese entonces, Cabañas era fiscal.

“No se presten a ese juego -de blindar a políticos- porque el pueblo y la historia les pasará factura en algún momento”, pidió el parlamentario al resto de partidos políticos.

Dixon habló a detalle del caso en que se involucra a Cabañas, en sus declaraciones dijo que había muchos fiscales que cerraron expedientes.

En el caso de Pablo Theodore, el único aspirante que se le relaciona con el Partido Nacional, no fue mencionado e involucrado directamente con actos de corrupción, aunque las investigaciones dicen que es hermano de Marcela Amador Theodore, jueza de lo Contencioso Administrativo, despedida por afectar un proceso de intervención a la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).

La Corte de Apelaciones denunció a Marcela Amador ante el Ministerio Público por comportarse “como parte interesada en el recurso”, según establece un informe de la Inspectoría General de Tribunales.

Para Lester Ramírez, estos casos debieron presentarse a la Junta Proponente como tachas, por lo que el mencionarlo ahora solo evidencia que se trata de una “decisión política”.

“En este momento es una decisión política, y si están utilizando los argumentos de actos de corrupción es para justificar sus decisiones políticas”, cuestionó.

Ramírez dijo que esto no significa que algunos aspirantes a fiscal general y adjunto no estén relacionados con actos de corrupción, pero que actualmente la discusión no gira en torno a eso.

Con una nota de 95.55 de 100, Jenny Almendares figuró como la candidata con mayor puntaje en las evaluaciones realizadas por la Junta Proponente, pero no es mencionada entre las favoritas de los diputados para ocupar el cargo de fiscal general de la república.

El martes fue propuesta por varios partidos para el cargo de fiscal adjunto en una nómina junto con el abogado Marcio Cabañas, pero no logró la votación suficiente.

Jenny Almendares -hija del doctor Juan Almendares, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)- tiene una larga trayectoria, pues entre 1994 a 2015 se desempeñó como fiscal del Ministerio Público.

Es la única mujer en el listado enviado por la Junta Proponente al Congreso. Licenciada en Derecho y con una especialidad Derecho Mercantil y máster en Derecho Penal y Procesal Penal

Al igual que Almendares, Mario Alexis Morazán fungió como fiscal entre 2014 y 2016. Además, fue director de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de 2011 a 2014.

A sus 46 años es abogado; tiene una maestría en Derechos Humanos y un doctorado académico en Derecho Penal. Como el mismo Jari Dixon mencionó, Cabañas también tiene experiencia como fiscal del Ministerio Público.

Desde el 2000 labora como fiscal auxiliar y fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos. Su hoja de vida dice que trabajó en el bufete Velásquez (1998-2000). También laboró como analista de investigación en la Secretaría de Seguridad y ocupó varios cargos en el Ministerio Público.

Johel Antonio Zelaya y Pablo Theodore son los únicos que no ocuparon un cargo como fiscal en el Ministerio Público.

En su hoja de vida, Zelaya mencionó que fue asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente y de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Actualmente es asesor legal de Grupo Flores y socio mayoritario del despacho Zelaya y Asociados. También es consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Pablo Theodore, por su parte, es director de la firma legal ‘Consultus’ y fue asesor de la UNAH (2010-2012), al igual que de la junta interventora de la Fiscalía (2013). Fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) entre 2014 a 2016 y también participó en la comisión liquidora de la DEI. Después, fue asesor de la SAR (entre 2017-2020).

Los perfiles de los aspirantes son detallados, pero la trayectoria o puntaje en las evaluaciones realizadas por la Junta Proponente no son suficientes para que lleguen a un consenso.

Tanto para el martes como para el miércoles, el Poder Legislativo convocó a sesión, pero ambas no terminaron en los resultados deseados. En la actividad del martes se presentaron las nóminas, pero ninguna alcanzó los votos necesarios. La sesión de este miércoles se suspendió por falta de acuerdos.

En tanto, la dirigencia de Libre convocó un plantón en los bajos del Congreso.

“El partido Libre tiene un coordinador y seguimos las directrices de nuestro partido. Las negociaciones están totalmente abiertas, cualquier cosa puede suceder”, advirtió Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, previo a una reunión entre jefes de bancada.

La nómina que propuso el partido Libre (Johel Zelaya y Marcio Cabañas) apenas tuvo 52 votos, mientras que la nómina del partido Salvador de Honduras alcanzó los 70. Ninguno logró los 86 de la mayoría calificada.

Ante esto, José Ramón Ávila, exmiembro de la Junta Proponente, afirmó que “puede haber un sector que no considere dentro de los cinco como el fiscal idóneo y quiera buscar alternativas fuera del marco de la ley de la Constitución de la República, para la elección del fiscal general y adjunto, que sería grave y un atentado hacia la justicia y al régimen democrático”.

Ávila se refirió a las declaraciones expresadas por los mismos parlamentarios semanas atrás en las que estaban en desacuerdo con la nómina enviada al Congreso.

En ese entonces, el diputado de Libre, Rafael Sarmiento, prometió que de esa lista saldría el nuevo fiscal general y adjunto.

“Ni fuera de la lista ni con menos de 86 votos, esas son tácticas de un grupo de frente parlamentario que se caracteriza porque la mayoría auspiciaron un golpe de Estado en 2009”, prometió, refiriéndose a la decisión de su partido.

Lo cierto es que el Congreso Nacional debe elegir antes del 31 de agosto al fiscal general y adjunto, pero como pocas veces a los diputados les había costado tanto tomar una decisión, principalmente una lista con rostros sorpresas.