TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La principal fuerza del órgano unicameral, que la constituye Libertad y Refundación (Libre), no respaldó este jueves la solicitud de juicio político contra los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé, ambos señalados en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les niega la entrada a EE UU y no pueden obtener visados para viajar a ese país.
Este mediodía se reanudó la sesión en el Congreso Nacional y se sometió a votación la petición de realizar juicio político, sin embargo, no se lograron los 86 votos requeridos para darle trámite.
La iniciativa únicamente fue apoyada por las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, pero pese a la votación ambas instituciones políticas no lograron la mayoría calificada necesaria.
La sesión extraordinaria arrancó a las 12:30 del mediodía y de inmediato se sometió a votación la solicitud de la diputada del PAC Karen Martínez.
Reacciones
“No podemos tener en la junta directiva dos personas que han sido señaladas por los delitos de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos, lo que nosotros queríamos es que salgan de la directiva, pero que también los tribunales de la República dijeran que si ellos había perdido su condición de diputados, eso demuestra que no hay coraje, no hay valor y que no hay voluntad política de adentrar en los temas que afectan al partido de gobierno”, enfatizó Mauricio Villeda luego de la votación de la iniciativa.
Villeda agregó que “el gobierno se tomó esta acusación de una manera personal y la Lista Engel en ningún momento mencionó al gobierno de la República, si no a personas que se han visto involucradas de manera personal, no quisieron dar la palabra hoy, no lo quiso hacer me da lastima. Hoy (Luis Redondo) ni siquiera tuvo el coraje de voltearse y verme, el estaba de espaldas, es una lástima yo lo conocí y creo que la actitud de él fue diferente a lo que él era antes”.
Luego de la votación el diputado Mauricio Villeda permaneció media hora de pie en exigencia de la palabra para presentar una moción encaminada a separar de la junta directiva a ambos parlamentarios, no obstante, la bancada del PN hizo sonar nuevamente sus silbatos ante la negativa de Luis Redondo de otorgar la palabra.
Por su parte el jefe de bancada del PN, Tomás Zambrano, reaccionó molesto ante la negativa, debido a que no se otorgó la palabra a ninguna bancada para sentar su posición.
“Queríamos dejar fijada nuestra posición como partido, pero no nos dieron la palabra los que en el pasado pedían juicio político. Dejan demostrado que tienen doble discurso. Se han hecho de la vista gorda hoy que les señalan a sus compañeros”, expresó Tomás Zambrano tras la no admisión de juicio político a los dos miembros de Libre.
¿Cómo surgió la petición?
El pasado 26 de julio, la única diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Karen Martínez, presentó un proyecto ante la Secretaría del Congreso Nacional exigiendo juicio político contra dos diputados mencionados en la polémica Lista Engel difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 20 de julio.
“No podemos seguir permitiendo que a pesar de tener a una junta directiva defacta también tengamos a dos personas que están siendo nombradas por la Lista Engel, una lista que no ha sido inventada como muchos dijeron. Una lista en donde deben salir todos los corruptos, una lista que en aquel momento ellos se atrevieron a señalar y ahora son parte de esos corruptos”, dijo ante la cámara de EL HERALDO, mientras sostenía una pancarta.
“Pido juicio político contra el señor Rasel Tomé y el señor (Edgardo) Casaña, dos diputados, exigimos que por favor abandonen ese puesto, porque entorpecen la legitimidad de todo un pueblo hondureño”, agregó.
Este día, que su solicitud fue rechazada criticó duramente al presidente del CN, Luis Redondo.
“El daño no es ni para el PAC ni para mí, el daño es para el pueblo. El señor Luis Redondo tanto que habla de ser una persona honorable, no le da vergüenza estar en esa silla y darle la espalda al pueblo”, dijo Martínez ante los medios de comunicación.
A continuación la lista completa:
Lista ‘Engel’
1. Harvis Edulfo Herrera Carballo. Gerente General del Palacio Presidencial. de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó en la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.
2. Elmer Jeovanny Ordónez Espinal. Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 de Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
3. Rasel Antonio Tomé Flores. Vicepresidente del Congreso, participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327.000 en fondos públicos.
4. Claudia Yamilia Noriega González. Coordinadora de Proyectos de la “Tarjeta Catracha”, programa de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.
5. David Eduardo Ortiz Handal (Hawit). Gerente de Finanzas del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió los ingresos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 de Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
6. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre. Gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó al malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.
7. Enrique Alberto Flores Lanza. Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009. Involucrado en una corrupción significativa al recibir $ 2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente a aliados políticos.
8. Juan Ramón Maradiaga. Gerente General del Banco Nacional de Agricultura Desarrollo (BANADESA) de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 de Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
9. Edgardo Antonio Casaña Mejía. Actual congresista, se dedicó a corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político.
10. Roberto David Castillo Mejía. Miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Hondureña (ENEE) de 2006 a 2009, involucrado en corrupción relacionada con contratos gubernamentales cuando usó su cargo en el Ejecutivo de la ENEE Comité para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a un empresa en la que tenía un interés económico.
11. Carlos Josué Romero Puerto. Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, producto de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
12. Carlos Josué Montes Rodríguez. Secretario del Trabajo de 2006 a 2009, comprometido en corrupción significativa al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
13. Gonzalo Molina Solórzano. Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó en la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
14. Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares. Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, se involucró en una corrupción significativa cuando usó su posición como Director de la Policía Nacional para facilitar movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
15. Javier Rodolfo Pastor Vásquez. Ministro de Salud de 2006 a 2009, se comprometió en corrupción significativa al aceptar $ 235,000 en sobornos para interferir en procedimientos de contratación pública.
