TEGUCIGALPA, HONURAS.- Aquellos errores y vicios que tanto condenaron y se opusieron en dos períodos en el que el
Partido Nacional tuvo el total control del Congreso Nacional se han visto en apenas tres sesiones conducidas por la junta directiva de una facción de diputados que eligió sin respaldo jurídico al ingeniero
Luis Redondo.
La impuntualidad, votaciones de decretos sin utilizar el sistema electrónico del hemiciclo ni divulgar sus resultados, y sesionando hasta altas horas de la noche, han sido parte de la actividad legislativa de este grupo de congresistas compuesto por 52 propietarios, sus suplentes y de quienes se hicieron a un lado de los disidentes de Libertad y Refundación (Libre).
Las buenas intenciones y promesas del Poder Ejecutivo traducidas por medio de los decretos para reducir 10.13 lempiras por galón a las gasolinas y subsidiar a los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que tengan un consumo menor o igual a 150 kilovatios horas se han visto opacadas por otras prácticas que lindan con ilegalidades, así como la promoción de la impunidad, a criterio de analistas consultados por EL HERALDO.
La aprobación de una iniciativa en la que se incorporó una amnistía para los “presos políticos y presos de conciencia”, catalogada como un nuevo pacto de impunidad por incluir delitos comunes que no están relacionados con asuntos de esa índole, hasta la arbitraria y extemporánea designación del procurador como también subprocurador de la República tienen en el centro de la polémica al CN de Redondo, que prometió marcar la diferencia con sus actos.
El partido de la estrella solitaria y sus congresistas han sacado provecho de la situación al igual que de la división a lo interno de Libre, cuestionando en redes sociales estas acciones, pero ignoran por conveniencia propia que muchos de ellos (junto al oficialismo del Partido Liberal) fueron partícipes de hechos similares que han venido socavando la lucha contra la corrupción y el debilitamiento institucional del país.
La impuntualidad, votaciones de decretos sin utilizar el sistema electrónico del hemiciclo ni divulgar sus resultados, y sesionando hasta altas horas de la noche, han sido parte de la actividad legislativa de este grupo de congresistas compuesto por 52 propietarios, sus suplentes y de quienes se hicieron a un lado de los disidentes de Libertad y Refundación (Libre).
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Opacadas
Si bien, se le ha concedido la palabra a todo legislador que la ha solicitado sin restricción y se procura comprobar el quórum llamando por nombre y apellido a cada uno de los parlamentarios, todavía este CN no cuenta con la participación de la bancada cachureca (a excepción de Rolando Barahona) ni la mayoría de diputados del Partido Liberal, quienes decidieron respaldar a la directiva encabezada por Jorge Cálix.Las buenas intenciones y promesas del Poder Ejecutivo traducidas por medio de los decretos para reducir 10.13 lempiras por galón a las gasolinas y subsidiar a los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que tengan un consumo menor o igual a 150 kilovatios horas se han visto opacadas por otras prácticas que lindan con ilegalidades, así como la promoción de la impunidad, a criterio de analistas consultados por EL HERALDO.
La aprobación de una iniciativa en la que se incorporó una amnistía para los “presos políticos y presos de conciencia”, catalogada como un nuevo pacto de impunidad por incluir delitos comunes que no están relacionados con asuntos de esa índole, hasta la arbitraria y extemporánea designación del procurador como también subprocurador de la República tienen en el centro de la polémica al CN de Redondo, que prometió marcar la diferencia con sus actos.
El partido de la estrella solitaria y sus congresistas han sacado provecho de la situación al igual que de la división a lo interno de Libre, cuestionando en redes sociales estas acciones, pero ignoran por conveniencia propia que muchos de ellos (junto al oficialismo del Partido Liberal) fueron partícipes de hechos similares que han venido socavando la lucha contra la corrupción y el debilitamiento institucional del país.
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