Honduras

Congreso Nacional no dará marcha atrás a cambios de penas en el Código Penal

Miembros de la junta directiva descartaron que se vayan a modificar las sanciones aprobadas

15.08.2017

Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional no dará marcha atrás a la modificación de penas que sufrieron las variantes del delito de malversación en el nuevo Código Penal.

Pese a la polémica que ha generado, no se rectificarán las sanciones que fueron aprobadas durante el tercer y último debate del título vigésimo sexto de esta normativa que contempla los delitos contra la administración pública.

Una vez que esas disposiciones salgan publicadas en el diario oficial La Gaceta, los congresistas de los partidos de oposición deberán de presentar las acciones legales pertinentes, ya que no habrá fe de erratas como en otras ocasiones.

El prosecretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró a EL HERALDO que “está claro (que) no se han rebajado las penas; no se harán cambios porque todo se aprobó en el pleno -de diputados”.

Al compararse las penas entre lo admitido mediante la reconsideración con lo estipulado en el Código Penal vigente, estas se incrementan, no así respecto a lo discutido durante la sesión del pasado 2 de agosto, donde se acordó que el castigo para los artículos 475, 476 y 478 sería de cinco a siete años y no de cuatro a seis años, como quedó al final.

+¿Bajaron o aumentaron las penas en el Código Penal?

Pena máxima

“Si hubo reconsideración, nunca tocó la pena máxima de doce años, esa queda fija, solo tocó la pena mínima en los delitos menos graves cuando los casos no pasan de 100 mil lempiras y la tocó en dos años en los casos de bagatela”, explicó el titular de la comisión de dictamen de este instrumento jurídico, Mario Pérez, en el foro televisivo de Frente a Frente.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó ante esta situación a la que catalogó como una crónica de una impunidad anunciada.

A través de un comunicado instó a los parlamentarios para que eviten acciones político-partidarias en la graduación de las penas a aplicar a los delitos contra el patrimonio público.