El Salvador tiene “coordinación y cooperación” con Honduras para capturar pandilleros
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, atendió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus para abordar consultas orientadas a las estrategias de seguridad implementadas en el vecino país.
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador conversó ampliamente con la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus sobre los centros penitenciarios, régimen de excepción y Derechos Humanos
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Mientras realizaba una visita en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (Cubo), en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus abordó a Félix Ulloa, vicepresidente El Salvador sobre temas orientados a la estrategia de seguridad que implementan en el vecino país. A continuación sus valoraciones.
Ya pasaron 13 meses desde que comenzó el estado de excepción en El Salvador, ¿cómo avanza este proceso?
Los hechos hablan por sí solos. Cuando las pandillas hicieron esa agresión brutal, un fin de semana en el mes de marzo del año pasado y asesinaron más de 80 personas, la reacción del gobierno no fue de debilidad para entrar en una negociación a base de presión como pretendían, nuestra respuesta fue que nuestras fuerzas del orden ya estaban suficientemente equipadas y entrenadas para declararles la guerra y esa guerra que declaramos la estamos capitalizando con más de 300 días de cero homicidios, la recuperación de las comunidades donde volvió la paz y la armonía, ejemplo aquí donde estamos, dos comunidades donde los jóvenes no podían comunicarse porque había una especie de frontera invisible impuesta por los criminales.
El periodo de excepción surgió como algo temporal, ¿cuánto tiempo más es necesario, o se quedará permanente?
No, no puede ser permanente porque por eso es de excepción. Lo que vamos hacer es que lo estaremos prologando todas las veces que sea necesario y eso no lo determina el presidente, sino el Congreso Nacional con una mayoría súper calificada y un estudio amplio para que se suspendan las garantías constitucionales. En este caso el régimen de excepción solo afecta dos garantías y no son de carácter público, nunca se ha prohibido la libertad de movilización, expresión, que son garantías individuales de carácter judicial; como el caso de la defensa y que la persona puede estar detenida por 15 días, la Constitución dice que son tres días; la segunda es la privacidad de las comunicaciones, la policía puede tomar tu teléfono o computadora para seguir el trazo de las acciones criminales.
¿Cómo manejar una operación de esta magnitud donde han arrestado a más de 65 mil personas sin cometer errores?
Son más de 67 mil los que se han capturado durante este periodo de régimen de excepción, de los cuales ya salieron más de cuatro mil personas en libertad porque pudieron comprobar que no tenían una vinculación directa o indirecta con las pandillas, sino que habían sido capturadas por alguna denuncia o encontrarse a la hora equivocada en el lugar equivocado; esos casos son las excepciones no llegan al 10% del margen de error que se han cometido, si hemos liberado 4,000 de más de 67 mil quiere decir que más del 95% están a la orden de los jueces porque se les ha comprobado su responsabilidad y vinculación con las estructuras criminales, por lo tanto este proceso se va continuar extendiendo.
A nivel internacional existen cuestionamientos sobre el trato que se le brinda a los reos, ¿qué opinión le merece?
Lo tomamos de donde viene porque primero sabemos que las personas que critican son personas que no conocen la realidad de El Salvador, nunca han venido acá, un medio francés dijo que había maltrato a los reos y que uno se había deslizado y caído cuando era llevado en un bus, ese reo cuando lo reconocieron, tenía mas de 10 asesinatos. Entonces cómo puede haber proporcionalidad en el trato que se le da a una persona, capturada y sometida al debido proceso para pagarle a la sociedad por sus crímenes con violaciones a los derechos humanos que si vivió nuestro pueblo, porque solo en la última década hubieron más de 41 mil asesinados, esas victimas, madres, viudas, huérfanas, ¿donde están los derechos humanos?, porque nunca alzaron la voz, entendemos que para muchos de ellos tener paz y armonía no es negocio por eso se han ido a otros países donde hay violencia porque para ellos es negocio, estar reportando la sala negra, noticia roja porque de eso viven.
Honduras actualmente enfrenta conflictos en centros penales, ¿cómo lograron controlar sus cárceles?
Justamente esa fue una de las acciones del Plan Control Territorial, recuperar el control del Estado en los centros penitenciarios, porque eran los jefes de las pandillas los que manejaban los penales y había complicidad de la autoridad penitenciaria, o era porque los tenían sobornados o por temor, el caso que la actividad penitenciaria estaba subordinada al poder de los líderes pandilleriles. Ahora con este plan, primero reforzar la autoridad penitenciaria y en segundo eliminar todos los mecanismos por los que los líderes de las pandillas ejercían su control y era porque tenían teléfonos celulares, mecanismos para girar órdenes al exterior con estructuras internas. Todo se desarticuló, se cortaron las señales para evitar las órdenes desde adentro y con esas medidas ahora están desarticulados y el control de los penales lo tiene el Estado.
¿Se acercó el gobierno de Honduras para pedirles asesorías?
Tengo entendido que hay que conversaciones, incluso hemos tenido muy buena colaboración entre las corporaciones policiales que nos han ayudado a capturar algunos de los delincuentes que cuando comenzaron el plan huyeron a Honduras o Guatemala, pero sí hay coordinación y cooperación.
¿Qué hacen en el tema de reinserción, incluye a pandilleros?
Con los pandilleros condenados el régimen de reinserción pasa por la habilitación dentro de los penales, ellos ahí reciben talleres, educación, y en Cecot ahí sí vamos a tener una mayor capacidad de territorio, son mas de 200 manzanas para que ellos puedan trabajar en su propia manutención; las condenas ahora son de 20 años, como mínimo por pertenecer a la pandilla, antes a los tres años salían.