Para el experto en temas de seguridad, la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne es positiva, pero tampoco debe haber corrupción de los custodios.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La anunciada cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, es una importante medida de prevención, pero además se debe castigar la corrupción en el sistema penitenciario.
Ese es el criterio del experto en temas de seguridad, Gonzalo Sánchez, quien sostuvo que, ante la emergencia que sufre sistema penitenciario, la idea de construir una cárcel alejada de todo tipo de comunicación es positiva.
Los reos, en el retirado sitio, no tendrán acceso a que les proporcionen con facilidad armas, drogas y municiones. Estarán alejados de todo tipo de comunicación, especialmente aquellos privados de libertad que son altamente peligrosos.
El Estado, cuando se ve amenazado, tiene que tomar medidas drásticas, aunque aclaró que se deben brindar las condiciones humanas, de acuerdo a los estándares internacionales.
En ese sentido, hay que proporcionar camas, baños y un sistema de alimentación. El manejo será igual al resto de cárceles, porque se trata de seres humanos.
Que los trasladen a esta centro penal no quiere decir que irían a una especie de tortura, “irían básicamente porque son personas altamente peligrosas y se quiere de cualquier manera que estén alejados”, acotó.
Consideró que a esas cárceles deben ir los cabecillas de estructuras criminales, los que están ligados al narcotráfico y otros privados de libertad que sean considerados de alta peligrosidad.
Sobre si las cárceles de máxima seguridad que se construyeron en el gobierno anterior no han funcionado, Sánchez señaló que el problema es el recurso humano, “porque son corruptos”.
Algunos de los que han trabajado en el sistema penitenciario son los que se han prestado para ingresar armas de fuego, explosivos, municiones, droga y todo lo que se ha encontrado, condenó.
“Las cárceles están muy bien, el problema es el recurso humano, imagínese que fallaron las cámaras, dicen que fallaron los escáner, ¿y las personas?”, se cuestionó.
En ese sentido, no se trata de las cárceles, sino de los funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INP), y de otras instituciones como la Policía Nacional y las FF AA, que permiten el ingreso de cosas ilegales.
En ese sentido, la cárcel de máxima seguridad de Islas del Cisne sería como una medida preventiva, porque estas personas estarían alejadas de toda comunicación.
Dijo que aunque los organismos de derechos humanos comiencen a protestar, el Estado tiene derecho a actuar cuando se ve amenazado por estructuras criminales.
