Johel Zelaya, el fiscal interino impuesto por el oficialismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Citando un versículo de la biblia, Johel Antonio Zelaya, el nuevo fiscal interino de Honduras impuesto en medio de la polémica y las irregularidades por el oficialismo del Congreso Nacional, culminó su presentación personal en la hoja de vida que envió a la Junta Proponente.

Ese mismo documento fue leído por los diputados del hemiciclo, especialmente por el oficialismo, que empujó su postulación hasta que una Comisión Permanente, liderada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, lo impuso este miércoles como titular interino del Ministerio Público.

En ocho líneas del documento habló sobre sus aspiraciones, trayectoria y propósitos como aspirante a fiscal general, mismas que ahora, gracias a acciones del oficialismo -cuestionadas y tildadas de irregulares por la oposición-, deberá asumir frente al máximo ente de investigaciones.

“No me olvido de las sagradas escrituras, en Proverbios 21:21: ‘El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra’”, escribió de forma puntual en el documento entregado a la Junta Proponente.

El nuevo fiscal, que la Comisión Permanente eligió de forma unánime con nueve votos, se presentó como un hombre que busca la justicia, por eso el cargo para el que fue elegido le permitirá “seguir trabajando a favor del respeto de las leyes”.

Por 18 años ha ejercido el derecho, pero desde el Ministerio Público espera ganar la confianza del pueblo porque está “ávido de justicia, decepcionado de un Poder Judicial que no puede resolver tantos casos, entre ellos muy emblemáticos, muy conocidos y muchos más que desconocemos”, continuó diciendo.

Johel Zelaya en varias ocasiones afirmó que quiere ser un fiscal cercano con el pueblo y grupos vulnerables.

Su hoja de vida dice que se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas en 2004 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero ejerció como abogado hasta 2009. En 2014 se convirtió en notario.

Desde 2005 ha trabajado como asesor en instituciones públicas, así como empresas privadas. Por ejemplo, en 2005 fue asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente, mientras que en 2006 hasta 2015 fue asesor legal en el proceso de reestructuración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel).

Desde 2014 es asesor legal externo en la organización Acción Honduras. En 2017 también lo contrataron como asesor legal de Grupo Flores, cargo que todavía mantiene.

Es socio mayoritario del despacho legal Zelaya y Asociados y eventualmente es contratado como consultor externo en el Instituto Hondureño de Transporte.

“Durante mi trayectoria profesional y sobre todo mi vida diaria he procurado mantener un criterio imparcial, independiente, responsable y honesto para abordar cada una de las situaciones de las que he sido parte”, escribió en su hoja de vida.

El nuevo fiscal destacó que en su recorrido profesional se ha comprometido con la protección de los derechos humanos, valores democráticos y transparencia.

Sin embargo, Zelaya carece de experiencia en el sistema de justicia penal (no ha ejercido ni ha trabajado en el Ministerio Público, a diferencia de otros candidatos).

“Salvar vidas es posible si se aplica la ley de manera correcta y con prontitud”, destacó Zelaya en uno de los párrafos de su presentación personal, donde resaltó su lucha en pro de los derechos humanos.

El nuevo fiscal interino tiene larga trayectoria en la defensoría de derechos de las personas, especialmente en la protección del pueblo lenca, del que es descendiente. Incluso, ha obtenido reconocimientos por esta causa y por su lucha por el ambiente.

La formación y capacitación en derechos humanos es algo que realiza como actividades adicionales, así como el acompañamiento en las luchas sociales para la protección del ambiente.

“Los derechos humanos han sido vulnerados en este país y por eso será necesario, es urgente, que haya un fiscal cercano a los poderes del Estado sin que esto se tome como una vulneración a la autonomía del Ministerio Público, porque es necesario, por el país, por nosotros, por nuestros hijos”, dijo en su entrevista ante la Junta Proponente.

Además, lamentó que en Honduras hay mucha impunidad, y dijo que “cuando en un país no se persigue el delito, porque el delito hay que perseguirlo hasta donde se encuentre, quien sea que lo cometa, entonces viene la impunidad y se alimenta la corrupción”.

Aunque Johel Zelaya simpatiza y hasta tiene denuncias por ostentar el cargo de regidor del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, tras participar con el Partido Liberal, su nominación fue presentada por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Esa misma institución política lo respaldó con la Comisión Permanente que lo impuso como fiscal interino.

En la primera votación, apenas alcanzaron los 52 votos, lo que evidenció que el resto de partidos no lo querían al frente del Ministerio Público.

La nómina de Zelaya fue apoyada, incluso, por la presidenta Xiomara Castro de forma indirecta, quien convocó a los simpatizantes del Partido Libre -incluyendo a empleados públicos- a una marcha, que terminó en vigila y continuó con un plantón.

“Compañeros y compañeras debemos de mantenernos unidos, organizados, movilizados en vanguardia y resistencia para que en Honduras no vuelvan más los narco estados, ni narcodictadores ni saqueos”, dijo en su discurso en los bajos del Congreso Nacional.

Dos días más tarde, Castro nuevamente se refirió al tema y afirmó que “el Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la Comisión de Dictamen, para Fiscal General y Adjunto como lo dispone la Constitución”.

Esta situación, entre múltiples rumores, orilló a Libre a desmentir que el Ejecutivo instalaría una junta interventora en el Ministerio Público.

“Es completamente falso que el Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, vaya a ordenar la intervención del Ministerio Público, eso queda totalmente descartado”, dijo en conferencia la diputada Silvia Ayala.

Para ese entonces, Libre mantenía su apoyo a la nómina de Zelaya. Pese a los múltiples desacuerdos, Zelaya, quien fue el cuarto aspirante con mejor calificación en las pruebas realizadas por la Junta Proponente al obtener 80.94 del 100%.

Llama la atención que pese a ocupar el cuarto lugar en la evaluación de la Junta Proponente, el regidor de Reitoca obtuvo la puntuación más alta en la evaluación por la comisión multipartidaria nombrada por el Congreso Nacional -este último tampoco está concebido dentro del proceso para elegir al fiscal-.

EL HERALDO Plus intentó obtener, vía solicitud de información pública (SOL-CN-1147-2023), la matriz de evaluación utilizada por esta comisión, pero en un documento firmado por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya, se respondió que “no se encuentra información sobre lo solicitado (matriz y resultados)”, por lo que se desconoce el parámetro de evaluación.

El Congreso Nacional abrió sesión por última vez el 31 de agosto (culminando la madrugada del 1 de septiembre), cuando dijeron que convocarían a sesión para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público cuando hubiera consenso entre las bancadas.

Así transcurrieron los días, semanas y meses, hasta que la noche del 31 de octubre de 2023 la oposición autoconvocó para presionar a la Junta Directiva del Congreso y que sesionara, de esa forma elegir a los nuevos fiscales.

La convocatoria, manchada por ataques violentos de simpatizantes de Libre, terminó en la conformación de la Comisión Permanente para la elección del fiscal general y adjunto, pero de forma interina. Eso anunció Redondo en conferencia de prensa.

En el listado aparecía el mismo presidente del hemiciclo liderando la Comisión, así como Carlos Armando Zelaya Rosales (primer Secretario), Hugo Rolando Noé Pino (vicepresidente), Luz Angelica Smith Mejía (miembro), Silvia Bessy Ayala Figueroa (miembro), Edgardo Antonio Casaña Mejía (miembro), Kritza Jerlin Pérez Gallegos (miembro), Rasel Antonio Tome Flores (miembro) y Josué Fabricio Carbajal Sandoval (miembro).

Todos fueron convocados a reunión al mediodía de este miércoles, cuando de manera sorpresiva votaron e impusieron de forma unánime a Johel Zelaya como el nuevo fiscal general interno, mientras que Mario Morazán fue elegido como fiscal adjunto.

“La Comisión Permanente de este Congreso Nacional, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la República, debe resolver y elegir a las autoridades interinas del Ministerio Público”, leyó Redondo durante la lectura del acta.

Minutos después, ambos fueron juramentados en el cargo, acción que la oposición y sociedad civil condenaron de forma enérgica, afirmando que no se estaba respetando la Constitución de Honduras.

Incluso, el Ministerio Público consideró aplicar juicio político en contra Redondo.

El 15 de agosto de 2023, el abogado Pedro Antonio Bustillo Roque presentó tres denuncias formales ante el Ministerio Público, contra el nuevo fiscal general por cometer delitos de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y perjurio.

Bustillo denunció que Zelaya participó en 2021 como precandidato a alcalde por el movimiento “Recuperar Honduras”, mientras que en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año se postuló como candidato a regidor por el Partido Liberal, por lo que violentó la norma establecida en el artículo 42, numeral 13, inciso a), del reglamento de la Junta Proponente, de “no tener o haber tenido, en los últimos tres años, alguna afiliación política activa”.

El demandante citó la Declaración de Elecciones publicada por el Consejo Nacional Electoral en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de diciembre de 2021, en la que se establece que Zelaya fue electo como regidor 4 en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, a través del partido Liberal.

Esto significa que se postuló a un cargo en menos de dos años, contrario a lo que dice la ley. Según Bustillo, si la Junta Proponente hubiese tenido esta información previo a enviar el listado al Congreso, probablemente no se hubiera incluido en el proceso.

Entre las denuncias, Bustillo también pidió que se investigara el parentesco de Zelaya con la ministra de Finanzas y exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada.

Asimismo, de la estrecha amistad con el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien lo nombró asesor de la estatal, pues dijo que Johel Zelaya “ha recibido tratos privilegiados”.