TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De forma arbitraria y coartando la libertad de prensa, la comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, ordenó este martes expulsar a todos los medios de comunicación que se encontraban dando cobertura en el lugar.
En la institución se realiza por parte de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) una inspección y el decomiso de documentos para indagar el uso de fondos de la Tasa de Seguridad en las administraciones anteriores, situación a la que daban cobertura distintos medios antes de ser violentados.
“Nos sacaron del 911, pero primeros nos fotografiaron”, denunció uno de los fotorreporteros de EL HERALDO, quien junto a otros periodistas y colegas fotógrafos fueron obligados a abandonar esas oficinas.
Desde la oficina de la comisionada del 911 salió la orden para que algunos oficiales de policía que se encontraban custodiando la instalación procedieran a retirarlos, sin darles una explicación del por qué.
Adicionalmente, fueron fotografiados por una persona de la institución mientras eran obligados a salir.
Acciones
Agentes de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha emprendido una serie de acciones de decomiso de información e inspecciones en el Sistema Nacional de Emergencia 911, como parte de una investigación minuciosa sobre los fondos provenientes del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
El decomiso de documentos se hace en los departamentos de la Secretaría General, Auditoría, Almacén, entre otros, y busca esclarecer detalles en torno a contratos que podrían estar vinculados a actividades fraudulentas.
Específicamente, el enfoque se centra en los pagos relacionados con contratos suscritos con la empresa Dynamics Corporation.
El proyecto “Ciudad Segura” buscaba la implementación y mantenimiento de una plataforma tecnológica integral en los municipios del Distrito Central, Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Gracias y Santa Rosa de Copán.
Los contratos representaron una inversión total aproximada de 250 millones de dólares durante el período de 2015 al 2022.
Unos contratos los firmó el titular de la Secretaría de Seguridad y otros el titular del Sistema de Emergencia 911.
La investigación busca determinar si los procedimientos y la selección de la empresa fue el adecuado, así como si existió alguna irregularidad en términos de los pagos y el manejo de dicho sistema.
