“Si no quieren pagar les vamos a matar otro”: Extorsión todavía asfixia a hondureños pese a plan policial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El audio llegó desde un número desconocido, la voz sonaba amenazante, con tono criminal y de alguien que no tiene pudor para ordenar la muerte de una persona trabajadora.

“Buenas tardes, señores transportistas, nos estamos comunicando de la estructura criminal Los Soles, nosotros no queremos inconvenientes. Escúchenme muy bien, ustedes saben que el (se obvia nombre) se murió porque ustedes están de renuentes en querer colaborar”, expresa el autor del intimidante audio extorsivo.

La amenaza continúa: "El otro maje que estaba negociando conmigo me dijo que le valía pi..., y todo depende del maje que pongan a negociar ustedes, si él está renuente se va a morir uno de ustedes, si no quieren pagar les vamos a volver a matar otro para que la crean con nosotros”.

“Necesito que este audio lo escuchen todos los transportistas, porque necesito que paren labores, hasta que nosotros lleguemos a un acuerdo ustedes podrán seguir, no estén loqueando con la jura ni nada de nada”, advierte el jefe criminal en el mensaje al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Este equipo comprobó que la lucha contra la extorsión se está inclinando a favor de los criminales, pues las organizaciones delictivas mantienen sometidos a los transportistas, empresarios y pequeños negocios.

“Yo puse una pulpería con el dinero que me dieron de prestaciones en el trabajo, a los meses me llegó un mensaje diciéndome que tenía que pagar 300 lempiras semanales, si no me mataban... mejor cerré, aquí no se puede salir adelante”, narró un capitalino, que prefirió el anonimato.

El hombre, quien es padre de cuatro hijos, contó que se acuerda y todavía tiene miedo, pues prefiere pasar hambre a morir él o alguien de su familia solo por no poder pagar el dinero a criminales.

Con le objetivo de frenar este flagelo el martes 6 de diciembre de 2022 entró en vigor el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión, con un estado de excepción parcial en 89 barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, y 73 puntos en San Pedro Sula..

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta, suspendía las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99.

Esto significaba un estado de excepción a partir de las 6:00 de la tarde del día 6 de diciembre de 2022 y vencía hasta las 6:00 de la tarde del día jueves 6 de enero del año 2023, pero se amplió en dos ocasiones (está prolongado hasta el 21 de mayo).

Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad mediante la solicitud de información SSSS-1696-2023 establecen que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibió en 2022 un total de 244 denuncias de extorsión.

Mientras que en el 2019 fueron 254, en 2020 sumaron 151 y en el año 2021 resultaron 213.

Transportistas entrevistados por EL HERALDO Plus afirmaron que no hay ningún resultado positivo, más bien han surgido nuevos grupos o estructuras criminales, que probablemente son desertores de la Pandilla 18 o Mara Salvatrucha (MS-13).

Los afectados, bajo el anonimato por seguridad, detallaron que los extorsionadores amenazan fríamente con matar, así que los empresarios no tienen otra opción que pagar.

Es la única salida que les queda, debido a que están indefensos porque las capturas y el estado de sitio es puro show, lamentaron. “Si hay más extorsión”, quiere decir que el plan no está funcionando.

En el sector transporte el dueño de un bus o taxi le paga a tres o cuatro grupos, cada uno recibe entre 500 a 600 lempiras por semana “y es obligatorio, el que no paga sufre las consecuencias, lo matan”, expresó una de las fuentes.

Estimó que entre buses, taxis y mototaxis hay más de 20,000 unidades a nivel nacional. Un cálculo básico estima que si cada unidad pagara una cuota de 500 lempiras semanales a un solo grupo se desembolsa al menos 10 millones de lempiras a la semana en extorsión.

No obstante, se paga a tres grupos o más, es decir, unos 30 millones semanales, que al mes suman 120 millones y al año puede llegar a superar los 1,400 millones de lempiras, según las estimaciones.

Otro de los transportista declaró que “este dinero lo pagamos nosotros, los dueños de las unidades, pero cuando hay un atentado matan a los choferes y los ayudantes, muchos ya no quieren seguir trabajando”.

Los transportistas informaron a La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que ahora cuando se da un atentado no es porque no se quiere pagar, sino porque generalmente es porque ha salido un nuevo grupo criminal que cobra otra tarifa.

“La Dipampco no sirve”, expresó molesto otro dueño de varias unidades, en alusión a la Dirección Policial Anti Mapas y Pandilla, anteriormente conocida como Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) antes de pasar bajo el control de la Policía Nacional.

Con la estrategia actual se captura al cobrador o encargado de recoger el dinero. Funciona cuando son grupos que no están organizados, por ejemplo, un chofer que quiso extorsionar con sus compinches. Se captura y se acaba la amenaza.

Pero a los grupos grandes no llegan, porque capturan a uno que anda cobrando, pero estos tienen a cien esperando ocupar ese puesto, es decir, que no llegan a los que dirigen toda la organización.

La mayor parte del dinero se paga en efectivo y después de más de 15 años de estar sufriendo de extorsión, los transportista creen que las autoridades tienen conocimiento de todo, saben dónde y cómo se paga, pero no actúan.

Con la experiencia que han tenido con el paso de los años, los empresarios del transporte han determinado que muchas de las extorsiones se ordenan desde las cárceles y quienes operan afuera son los administradores.

Desde los presidios se ordena qué rutas atacar, cómo cobrar, a quién deben de quitarle la vida y qué deben de comprar con los millonarios recursos, que van desde alimentos, armas, teléfonos, chips y recargas para seguir con el negocio ilícito.

Además, tienen conocimiento que de la misma Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Amadas extorsionan. Se sabe porque entre ellos se acusan de que están involucrados en este tipo de delitos, dijo una fuente que pidió no se identificada.

Consultado sobre esta problemática, el asesor del Consejo Nacional del Transporte, Gerardo Aguilar, dijo que este es un tema que se resuelve con voluntad y eliminando la corrupción de las instituciones.

Aguilar matizó cómo funciona el mismo esquema en El Salvador: en el país hay estado de excepción, en Honduras también. Las comunicaciones desde las cárceles salvadoreñas están prohibidas, en Honduras también. También es tipificado como delito pertenecer a una mara o pandilla, en Honduras también. En El Salvador está penada la extorsión, en Honduras también. “Entonces ¿cuál es la diferencia, por qué allá se hace y aquí no se hace nada?, cuestionó.

Un dirigente de los mercados indicó que la nueva forma de extorsionar en la zona es prestando dinero, más que todo por parte de la MS-13, mientras que la pandilla 18 ha querido cobrar extorsión, por eso tienen un pleito de territorio.

Explicó que las maras prestan dinero con tasas de interés al 10%, 15% y hasta el 20%, dependiendo el cliente. sin embargo, no perdonan al mal pagador, sino cancelan a tiempo lo matan. La gente que no puede pagar tiene que buscar en cualquier lado para cumplir.

Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) establece que de 2014 al 2019 recibieron 481 quejas relacionadas por extorsión, ofreciendo asistencia humanitaria a los afectados.

El informe indica que los más golpeados fueron dueños de pulperías, ferreterías, talleres, propietarios de alquileres y los emprendedores, quienes se vieron obligados a cerrar sus negocios ante la imposibilidad de poder pagar lo solicitado.

Pero los más afectados son las personas ligadas al transporte, ya que por el cobro del mal llamado “impuesto de guerra” han perdido la vida conductores e taxi, de buses rapiditos y ayudantes. Solo en el 2023 han sido asesinados casi 20, según los transportistas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó información a la Dipampco sobre los resultados que han tenido en el Plan Integral Antiextorsión, pero remitieron a la Secretaría de Seguridad, donde comunicaron que estaban en reuniones.