Diputados de diferentes bancadas han descartado que el Congreso Nacional abra un juicio político contra altos funcionarios del Estado.
Esto lo han expresado a pocas horas de conocer las dos solicitudes que hay para abrir juicio político, una contra el fiscal general y el fiscal adjunto y la otra contra los miembros del Concejo de la Judicatura. Las denuncias fueron entregadas hace un mes a la secretaría adjunta del Congreso, pero será hasta hoy miércoles que serán del conocimiento del pleno.
Según el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, el secretario podría dar lectura a la correspondencia, dando por recibidas tales solicitudes. Le ley dice que el Congreso tiene cinco días hábiles para admitir o rechazar la petición y para tal efecto nombra una comisión de nueve diputados para que analicen si la solicitud reúne los requisitos de ley.
En ese sentido, el diputado Rivera Callejas considera que la respuesta no será posible en las sesiones de Gracias, que solo son dos días, de manera que los tres días restantes se completarán sesionando en la capital de la República. Rivera dijo que para admitir o no este tipo de solicitudes, en este caso que se trata de funcionarios del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial, se requiere el voto de las dos terceras parte de la totalidad de los miembros del pleno, es decir, 86 diputados que difícilmente se lograrían estando en contra la bancada del partido Nacional.
Amplió que en caso de ser admitido, la comisión de nueve diputados de todas las bancadas comenzarán la investigación, la cual determinará los extremos de la misma.
Citó que si el denunciado es inocente continuará en el desempeño de su cargo, si resulta culpable, la mayoría calificada decidirá su destitución. Si la responsabilidad es penal o administrativa, el juicio corresponderá otras instancias, recalcó Rivera Callejas. Por su lado, el diputado Renán Inestroza reiteró que la propia Ley del Juicio Político establece un plazo máximo de cinco días, los que se estarían cumpliendo el miércoles 22 de julio.
Solo a Cuéllar
En tanto, el diputado de Libre, Edgardo Castro, descartó que este proceso de juicio político se lleve a cabo.
Castro más bien recomendó destituir al fiscal adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuéllar, por una denuncia que hay en su contra.
“No puedo acusar al fiscal general, pero sí al adjunto ya que los propios fiscales nos lo dijeron. Él tiene cola que le pisen porque recibió 250 mil dólares”, acusó Castro en sus declaraciones textuales.
Reconoció que ni aunque toda la oposición vote a favor del juicio político (80 votos) se logra el número requerido que son 86, por lo que llamó a no seguir insistiendo en esa posibilidad.
El diputado Castro tampoco mira viable la aplicación del juicio político para el presidente Juan Orlando Hernández, como dijo que lo iba a proponer el jefe de su bancada Manuel Zelaya Rosales.
Plebiscito
“Yo propongo que empecemos a recoger firmas en todo el país para que se practique el plebiscito y el referéndum dentro de nuestro país, que se vote por el sí o por el no sobre la destitución del presidente”, manifestó.
Asimismo, el parlamentario de Libre demandó que la vicepresidente del Congreso, Lena Gutiérrez, debe renunciar por los casos de corrupción que se denuncian en su contra. “A Lena Gutiérrez a estas alturas ya debieron haberle suspendido el salario y suspendido como diputada”, aseveró.
Calificó a la bancada independiente (diputados trásfugas de otros partidos) como una representación del Partido Nacional, que le hace los mandados en el Poder Legislativo.
Por su parte, el diputado de Libre, Rasel Tomé, anuncio que introducirá un exhorto al CN para que el poder Ejecutivo solicite a la ONU la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI).
Tomé justificó que en Honduras “hay un estado de miedo y de concentración de poderes que impide que se administre justicia y se investiguen los actos de corrupción”.
