TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El trabajo de la Junta Proponente llegó a su fin ayer al entregar al Congreso Nacional (CN) la lista final de cinco candidatos que buscan convertirse en fiscal general y fiscal general adjunto del Estado.
Después de dos meses de labores, desde el 31 de mayo que se dio la primera reunión de los proponentes, finalmente el ente colegiado seleccionó a los cinco profesionales del derecho para que ahora sean sometidos a votación en la cámara legislativa.
Los cinco abogados que obtuvieron las mejores puntuaciones son: Jenny Gabriela Almendares Flores (95.55%), Mario Alexis Morazán Aguilera (87.98%), Marcio Cabañas Cadillo (84.36%), Johel Antonio Zelaya Álvarez (80.94%) y Pablo Emilio Reyes Theodore (75.26%).
Estos fueron seleccionados de la nómina final de 13 aspirantes que lograron superar las etapas iniciales de los exámenes psicométricos, toxicológicos y patrimoniales, hasta llegar a las audiencias públicas en las que los miembros de la Junta les realizaron preguntas atinentes con el ejercicio de su carrera.
En manos del Congreso Nacional
A eso de la 1:00 de la tarde, todos los siete integrantes de la Junta Proponente hicieron la entrega formal del informe de lo actuado durante el proceso de evaluación que finalizó con la selección de los cinco candidatos.
La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, quien presidió la Junta Proponente, entregó a la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angelica Smith Mejía, la lista de los cinco abogados junto con el informe del trabajo realizado en dos meses de vigencia.
El Congreso Nacional, si lo decidiese, podría elegir desde ya quienes son los dos abogados que ostentarán los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, sin embargo, todavía no hay un consenso claro entre las fuerzas políticas en el Poder Legislativo.
Para poder elegir a ambos funcionarios es necesario el voto de la mayoría calificada del total de los diputados del Congreso, o sea, 86 firmas.
Para lograr la hazaña de reunir los 86 votos mínimos que hacen la mayoría calificada será necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo, de lo contrario no habrá elección de fiscales.
El Congreso está compuesto por 50 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), 43 del Partido Nacional (PN), 22 del Partido Liberal (PL), diez del Partido Salvador de Honduras (PSH), uno del Partido Demócrata Cristiano (DC), uno del Partido Anticorrupción (PAC) y uno independiente, disidente del PN.
Con esta conformación de fuerzas, ninguno tiene la palabra para decidir políticamente quienes serán los elegidos; obligatoriamente deberán de unirse mínimo dos partidos, en una de las opciones, o tres en otra segunda fórmula para alcanzar los votos necesarios.
Este poder del Estado tiene hasta el 31 de agosto del presente año para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto.
¿Podrán seguir los actuales?
El artículo 23 de la Ley del Ministerio Público señala que el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo período.
Sin embargo, esta norma no deja claro si pueden seguir en funciones en el caso de que, al llegar el tiempo de cesar en sus cargos, el Congreso no haya podido elegir a sus sustitutos.
No así el Código Penal vigente; este establece en el artículo 500, párrafo cuarto, que el funcionario o empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años y una multa de 100 a 300 días.
Pero este mismo precepto indica que será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cinco a diez años y multa de 100 a trescientos 300 días, quien continúa desempeñando cargo o empleo público en el que hubiere debido cesar de acuerdo con la ley, creándose una aparente contrariedad.
Satisfechos por su trabajo
“Sinceramente expresamos nuestra satisfacción, sentimos que le hemos cumplido al país, se rompieron paradigmas; se observa en el listado cinco personas que de acuerdo a las matrices de evaluación y en el consolidado de todos los miembros, son las personas favorecidas”, expresó Odir Fernández, miembro de la Junta Proponente, al dar a conocer a los elegidos.
El representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), detalló que “se valoró completamente la matriz de evaluación, integridad, ética, técnica y experiencia profesional y personal, fueron los elementos objetos de esta evaluación”.
La entrevista fue el filtro que más puntos representó para cada candidato, con 20 puntos de calificación. Los demás 80 puntos de la matriz de evaluación fueron estrictamente curriculares y las hojas de vida fueron vitales para el otorgamiento de los puntos.
En el caso de la paridad de género, que el reglamento de selección establecía que debía de haber paridad, no pudo cumplirse por que una de las damas que quedó en la lista final no tenía las competencias requeridas.
“Si bien es cierto el reglamento establece al menos dos mujeres, hoy la Junta Proponente, evaluó mucho más la meritocracia, la idoneidad y el perfil de los profesionales que nosotros encontramos. De nada sirve que nosotros tengamos dos mujeres cuando una de ellas no superó las evaluaciones como realmente se esperaba, creo que esto es parte de la justicia que debió imperar dentro de los criterios de evaluación”, señaló Fernández.
