TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo en contra del proyecto que pretende construir una cárcel en Islas del Cisne.
El abogado José Antonio Ávila, denunció que la insistencia de ejecutar el megaproyecto se debe a que hay intereses personales de funcionarios, los cuales no brindó el nombre.
“Ahí están involucrados altos funcionarios que tienen el único propósito de continuar enriqueciéndose. Lástima que estas personas jamás han pensado en el país ni en la patria, solamente piensan en sus bienes personales”, reprochó.
De igual forma, afirmó tener confianza en que la Sala de lo Constitucional de la CSJ declarará con lugar el recurso interpuesto.
La penitenciaría que pretende albergar a unos 2,000 reos como parte de las estrategias de seguridad tomadas a raíz de la masacre en la Penitenciaría Femenina de Asistencia Social (PNFAS), tendría un costo aproximado de 80 millones de dólares, los cuales se traducen en más de 1,900 millones de lempiras.
Según detalló la semana pasada el coronel de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, el recinto carcelario estaría listo en 2025.
Aunque el proyecto ya cuenta con la aprobación de la licencia ambiental de la primera fase de la construcción, diversos sectores desde políticos, gremios, organizaciones no gubernamentales y comunidades misquitas se han pronunciado en contra de la megaobra.
Estos sectores han demostrado su preocupación por la destrucción de la naturaleza que provocaría la edificación de un centro penitenciario.
