El nuevo fiscal general debe recuperar la credibilidad del Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Pararse de manera independiente con el fin de conducir a que el Ministerio Público recupere la confianza de la sociedad, es el mayor desafío que tendrá que enfrentar el nuevo o nueva fiscal general, aún en proceso de elección en el Congreso Nacional.

Diversos sectores sociales coinciden en la urgencia de lavarle la cara a un Ministerio Público que en sus 29 años de existencia acusó a unos y protegió a otros, creando una despampanante impunidad.

La politización viene lastrando continuamente a la fiscalía. Aunque el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público precisa que éste es un ente profesional especializada, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado, en la vida real eso no es tan cierto; los fiscales generales y adjuntos siempre han respondido a los intereses de sus benefactores políticos, al Poder Ejecutivo, al partido afín y a grupos particulares.

Para el dirigente obrero José Luis Baquedano, el fiscal general ideal para el país, es aquel que responda a los intereses de la sociedad y no del partido que lo propone.

Dada la politización y el desprestigio que vive el Ministerio Público, consideró que los desafíos para recuperar esa institución serán enormes para cualquier terna que asuma la responsabilidad.

Como parte del pueblo y como un trabajador más espero que el nuevo fiscal general- hombre o mujer- emprenda una lucha frontal contra la corrupción e impunidad, muestre compromiso de querer recuperar el verdadero papel de la fiscalía; igualmente que trabaje en rescatar su credibilidad a nivel internacional, demandó.

“Queremos que todo eso cambie. Necesitamos un Ministerio Público independiente, que realice las acciones necesarias para garantizarle a los hondureños que hará respetar la ley sea a quien sea; de lo contrario seguiremos haciendo lo mismo con los mismos resultados que hemos tenido hasta este momento”, reflexionó el dirigente obrero.

A nivel de la ciudadanía el Ministerio Público presenta un bajo nivel de credibilidad producto de que muchas de sus actuaciones siempre han tenido un sello político, al extremo que muchos acusados por un fiscal con sentimiento rojo fueron posteriormente exculpados por otro fiscal de corazón azul; consecuencia de ello un descrédito institucional.

Las raíces de ese desprestigio siempre comienzan desde el proceso de elección de las personas que estarán al frente del Ministerio Público, dado que los políticos imponen a sus servidores más incondicionales.

Como consecuencia de ello, la labor del Ministerio Público como representante de la sociedad no ha tenido un mayor impacto en la reducción de los índices delictivos del país, más bien la delincuencia, común, organizada y de cuello blanco creció en las dos últimas décadas.

En un período de 29 años, seis fiscales generales han desfilado por el Ministerio Público con más pena que gloria, dejando como resultado una profundización de la impunidad, un aumento de la corrupción pública, una repartición del territorio por parte de los carteles de la droga y del crimen organizado y una estructuración de los extorsionadores en verdaderas mafias.

A esto se suma el despilfarro de los recursos financieros, el marginamiento, expulsión y retiro de fiscales que se opusieron al engavetamiento de expedientes y al cumplimiento de órdenes arbitrarias.

De acuerdo con Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) Honduras requiere de un fiscal general bastante independiente, capaz de recuperar la credibilidad y la imagen de la institución ante la población.

“El gran reto es mejorar la imagen institucional ante la sociedad” para ello, las nueva dos cabezas de la fiscalía deberán fortalecer y eficientar la investigación en relación con la prueba científica, sobre todo de los delitos que recaen en grupos vulnerables como ser los femicidios, la explotación de menores, la trata de personas, y en especial los delitos de corrupción en la administración pública.

También deberán redoblar los esfuerzos enfocado a combatir los delitos contra la administración pública, pero también contra aquellos que ponen en riesgo la vida, ya que ésta es el fin supremo de la sociedad y el Estado tiene la obligación de protegerla y conservarla.

Por otro lado necesitarán de una planificación estratégica en la que el presupuesto tenga una adecuada distribución y que no se diluya en viáticos, renta de edificios, sino que los recursos sean más enfocados a las unidades fiscales especialmente las regionales.

“Otro reto es que el fiscal general ya no debe ser un dios que todo mundo sabe que existe pero nadie lo ve, que no lo conocen ni sus propios colaboradores; debe ser un fiscal de puertas abiertas, más operativo, más visible, que genere más acercamientos en todas las fiscalías descuidadas a nivel nacional para que pueda conocer que es lo que están haciendo los fiscales”, exigió.

Igual, tendrá que trabajar duramente para reducir la mora investigativa. De igual manera se debe trabajar en la persecución penal y la recuperación de los fondos o bienes que el Estado ha perdido por la malversación de fondos y caudales públicos.

De la misma manera cabe una evaluación de todas las unidades fiscales a fin de ver el cumplimiento de resultados y metas. Lastimosamente desde hace 20 años el Ministerio Público viene experimentando un retroceso, con dos huelgas que destaparon una realidad oculta. Hora la institución demanda de cambios profundos, sostuvo el presidente del CAH.

Por su parte Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el país requiere de un nuevo fiscal general “que no se deje amedrentar ni por uno, ni por otro y que todos sus criterios estén basados en la ley”. El fiscal que se elija va a tener que pelear contra ese partidismo y esa división política y sectaria que está afectando al país, advirtió.

Según García, el nuevo titular del Ministerio Público tendrá que luchar por mejorar la credibilidad de la institución, pero eso no significa “que va a empezar a interponer acusaciones a diestra y siniestra, sino que aquellas que se interpongan estén bien sustentadas en derecho. Que no se vayan hacer acusaciones que no corresponden y que tampoco por intereses políticos se vayan a dejar de hacer acusaciones que si corresponden”.

Como industriales “hemos venido exigiendo desde hace más de una década que para que pueda venir inversión y el empleo que necesita la gente debe existir estado de derecho y seguridad jurídica y en estos dos roles tienen un papel muy importante el fiscal general y el fiscal adjunto”, recordó García.

De los seis fiscales generales que ha tenido el Ministerio Público en los 29 años de existencia dos tuvieron que salir por la puerta de atrás, por incompetencia y presuntos actos de corrupción.

El 28 de junio de 2005, el fiscal general Ramón Ovidio Navarro y el fiscal adjunto Yuri Melara interpusieron su renuncia ante el Congreso Nacional, que los presionó para tomar esa decisión, luego que una comisión interventora los responsabilizó de supuestos actos de corrupción y por haber sumido el caos al Ministerio Público.

Navarro, un fiel del Partido Nacional, en este entonces en el poder, junto a Melara del Partido Liberal, asumieron los cargos en marzo de 2004. La desgracia les llego luego que Navarro se negara a apelar unas sentencias judiciales que favorecían al expresidente Rafael Callejas y el entonces fiscal decidiera despedir a diez fiscales opositores a la decisión.

El otro fiscal genera que el Congreso Nacional obligó a renunciar fue al liberal Luis Rubí y con el se fue el fiscal adjunto Roy Urtecho.

Ellos dejaron los cargos el de junio de 2013, poco después de que un órgano del Congreso recomendara su destitución argumentando irregularidades administrativas e indicios de corrupción descubiertos durante una investigación al Ministerio Público por parte de una Junta Interventora que presidió la abogada María Antonia Navarro