El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció este martes que interpondrá una denuncia en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de prevaricato.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, junto a Odir Fernández, vocero de la Unidad de Análisis y Seguimiento, y el padre German Cálix, de Cáritas Honduras, comparecieron esta mañana junto a representantes de varias organizaciones civiles, para oficializar la razón de su denuncia.
De acuerdo con Odir Fernández, la denuncia obedece al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el acuerdo que dio origen a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), pero que limitó las funciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
'Es una aberración jurídica, alejada de todas las normas que establece la ley sobre justicia constitucional y es precisamente que el CNA a través de un análisis estrictamente jurídico ha determinado denunciar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por los delitos de prevaricato, en vista que la resolución fue dictada de manera injusta y malintencionada a efecto de limitar el accionar del Ministerio Público con la creación de la Ufecic', detalló Fernández.
Prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. |
Por su parte, Gabriela Castellanos aseguró que cuentan con el apoyo de varias organizaciones.
'Tenemos el acompañamiento de 11 organizaciones porque queremos dar un mensaje claro, de alto a la impunidad', expresó la titular del CNA.
'La Sala de lo Constitucional extra limitándose de su función es fallo declarar la constitucionalidad del decreto legislativo número 3-2016 mediante el cual se crea el convenio para el establecimiento de la Maccih, siendo esta decisión de los magistrados una aberración jurídica debido a que estos desconocieron de manera tajante la presunción de constitucionalidad bajo la cual goza en las normas del derecho interno. De igual modo los togados decidieron resolver lo que nunca le fue solicitado en acción de inconstitucionalidad', indica un comunicado de prensa del Consejo Anticorrupción.
'La reacción va a hacer pensar a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia para que se den cuenta que no pueden actuar con impunidad sino que tienen que apegarse a la ley', dijo el padre German Cálix, de Cáritas Honduras.
Ministerio Público
El Ministerio Público reafirmó el que el fallo de la Sala Constitucional que cuestiona la constitucionalidad de la creación de la Ufecic “carece de la congruencia indispensable” y defiende su actuación en el marco de la ley.
En un extenso documento, la Fiscalía desglosa punto por punto los aspectos que la sentencia de la Sala Constitucional contempla, sobre todo, aquellos que pone en entredicho la legalidad del Ministerio Público.
En uno de los considerandos del fallo, la Sala Constitucional pide al Ministerio Público adecuar el convenio de creación de la Ufecic suscrito entre el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
El análisis y posición del Ministerio Público es que este convenio está enmarcado en la Constitución, lo que abre el camino para una confrontación entre la Fiscalía y la Sala Constitucional.
La fiscalía cuestiona que la Sala Constitucional hizo caso omiso a la propia Constitución de la República y a la Ley del Ministerio Público que le da independencia funcional y autonomía.
VEA: El documento oficial del Ministerio Público
